No se recuerda un proceso de nombramiento de magistrados que levantara tanta polvareda; tal vez porque nunca habían sido tantos en un solo proceso o porque había una aceptación tácita de que se trataba de una prerrogativa del gobernador en turno. Lo cierto es que después de este lunes, todo apunta a que la sesión extraordinaria del próximo viernes podría ser una verdadera cena de negros.

Es muy posible -como sucedió con la designación de la nueva titular del Orfis- que el Congreso logre consenso a partir del reparto de las posiciones, como han venido acusando jueces y abogados con trayectoria en el Poder Judicial. Sin embargo, los abogados no se quedarán tan conformes como sí lo hicieron los contadores públicos que participaron en el proceso de selección del Auditor Superior.

La otra posibilidad –semejante más una utopía– es que la presión ejercida por los abogados rinda frutos y se tomen en cuenta las trayectorias, los perfiles y las capacidades para definir a los nuevos magistrados. En todo caso, es más fácil lidiar con abogados inconformes, muchos de ellos promovidos desde el propio Tribunal, que con partidos políticos que negarían sus votos para alcanzar la nominación.

Por eso es que el gobernador Cuitláhuac García no miente cuando dice que está “atado de manos” por los partidos políticos para proponer a los candidatos que integrarán las 13 magistraturas vacantes del Poder Judicial. La confesión la hizo en mayo pasado a un grupo de abogados de Coatzacoalcos, entre ellos uno de los aspirantes, el juez Javier Castellanos Chargoy.

Los abogados, entonces como ahora, han pedido respeto a la carrera judicial para hacer sus propuestas. «El Gobernador desafortunadamente no entendió el mensaje; debo comentar que yo me entrevisté con él y no le pedí una magistratura, le dije simplemente que analizara mi currículo y si yo reunía el perfil que me designara», relata Castellanos, quien desde ese momento quedó descartado, no por un acto de revancha sino por la propia excusa del mandatario.

Tal vez por ello, la posición del Presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, es aparentemente más conciliadora, sabedor que los acuerdos con los partidos políticos no serán públicos hasta que los nombramientos estén hechos.

El pastor morenista dijo el viernes pasado que los nombramientos de magistrados que hacen falta al Poder Judicial de Veracruz de ninguna manera se encuentran a expensas de favores políticos y lo que se va a privilegiar es la carrera judicial de los aspirantes, pero aclaró que será justamente la decisión de todos los legisladores la que se respete. “Se hará en consenso correspondiente, respetando la opinión de los 50 diputados del Congreso de Veracruz”.

Sobra decir que si hay consenso entre los partidos políticos, lo que menos se respetará es la carrera judicial de los aspirantes sino el reparto de cuotas entre las distintas fuerzas políticas. No es difícil suponer que frente a la mano alzada de la mayoría de los diputados, la respuesta será el repudio de los abogados en la galería.

Pero las aguas no están mansas, ni mucho menos. Este fin de semana se dio a conocer una carta enviada a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el que un total 20 jueces y ex jueces de Veracruz acusan al Gobernador y a los partidos políticos de repartirse las 13 magistraturas vacantes en el Poder Judicial.

En el documento señalan que a siete meses de la jubilación masiva de magistrados por una reforma a la Constitución del Estado, los partidos políticos en compañía de los integrantes de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, “pretenden repartirse las magistraturas”, por lo que pidieron la intervención de la funcionaria para reunirse con el mandatario estatal. Pero el tiempo se agota y la lista definitiva ya está en los escritorios de quienes toman las decisiones en el Congreso.

Y mientras el proceso para nombrar a los magistrados está que arde, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia ni suda ni se acongoja. Su suerte no está atada a la designación de los nuevos magistrados, luego de que ha movido las piezas de ajedrez para que no haya espacio relevante para los nóveles togados.

Incluso, este lunes se dio el lujo de tomar el capote y decir que sería conveniente que en las propuestas de magistrados fueran incluidos no sólo jueces sino también académicos, postulantes de Derecho y servidores públicos con conocimiento y preparación en la materia, pues esto garantizaría que el Poder Judicial evolucione permanentemente y se genere un Poder Judicial plural y autónomo, porque “no estar en la burocracia judicial no implica, no conocer el Derecho ni tener criterio de justicia”. El que entendió, entendió.

Las del estribo…

  1. Esta mañana, durante la sesión de la Cámara de Diputados en San Lázaro, Héctor Yunes Landa presentará un punto de acuerdo sobre la emergencia sanitaria que vive Veracruz a causa de la epidemia de dengue. No será el primero, ya el gobierno federal dio a conocer el desastre que estamos viviendo a causa de la arrogancia y la negligencia.
  2. Ni en el más osado de sus desvaríos, a Javier Duarte se le hubiera ocurrido echarle la culpa a los ciudadanos de la epidemia de dengue que vivimos; habría sido un escándalo nacional. Pero en la 4T lo que se aplaude es la ocurrencia; que el Gobernador acuse que la gente no hizo caso a las recomendaciones de la autoridad y por eso se contagió de dengue es verdaderamente kafkiano.