Diputado del PRI, PAN y Morena coincidieron en la necesidad de desaparecer a la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) o buscar que los fondos que se destinan a dicho órgano autónomo se integren en un fideicomiso para resolver necesidades de los comunicadores. Acción Nacional alertó que el tema se pueda usar como botín político.

En la comparecencia de la titular de la CEAPP, Ana Laura Pérez Mendoza, se habló del trabajo de gestoría que ha realizado en los últimos años; algunas irregularidades de parte del comisionado Pedro Díaz, a quien dijo no pueden sancionar; y responsabilizó al gobierno de no brindar medidas de protección en favor José Celestino Ruíz Vázquez, quien fue asesinado.

En su presentación ante no más de una decena de diputados, la también comunicadora se quejó del bajo salario que perciben los comisionados y consideró insuficiente el presupuesto de 20 millones de pesos que se les ha otorgado en los últimos dos años.

Ese hecho fue criticado por algunos legisladores que observaron que el salario promedio de los trabajadores de los medios de comunicación es menor a 3 mil pesos quincenales; la comisionada responsabilizó al IMSS de no supervisar que los empleadores garanticen prestaciones a sus empleados.

Y arremetió contra el Congreso local que votó una ley de medios que obliga a integrar un padrón de medios, que limitó a muchas empresas a obtener financiamiento público.

Durante las dos horas de comparecencia, fueron evidentes las diferencias personales de los diputados y los integrantes de la Comisión, concretamente entre Jorge Morales Vázquez y María Josefina Gamboa Torales.

La legisladora reprendió de manera constante al Secretario Ejecutivo, quien en reiteradas ocasiones buscó responder las preguntas de los diputados, sin tener la atribución, incluso, interrumpía a la Presidenta.

Pérez Mendoza fue citada a comparecer para aclarar las medidas de protección que brindó la CEAPP a José Celestino Ruíz Vázquez, comunicador que murió el pasado 03 de agosto, e informar sobre las acciones legales contra el comisionado Pedro Díaz, acusado de extorsionar a comunicadores de la zona norte.

AVC/ Isabel Ortega