Con la despenalización del aborto en el estado de Oaxaca –desde 2017 es legal en la ciudad de México-, el país dio un paso muy importante para armonizar las leyes estatales en esta materia, pero al mismo tiempo, ha hecho más profundas las diferencias entre los sectores que pendulan entre liberales y conservadores, quienes arguyen lo mismo el derecho a la vida que el propio derecho que tiene la mujer a decidir sobre su cuerpo.
Oaxaca, un estado marcado por la pobreza y la enorme influencia religiosa, se ha convertido en la segunda entidad del país en permitir la interrupción libre del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Los legisladores locales prevén que la medida entre unos días, algo que tendrá que pasar la aduana del poder Ejecutivo obligado a ordenar su publicación.
Mientras que en Veracruz, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido revisar -ante la resistencia del Congreso local- un amparo para que se modifique el Código Penal en materia de aborto, lo que ha generado reacciones de apoyo y rechazo, no sólo entre legisladores sino entre grupos religiosos y de activistas.
El 24 de junio, la Primera Sala determinó ejercer su facultad de atracción por la posible omisión legislativa de reformar diversos artículos del código y que son parte de las recomendaciones que se hicieron a las autoridades locales cuando se decretó la segunda Alerta de Género en Veracruz. La recomendación ordenaba reformar el artículo 149 del Código Penal para que se considerara el aborto como la interrupción del embarazo en la doceava semana de gestación, así como el artículo 150, para que las sanciones por abortar se purgaran en libertad y no fueran mayores a dos años.
En este tema, Morena está fracturado, a diferencia de lo que ocurrió en Oaxaca. Así, mientras la diputada Mónica Robles, Presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales celebraba la decisión del Congreso oaxaqueño, la diputada por Xalapa, Rosalinda Galindo aseguró que es un tema que ni siquiera está en la agenda legislativa.
Fue el propio presidente de la Mesa Directiva, José Manuel Pozos Castro, quien la desmintió, informando que será en breve cuando se presente el tema a la discusión del pleno. Hay que decir que los tres legisladores son integrantes de Morena, la marea púrpura, el grupo parlamentario que tiene en sus manos la decisión de despenalizar el aborto en Veracruz.
Según Mónica Robles, ya se trabaja para presentar una nueva iniciativa con la que se permita la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Veracruz. Aplaudió la decisión del congreso oaxaqueño y dijo que en Veracruz “estamos en deuda” y que “ojalá esto sirva para que mis compañeros diputados y diputadas impulsemos esta misma agenda con la fuerza con que la hicieron en Oaxaca”. ¿A quién se refería la legisladora? ¿En quién ha encontrado resistencia que ha mandado este mensaje?
Una de ellas, sin duda, es su correligionaria Rosalinda Galindo, quien cuestionada sobre la posibilidad de que el Congreso del Estado discuta en breve la despenalización del aborto en Veracruz, dijo que en Veracruz hay qué esperar, aunque no dijo a qué. «Todavía no lo tenemos en la agenda. Todavía no tenemos ese tema en agenda. Así te lo digo», reviró a reporteros.
La posición de la diputada Galindo no extraña a nadie. Conservadora en el decir, en el actuar y en el vestir, ella es una de las aspirantes a la presidencia municipal de Xalapa. Más allá de sus valores personales, también sabe que en una sociedad tan católica como la nuestra, la Iglesia se convertiría en un obstáculo para sus aspiraciones si decide apoyar la despenalización
Sobra decir que no se trata sólo de un tema ideológico o de religión, sino también de salud pública. Según las cifras que dieron a conocer las propias diputadas de Morena en Oaxaca para justificar sus votos, cada año más de 9 mil mujeres se someten a un aborto clandestino aquél estado; además, unas 20 mujeres han sido encarceladas por este delito desde 2016. Y las complicaciones derivadas de este tipo de abortos ilegales son la tercera causa de muerte entre las mujeres oaxaqueñas.
En Veracruz, la cosa no es muy diferente. Hasta el 7 de junio del 2017, más de 389 veracruzanas se habían trasladado a México para interrumpir de manera legal y segura su embarazo. Sin embargo, la cifra negra –los que se hacen de manera clandestina- es muy superior.
“Esta cifra coloca a Veracruz dentro de los diez primeros estados en los que la demanda del ILE es alta y plantea una realidad distinta para que el acceso al aborto se vea como un tema de salud pública y no como una política que criminaliza”, señala la iniciativa de reforma a tres artículos del Código Penal que fue rechazada en septiembre de 2017 por la mayoría del Congreso local.
Esta vez, la marea verde tendrá que lidiar contra una crispada marea púrpura en el Congreso.
Las del estribo…
- El presidente estatal del PRI pasó la primera prueba de liderazgo. El sábado anterior convocó a un Consejo Político al que asistieron todas las fuerzas políticas locales, incluso las que compitieron contra él en la elección interna. El dato es importante porque rumbo a las elecciones intermedias de 2021, la consultora AnalíticaMedia realizó una encuesta que arrojó que el PAN ganaría 3 gubernaturas, el PRI 6 -Campeche, Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sinaloa- y 6 más para Morena. En Veracruz, Marlon empieza a construir nuevos liderazgos que podrían coincidir con estas proyecciones.
- “Ojalá a Yalitza la hubieren abortado”, dijo el imbécil líder de los estudiantes panistas de Yucatán. Más allá de la irracional expresión de este muchacho, lo grave es cómo la sociedad se polariza. Esta expresión, los actos vandálicos en marchas, la rudeza del discurso, sólo abonan al encono en un tema que debe corresponder a la decisión personal de cada persona. La ideologización de unas y otras sólo es muestra de la misma intolerancia.