Los datos más recientes sobre la cuenta pública de 2018, tanto del gobierno estatal que encabezó Miguel Ángel Yunes Linares como de los alcaldes panistas todavía en funciones, explican el enorme pánico que ha cundido entre legisladores, ediles y exfuncionarios de ese partido, muchos de los cuales están a punto de tocar las puertas del infierno, comenzando por el suspendido exfiscal Jorge Winckler Ortiz, quien anda a salto de mata.

La petición liderada por los senadores Julen Rementería e Indira Rosales San Román de desaparición de poderes en Veracruz apunta a una cortina de humo para ocultar el grave desvío de recursos durante sus gestiones al frente de la SIOP y la Sedesol, respectivamente, y a atacar posibles acciones legales en su contra con el garlito de que son producto de una persecución política por parte del gobierno de Morena que, por cierto, no parece espantarse con el escándalo mediático.

Aunque se preveían los descubrimientos dados a conocer por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en su informe sobre la Cuenta Pública 2018, entregada este miércoles por Antonio Lorenzo Portilla Vásquez al Congreso local, un día antes de que rindiera protesta su sucesora Delia González Cobos, lo cierto es que la cifra es abominable.

El año pasado, Yunes Linares y los alcaldes panistas (por órdenes o presiones de este) echaron toda la carne al asador para lograr la elección de Miguel Ángel Yunes Márquez como gobernador, en unos comicios en que fue derrotado por el actual mandatario morenista.

Según los datos brindados por el Orfis, solo el año pasado, 11 secretarías y 30 organismos públicos descentralizados generaron un daño patrimonial de 2 mil 398 millones de pesos, pero habría que sumar 1 mil 108 millones por irregularidades en la contratación de las cámaras de videovigilancia y 1 mil 268 millones de pesos en observaciones a la deuda pública y su refinanciamiento.

En total: ¡más de 4 mil 700 millones de pesos! Ese es el rastro dejado por quien sigue ufanándose de haber combatido la corrupción en Veracruz. ¿Se imaginan el desfalco que habría sufrido Veracruz si hubiera hecho ganar a su primogénito Miguel Ángel Yunes Márquez?

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¿Quiénes son los más implicados en el robo?

De acuerdo con el reporte hecho por la periodista Flavia Morales para la agencia AVC, “las dependencias que concentran los desvíos son: la Secretaría de Seguridad Púbica con 1 mil 165 millones de pesos, la Secretaría de Finanzas y Planeación con 564.7 millones de pesos, la Secretaría de Educación con 383.6 millones de pesos, los Servicios de Salud de Veracruz con 232.6 millones de pesos, y la Secretaría de Desarrollo Social con 270 millones de pesos.

En esta última despachaba Indira Rosales, quien sigue siendo una de las barajas de Yunes en la Cámara alta, pero también se habla de un quebranto superior a los 10 millones de pesos en la Fiscalía General del Estado, mientras despachaba Winckler, lo que le puede sumar una nueva causa penal a las que ya están en marcha.

Para colmo, dos ayuntamientos panistas encabezan los montos observados que constituyen presunto daño patrimonial: el de Veracruz, presidido por Fernando Yunes Márquez, hijo del exgobernador, observado con un presunto daño patrimonial por 16 millones 363 mil 101.73 pesos, y el de Tuxpan, con Juan Antonio Aguilar Mancha (primo de Pepe Mancha, exdirigente estatal panista) al frente, con 5 millones 905 mil 402.58 pesos.

El posible daño patrimonial reportado por el Orfis en 125 ayuntamientos es por 329 millones 294 mil 367.91 pesos. Y no escapan a las observaciones administraciones encabezadas por morenistas, como Coatzacoalcos, que debe explicar un monto de 4 millones 273 mil 590.64 pesos, y Emiliano Zapata, presidido por Jorge Mier, con observaciones en el manejo de 3 millones 77 mil 623.38 pesos.

Jorge Winckler no podrá aclarar las observaciones del Orfis

Alejado de sus antiguas oficinas (y, acaso, del país), Jorge Winckler Ortiz no contará con el velo de impunidad que él mismo se había podido fabricado, ni contará con administradores cómplices que le arreglen las cuentas de su presupuesto en 2018 en la Fiscalía General, periodo en el que el Orfis determinó 13 observaciones por presunto daño patrimonial de 10 millones 729 mil 120.69 pesos.

¿Qué hizo pensar al exauditor general posible daño patrimonial? El Orfis detectó pago de sueldos y salarios por más de 1 millón 300 mil pesos a personas que no desempeñaban funciones en la FGE; licitaciones para adquisición de bienes con precios por arriba del mercado y obras reportadas como concluidas sin el acta de entrega/recepción.

Respecto de las dispersiones de nómina, hubo pagos de sueldos y salarios a través de dos cuentas bancarias, por 89 mil 59.38 pesos y 1 millón 324 mil 286.55 pesos, de los cuales no es posible identificar al beneficiario de estas transferencias ni retiros. Hubo pagos de 290 pesos hasta 7 mil 319.93 pesos y no existe evidencia de que las claves correspondan a trabajadores que desempeñan funciones o actividades en la Fiscalía.

Entre las obras reportadas como concluidas, figuran las del Centro Integral de Justicia en Veracruz Norte, en el Centro Integral de Justicia en Veracruz Centro, en el Edificio «B» de la Unidad Antisecuestro y en el Centro Integral de Justicia para la Mujer, pero que carecen de las actas de entrega/recepción, que representan un probable daño patrimonial por 91 mil 185.98 pesos.

También se detectó que en la Licitación Simplificada Número LS-FGE/005/18, con la empresa “Wenden, S.A. de C.V.”, realizada con recursos estatales, correspondiente a la Adquisición de Papelería y Artículos de Escritorio, por un monto de 5 millones 299 mil 999.55 pesos, los precios unitarios de algunas partidas adjudicadas rebasan los precios ofertados por otros proveedores por un monto de 2 millones 212 mil 458.55 pesos, esto representa aproximadamente un 47.16% por encima de su precio de mercado.

En la Licitación Simplificada número LS-FGE/011/2018, relativo a la Adquisición de Equipo Informático (Computadoras all in one y computadoras de escritorio), realizada con recursos estatales, con la empresa “Comercializadora y Constructora Pe-Ce, S.A. de C.V.”, por un importe de un millón 703 mil 570.81 pesos, se detectó que los precios unitarios de diversas partidas adjudicadas rebasan los precios ofertados por otros proveedores por 546 mil 512.19 pesos, que representa el 32.08% por encima de su precio de mercado.

Otra de las observaciones hace referencia a la revisión de la documentación de los bienes adquiridos mediante la licitación simplificada número LS-FGE/019/18, realizada con recursos FASP 2018, correspondiente a la adquisición de vestuario y uniformes (pantalón y bota táctica para personal operativo), por un importe de un millón 717 mil 665.73 pesos,  para la Dirección General de la Policía Ministerial; la FGE no presentó evidencia de que se hayan realizado las entregas al personal operativo por un importe de 206 mil 775.48 pesos.

Dicha información podría ser sumamente útil para darle argumentos a algún juez para librarle otra orden de aprehensión.

Sigue saliendo más porquería de la Fiscalía

Otra orden de aprehensión contra Winckler y compañía podría derivar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que emitió la recomendación 55 /2019, segunda por cierto, en contra de la Fiscalía General del Estado, y a favor de la exfiscal de investigaciones ministeriales Rosario Zamora, a quien se le violentaron sus derechos al debido proceso, el derecho a la intimidad y no proteger el interés de su menor hija cuando se ejecutó la orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada.

La CEDH, que preside la abogada Namiko Matzumoto, determinó que la Fiscalía violó el derecho a la intimidad de Rosario Zamora y su hija, al permitir que personal no autorizado interviniera en la diligencia de cateo y se introdujera a su domicilio. Determinó que durante la ejecución de la orden de cateo y detención de Rosario, los elementos de la Policía Ministerial, no protegieron el interés superior de la menor, al momento de ser detenida, además, permitió la grabación indebida y difusión de un video sobre la aprehensión y la filtración de fotografías de la detenida ante los medios de comunicación.

La recomendación señala también que la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas vulneró además el derecho al debido proceso de la agraviada con relación a las garantías judiciales, al negarle el acceso a la carpeta de investigación en la que tiene calidad de imputada.

En la recomendación se ordena gestionar ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas que se les reconozca su calidad de víctimas, mediante su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas, con lo que podrían recibir apoyo de forma inmediata y especializada, acorde con el carácter reforzado de protección que le asiste. También ordena otorgar una compensación, por el daño psíquico y moral provocado con motivo de las violaciones a sus derechos humanos.

Por otra parte, en la recomendación de la CEDH se pide a la nueva fiscal encargada de despacho  instruir el inicio de investigaciones internas, diligentes, imparciales y exhaustivas, a fin de determinar la responsabilidad administrativa individual de quienes incurrieron en las violaciones a los derechos humanos de las víctimas. Esto incluye dar con la identidad de quienes ingresaron al lugar del cateo sin estar autorizados y de quienes tomaron el video y las fotografías que fueron filtradas a los medios de comunicación.

La Fiscalía General del Estado tendrá un plazo de 15 días para aceptar la recomendación y corroborar el cumplimiento de las medidas.

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Honor al Auditor saliente

Duró en el cargo más que cualquiera de los 4 gobernadores que le correspondió tratar de manera institucional. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, en su encomienda como Auditor General del Estado, fiscalizó los gobiernos de Javier Duarte, Flavino Ríos Alvarado, Miguel Ángel Yunes Linares y todavía tuvo convivencia política con el actual mandatario, Cuitláhuac García Jiménez.

Pocos titulares de órganos autónomos podrían emular la experiencia que le correspondió vivir al exdirectivo del Orfis. Con mesura, profesionalismo y sin estridencias, Portilla Vásquez actuó al margen de las mareas y motivaciones políticas e hizo un trabajo institucional que le llevó a ser reconocido a nivel nacional por hacer de la fiscalización superior en Veracruz un modelo de vanguardia al sistematizar la información para dar seguimiento puntual a la aplicación de los recursos públicos de los veracruzanos.

No fue casualidad que en junio pasado se le designara coordinador regional del Grupo Centro Golfo de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS), integrada por los estados de  Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Tabasco; además de haber logrado una cercanía en los objetivos con el Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo.

En el mundo de la fiscalización se habla con números, y ahí destacan los resultados reportados por el hasta este jueves titular del Orfis, Portilla Vásquez, al haber recuperado para las finanzas estatales cerca de 1 mil 700 millones pesos que se habían desviado y además haber iniciado los procedimientos judiciales para recuperar más de 34 mil millones de pesos de asuntos que datan del año 2008 al 2018; cerró su gestión como Auditor General del Estado informando con pulcritud a los legisladores locales y a toda la sociedad, los resultados de las auditorías de Legalidad y de Desempeño, los Informes Especiales y los Informes por los Exhortos que fueron notificados por el Congreso del Estado correspondientes a la Cuenta Pública del 2018, es decir, los números que dejó la administración estatal del último año de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

La herencia de dicha gestión constituye un presunto daño patrimonial superior a los 4 mil 500 millones de pesos que Lorenzo Antonio Portilla Vásquez deja fielmente documentado.

Habrá que reconocer que el extitular del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, hizo una gestión impecable, de utilidad social para los veracruzanos en la etapa histórica más controvertida del manejo de los recursos públicos que ha existido en nuestro estado.

Delia Gonzalez Cobos, primera mujer en dirigir el Orfis

Con una votación unámime de los 48 diputados presentes en la sesión, el pleno del Congreso local eligió a Delia González Cobos, como la nueva  titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), quien fue de inmediato felicitada por su ahora exjefe José Luis Lima Franco, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), donde se desempeñaba como Procuradora Fiscal.

Originaria del municipio de Lerdo de Tejada, según la ficha curricular que ella misma ha hecho circular, Delia González será la primera mujer que estará en el cargo por un periodo de  siete años.

¿Cuál es su trayectoria profesional? Colaboró como Asesora en la Cámara de Diputados y como Subadministradora de Asuntos especiales en la Administración Local Jurídica del Oriente del SAT (2001 al 2004).

También desempeñó actividades en la I y V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: primero (1997-1999) como Asesora en materia de fiscalización en la Comisión de Gobierno; y posteriormente (2009-2011) estuvo cargo de la Secretaria Técnica de la Comisión de Equidad y Género. Fue directora de Legislación en la Procuraduría Fiscal de la Federación, asesora en Gerencias Corporativas y tuvo una destacada participación como integrante del equipo que elaboró la primera Constitución de la Ciudad de México.

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