Las familias de niñas menores de 12 años con embarazos, como producto de un abuso sexual, se enfrentan a trabas burocráticas del sector salud y la fiscalía para acceder a la justicia, servicios de salud y reparación integral, señaló la integrante de Equifonía, Araceli González Saavedra.

“Primero, porque sigue sin funcionar el Centro Estatal de Justicia para las Mujeres y, segundo, cuando los legisladores locales se niegan a ampliar la temporalidad de 90 días a fin de acceder a los hospitales de la secretaría de Salud y Dirección de Servicios de Salud (Sesver) y que les practiquen un aborto seguro” , dijo.

Señaló que las niñas además de sufrir la violación sexual por parte de algún familiar y haber pasado todo un proceso de sufrimiento para poder hablar y denunciar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el delito, se enfrentan a trámites burocráticos porque el Centro de Justicia de Mujeres no se ha puesto en marcha.

AVC/Verónica Huerta