La salida de Leslie Mónica Garibo Puga, quien se desempeñó como Contralora General del Gobierno de Veracruz hasta este viernes 13 de septiembre, se dio en medio de serias acusaciones de omisiones en el ejercicio de su cargo público, que tendría impacto en la integración del primer informe de labores de Cuitláhuac García Jiménez.

Apenas el pasado jueves 12 de septiembre el presidente del Colegio de Contadores Públicos en el Estado, Luis Javier Velasco Ramírez, denunció que la Contraloría General del Estado incumple con la obligación de auditar en tiempo real el manejo de los recursos públicos de las dependencias del estado.

Gobernador anuncia la llegada de Mercedes Santoyo

Su salida del cargo se concretó en los últimos minutos del viernes trece. Se confirmó luego de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, usó su cuenta oficial en Twitter, en donde anunció la llegada de Mercedes Santoyo, quien era funcionaria de la Contraloría desde el pasado mes de febrero.

Horas después de su salida, se empezó a especular sobre la llegada de la funcionaria a la Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, podría existir un conflicto de interés, debido a que hay denuncias en su contra por irregularidades cometidas en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

La ley orgánica del Poder Ejecutivo establece en su artículo 33 que la Contraloría General es la dependencia responsable de la función de control y evaluación de la gestión gubernamental y desarrollo administrativo, así como de la inspección y vigilancia de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, durante el ejercicio presupuestal correspondiente.

Los escándalos que la Contralora no pudo investigar

En los primeros 100 días de la administración de Cuitláhuac García, se hizo público en medios de comunicación, que titulares de varias dependencias del gobierno incluyeron en su nómina a hijos, primos, parejas sentimentales o hermanos.

Los titulares de la Secretaría de Gobierno; de Educación; de Salud; del Trabajo, Previsión Social y Productividad; Finanzas y Planeación; de Infraestructura y Obras Públicas; Turismo y Cultura; Protección Civil; y hasta el Congreso local, fueron acusados de “acomodar” a sus parientes en la nómina.

En esa ocasión, la Contralora General del Estado, Leslie Mónica Garibo Puga, anunció que investigaría las denuncias en medios de comunicación. Sin embargo, hasta su salida no dio a conocer los resultados.

Y a pesar de que, en junio, desmintió alguna relación de parentesco entre el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el Subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero, se vio obligada a revisar a fondo su “investigación” luego de que se publicaron las actas de nacimiento que corroboraban la familiaridad.

La investigación se inició tras la recomendación del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia el 6 de junio, pidió al gobernador veracruzano investigar y erradicar dichas prácticas del PRI y el PAN.

Luego de que se denunció un sobrecosto por la contratación de algunos servicios y la compra de patrullas, la Contralora Leslie Garibo Puga, reconoció que irregularidades denunciadas por los medios de comunicación, prendían la alerta del gobierno estatal, por posibles irregularidades.

En ese entonces, también anunció una investigación contra la empresa Abisalud, propiedad del exdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, que firmó un contrato por 35 millones de pesos.

Y la revisión del contrato de renta de 110 patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública, con un costo superior a los 144 millones de pesos.

Otra denuncia de los medios la vinculan a la contratación del director general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Vega García, quien fue vinculado a “La Estafa Maestra”.

Una investigación de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción exhibió el sistema de corrupción que involucra a dependencias de Gobierno federal, universidades públicas y “empresas fantasma” para desaparecer millones de pesos.

Cuando se difundió la incorporación al servicio público a dicha dependencia, la funcionaria evitó a los medios de comunicación. También fue criticada por evitar hacer pública su declaración patrimonial.

A través de una solicitud de información el Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría, Miguel Ángel Vega García, notificó la decisión de la funcionaria.

“Me permito informarle que el servidor público referido, manifestó no aceptar la divulgación de la Declaración Patrimonial”, notificó según el oficio C.G./DGTAyFP/615/2019.

Recientemente, se denunció que la Contraloría General del Estado incumple con la obligación de auditar en tiempo real el manejo de los recursos públicos de las dependencias del estado, lo que complicaría concentrar información para integrar el primer informe de labores de Cuitláhuac García Jiménez.

El presidente del Colegio de Contadores Públicos en el Estado, Luis Javier Velasco Ramírez, explicó que la revisión tenía que iniciar en el mes de mayo, pues cada auditoría lleva al menos 60 días naturales, para conocer los resultados del trabajo realizado por la actual administración, sin embargo, se incumple con esa obligación legal.

AVC/Isabel Ortega