El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y Consejo de la Judicatura, Edel Humberto Álvarez Peña, negó que se haya contratado a una empresa vinculada con los Panama Papers para la construcción de ciudades judiciales.

Esto a pesar de que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) realiza una auditoría especial a este poder, luego de que se diera a conocer que la familia Ruiz Anitúa recibió 12 contratos por 849 millones de pesos para la construcción de ciudades judiciales en Veracruz, a pesar de que han sido señalados de lavar dinero en paraísos fiscales de Panamá.

«No, no, eso es lo que dice algún periodista por ahí, por favor. El tema de las empresas o no; ellos lo auditan todo, auditaron el proceso de licitación y tenían la obligación de hacerlo, pero vamos a esperar los resultados».

Incluso, a esta empresa se le relaciona a empresas «fantasma» que desviaron millones de pesos del erario en Quintana Roo y Veracruz; sin embargo, Álvarez Peña dijo que hasta ahora no hay observaciones por parte del Orfis.

«Todos los años el Orfis ha auditado al Poder Judicial como todas las dependencias, audita se hacen observaciones, se solventan y las que no son solventados, hasta ahora no se han hecho observaciones».

En otro tema, Álvarez Peña negó que «estén perdidos» los 25 millones de pesos que se le tendrían que pagar a los 13 magistrados que ahora han sido suplidos por jueces, pues dijo que el recurso se redireccionó para atender necesidades del Poder Judicial.

«Ese recurso se aprovecha para la creación de más juzgados como el digital, los juzgados de control, hemos creado cerca de 40 juzgados y se ha ido aplicando correctamente y se le informa al Consejo de la Judicatura que aprueba la aplicación de los recursos».

En cuanto a los señalamientos del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial que indicó existen casos de acoso sexual contra empleados, el magistrado presidente indicó que no tiene reportes de estos, pero sí de hostigamiento.

«Aclaró que hay un malentendido, quiero decirle que somos 3 mil servidores públicos y no dejamos de estar exentos, pero hasta el día de hoy en la Unidad de Género no hay un protocolo sobre acoso sexual, hostigamientos sí pero eso es muy diferente».

Sobre el tema de su reelección, Álvarez Peña dijo que aún está evaluando la posibilidad de buscarla ya que su perdió termina el próximo 30 de noviembre.

«Ya hablé con la familia, ahora vamos a platicar con los jueces, vamos a esperar».

AVC/ Perla Sandoval