La remoción “temporal” de Jorge Winckler ha puesto en severo predicamento no solo a los diputados panistas que, desde el martes, andan de un lado al otro de la ciudad, desconsolados e impactados porque perdieron una de las piezas fundamentales para el futuro del proyecto político de Miguel Ángel Yunes Linares.
Y digo que no solo a ellos y a la familia Yunes, que este próximo domingo se enfrentarán a otra dura prueba cuando los militantes de su partido voten por la continuidad de su predominio, a través de Pepe Mancha, o les marquen un alto a su desmedida ambición eligiendo como presidente estatal a Joaquín Rosendo Guzmán Avilés; también a otros actores políticos, como el flamante dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez, impuesto ahí por Yunes, con miras al proyecto electoral de 2021.
Aunque primero se hubiera reunido con la diputada priista Erika Ayala Ríos, quien votó a favor de la suspensión temporal del exfiscal veracruzano y ha argumentado sobre la validez legal del acto realizado por la Diputación Permanente, Marlon Ramírez ha salido a redes sociales y medios de comunicación con la petición al Congreso para que le explique la legalidad que sustentó la destitución de su amigo Jorge Winckler.
Y no solo eso, el “dirigente” priista ha exhortado a defender el Estado de Derecho, a respetar la división de poderes y a generar un acuerdo de gobernabilidad, con lo que ha demostrado a plenitud cómo es manejado desde Boca del Río por el exgobernador veracruzano, cuyo hijo tenía a Marlon en su comuna en el Puerto de Veracruz.
Antes de que el líder tricolor lanzara su exabrupto, la dirigente de la bancada PRI-PVEM, Érika Ayala Ríos, había señalado en medios de comunicación: “El fundamento legal por el que voté a favor es que el artículo 21 Constitucional fue violentado al no contar el Fiscal con la certificación para el ingreso y permanencia en el cargo”, y añadió que la decisión de la Comisión Permanente fue una medida cautelar “en tanto se resuelve la remoción de manera formal”.
Pese a que Jorge Winckler era la pica en Flandes del yunismo en el gobierno de Morena, lo que le estaba redituando muchos beneficios políticos por haber puesto en innumerables ocasiones contra la pared a los operadores del partido en el poder, llama la atención que solo los diputados locales hayan saltado a la palestra, aunque de manera un poco porril, mientras que Pepe Mancha no ha dicho nada al respecto, y muy pocas expresiones hayan provenido de senadores y diputados federales panistas. Vaya, ni siquiera han logrado una postura del PAN nacional.
Los diputados locales han actuado como hijos abandonados a su suerte, “caminando p0r las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo” (como cantara Mike Laure), primero tratando de tomar las instalaciones de la Fiscalía General para evitar que la fiscal Verónica Hernández Giadáns ingresara a las oficinas que ocupaba Jorge Winckler Ortiz, y este miércoles de una puerta a la otra de Palacio de Gobierno en un amago de tomarlo, como ocurrió cuando el jefe del clan mandó a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, entonces alcalde de Boca del Río, a tomarlo en los últimos días del gobierno de Javier Duarte, cuando era gobernador interino Flavino Ríos Alvarado.
Por transmisiones en vivo, la población ha podido observar no a políticos con argumentos y un discurso firme y sustentado, capaces de convocar a sus camaradas de partido, a las organizaciones sociales y a otros partidos opositores al morenismo, sino a un grupo porril, desarticulado, “moralmente derrotado” (AMLO dixit), encabezado por un diputado Sergio Hernández carente de luces oratorias y la rijosa diputada Marijose Gamboa, que se ha dedicado a humillar a los trabajadores gubernamentales, policías incluidos, yendo de un lado al otro sin hacer la mínima mella, como si se les hubiera agotado la creatividad que tanto le ensalzan al jefe del clan.
Ni siquiera han logrado armar una homogénea y articulada campaña mediática para convencer de su postura, mientras el grupo desahuciado de periodistas que recibían apoyos de la Fiscalía no logran armar un solo texto, sea informativo o de análisis, que permita convencer a sus lectores de la gravedad que ellos mismos tratan de destacar; sus fervorines parecieran dictados por una Josefina Gamboa iracunda y fuera de sí, y hasta al leerlos siente uno saliva arrojada con la enorme fuerza de la derrota mal aceptada.
Ya tomaron el control de la Fiscalía
Aunque urge que se nombre a un fiscal visitador que ingrese a la orden de prelación y pueda ser nombrado Fiscal General, lo cierto es que Verónica Hernández Giadáns ya está imponiéndose en el control de la Fiscalía. Este miércoles, en su primera conferencia de prensa, dijo que la etapa negra de indolencia e impunidad para Veracruz acabó con su llegada y ahora será tiempo de fortalecer y construir lazos de responsabilidad.
“No más simulación de justicia, ni uso perverso de la ley, las querellas serán resueltas en las instancias debidas, lo que nos corresponde es trabajar y alinear esfuerzos para cambiar la percepción de justicia”, prometió, e hizo un llamado a los colectivos de familiares de desaparecidos de Veracruz, y sectores de sociedad a que se sumen y hagan propuestas que contribuyan al esfuerzo de restituir el estado de derecho a través de una fiscalía renovada.
En tanto, en el Congreso, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el diputado morenista Juan Javier Gómez Cazarín aclaró que la separación de Jorge Winckler como Fiscal no fue una destitución, sino que se le aplicó una medida cautelar, interpuesta ante la falta de los exámenes de Control y Confianza.
“Él tiene derecho a las audiencias correspondientes, él tiene que presentar sus exámenes de confiabilidad pero hay que decirlo, desde su entrada el periodo eran 90 días para hacer el examen de control y confiabilidad y nunca lo presentó, después de los tres años tenía que volverlo a presentar y no lo presentó”.
Gobierno federal, una gran fuente de desempleo
La meta para el adelgazamiento de la estructura administrativa del gobierno federal para este año es el recorte de 8 mil 338 plazas, que se regresan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para generar un ahorro calculado en 10 mil 12 millones de pesos.
Hasta el 30 de junio pasado, según se apunta tanto en el primer informe de gobierno como en el correspondiente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se tenía un avance de 38%, lo cual representa la devolución de 7 mil 991 plazas y un ahorro de 3 mil 852 millones de pesos; sin embargo, entre julio y hasta el 23 de agosto se agregaron 347 plazas más, un incremento de 6.4 por día, de acuerdo con datos de la SFP.
La dependencia señala en su informe de labores que un total de 8 mil 338 plazas han sido reubicadas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); es decir, han sido devueltas, mientras que las canceladas, tanto en Hacienda como en Función Pública, son 2 mil 540 mientras que 3 mil 203 están en proceso, es decir 5,743 plazas en total.
Como en gobiernos locales donde ha habido cambio de partido político, en el gobierno federal se ha optado no solo por reducir partidas presupuestales para programas de las dependencias sino también el despido masivo de trabajadores a los que en prácticamente ninguno de los casos se les han otorgado los beneficios que marca la ley laboral.
Esta fuerte aportación de mano de obra, en este caso con una fuerte experiencia en la administración pública, al desempleo, ha golpeado también los indicadores del empleo formal y a las economías locales.
A diferencia de los gobiernos locales de Miguel Ángel Yunes Linares (PAN) y de Hipólito Rodríguez Herrero (Morena) que, al asumir sus cargos de gobernador y alcalde respectivamente, despidieron a miles de burócratas veracruzanos, la mayoría sin brindarles indemnización por despido, solo para incorporar a sus compañeros de partido político, no parece que eso vaya a suceder el gobierno federal, que ha regresado a la SHCP el control de dichos espacios.
En esta operación para rasurar la nómina del gobierno federal, de 23 dependencias y entidades no sectorizadas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es la que más ha visto disminuir su cauda de empleados y funcionarios; le siguen la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Secretaría de Hacienda.
Según información de Expansión Política, el número de plazas canceladas ante Hacienda son: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) (1,635), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (1,088), SHCP (810), SEP (584), STyPS (582), Bienestar (560), SCT (523), Economía (518), Salud (394), Sedatu (248), Cultura (206), Entidades no sectorizadas (200), Turismo (192), Energía (168), SFP (150), ISSSTE (100), Autoridad Educativa CDMX (87), Relaciones Exteriores (66), Comisión Nacional de Hidrocarburos (51), Gobernación (49), Consejería Jurídica (44), Oficina de la República (42), Tribunales Agrarios (39) y Comisión Reguladora de Energía (2).
Auditor del Orfis: los que fueron retirados y los que siguen en la pelea
Quienes tienen un trabajo del demonio son los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, quienes deben elegir al próximo Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), a cuyo proceso originalmente se inscribieron 62 aspirantes.
Este miércoles, sin embargo, bajaron el número a 54, luego de descartar a ocho aspirantes por no cumplir con los requisitos para participar en el proceso de selección.
¿Quiénes son los que fueron bajados del tren por no llevar boleto? Neftalí Desgarennes Camacho, quien no acredita los cinco años de experiencia; María de Guadalupe Flores Lugo, no cumple con el requisito de la edad. Óscar Hernández Viveros, María del Pilar García Vásquez, María Cristina Sosa Sánchez, Víctor Molina Barrón, Manuel Molina Martínez y Alejando Ocampo Muñoz no reúnen el perfil pues son administradores de empresas, historiadores o ingenieros industriales.
El viernes se iniciarán las entrevistas de los 54 aspirantes que se reunirán con diputados locales para presentar su plan de trabajo por los siguientes siete años. Veamos la lista de los aspirantes que pasan a la siguiente etapa:
Eliseo Falfán Saldaña, Iván López Fernández, Flor Ruiz Haddad, Javier Cruz Salas, José Luis Oliveros Sosa, Sergio Vázquez Jiménez, Fidel Ronzón Rodríguez, José Arturo Rivera Hernández, Alejando Castellanos Varela, Everardo Domínguez Landa, María de Jesús Mantilla Solana, Efraín Domínguez Huerta, Valentín Navarro Alarcón, María de los Ángeles León Morales, Hernán García Sobrevilla, Jorge Hernández Loaeza, José Lira Badillo, Alfonso Velásquez Trejo, Manuel Sánchez Huesca, Felipe Ramírez Vargas, Leonel Lara Serna, María del Pilar García Vásquez, Georgina Duval Polanco, Mario Lara Velásquez, José Luis Fernández Ojeda, Pedro Cándido Jiménez y Ángel Rodríguez Bernal.
Además: José Luis Prieto Alejandre, Miguel Ángel Gutiérrez de Velazco, Jorge Adalberto Fuentes Vergara, Delia González Cobos, Raúl Morales Flandes, Iván Ceballos Grajales, Ulises Campos Viveros, Martin Lozano Sánchez, María Guadalupe Flores Lugo, José Luis Zarate Domínguez, Cecilia Coronel Brizio, Israel López Pérez, Arturo Zepeda Pineda, Luis Javier Velazco Ramírez, Marco Tulio Ramírez Pitta, Efrén Arrieta Lara, Sergio Mondragón Mora, Clarissa Mancilla González, Elena Gómez Bello, Antonio Domínguez Vázquez, Alejando Muñoz Ocampo, el actual auditor Lorenzo Antonio Portilla.
Por último: Luis Gabriel Andrade Cárdenas, Félix Martínez Álvarez, Claudia Pacheco Aranda, Alejandro Villalobos Gutiérrez, Griselda Rosas Aguilar, Javier del Moral Córdoba y Julio López Troncoso.
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