Una inédita e inesperada medida tomada en la Diputación Permanente del Congreso de Veracruz hizo este martes lo que en más de un año el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez no había logrado: remover, aunque sea temporalmente, al fiscal sembrado por Miguel Ángel Yunes Linares, Jorge Winckler Ortiz, justo el día en que la organización Impunidad Cero lo colocaba en el penúltimo lugar nacional, apenas superado por la Fiscalía de Tlaxcala, en el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2019, tres lugares abajo que el sitio obtenido en 2018.

Aunque la medida puede tener cualquier señalamiento político o jurídico en contra, lo cierto es que los morenistas le aplicaron a los diputados panistas la misma estrategia de cuando estos impusieron al Fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio, el 24 de julio de 2018, día en que la diputada Marijose Gamboa (quien hoy gimoteó frente al edificio de la Fiscalía porque un cerco policiaco le impidió el acceso a ella y a cuatro diputados panistas) operó como guardia personal del corrupto funcionario que hoy debe estar poniendo sus barbas a remojar porque tiene una cola enorme que seguramente le pisarán.

La abogada Verónica Hernández Giadans tomó de inmediato protesta como encargada de la Fiscalía General del Estado, en sustitución de Jorge Winckler, y luego fue escoltada por los diputados de Morena, encabezados por el diputado Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política,  a la sede de la FGE, protegida por cientos de policías estatales, quienes debieron contener a una rijosa y desesperada Marijose Gamboa, diputada panista a quien nunca se le ha visto esa misma actitud para defender a los veracruzanos.

Hernández Giadans va con el sello del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, en cuya dependencia la abogada egresada de la UV fungió como directora general jurídica desde el 1 de diciembre de 2018.

Por su parte, Jorge Winckler no solo mantuvo un gris desempeño como fiscal de los veracruzanos, lo que ha sido demostrado por dos organizaciones sociales nacionales como México Evalúa y Cero Impunidad que han reprobado su gestión, sino que no fue avalado por la certificación de los exámenes de control y confianza llevados a cabo por la Fiscalía General de la República (FGR) desde mayo pasado.

Lo que sigue, si no surte efecto la consabida promoción de un amparo directo contra la determinación del Poder Legislativo local, será poner en orden a la Fiscalía, dar continuidad a cientos de expedientes que han sido puestos bajo llave, llamar a cuentas a los funcionarios de la Fiscalía que hayan actuado en contra de la ley y, por parte del gobernador Cuitláhuac García, presentar una propuesta para nuevo Fiscal General.

Ya no valdrá esconder la cabeza acusando al Fiscal en turno, pero tampoco debemos permitir que pretexten su mal desempeño por el cochinero dejado por Winckler. Si mantienen la medida, que trabajen para disminuir la impunidad.

Las benditas redes sociales

La impunidad creció de manera desbordada con Jorge Winckler

Cuando uno veía hablar y actuar al fiscal Jorge Winckler Ortiz con esa soltura, esa cara de satisfacción y esa actitud de reto, cualquiera hubiera podido pensar que su trabajo era de tan alta calidad que todos los veracruzanos debíamos estar tranquilos y seguros de que buena parte de los delitos serían esclarecidos y los delincuentes puestos tras las rejas.

Pero otros datos, que no provienen del gobierno morenista sino de una organización ciudadana, Impunidad Cero, lo han ubicado en el lugar 31, solo superado por Tlaxcala, según la tercera edición del ranking de referencia nacional sobre cómo están trabajando las instituciones de procuración de justicia en el país.

Los datos son verdaderamente preocupantes. Como habíamos anticipado en anteriores entregas de Hora Libre, su desempeño se auguraba con peor calificación que en 2018 y, en efecto, la fiscalía de Veracruz cayó tres lugares en el ranking para colocarse en el lugar 31 (de 32), apenas superado por la fiscalía de Tlaxcala, con un índice de procuración de justicia de 37.01 (Tlaxcala lo salvó del sótano porque ligó 36.96, es decir, 0.05 puntos menos).

¿Por qué el fiscal de Miguel Ángel Yunes Linares, que antes de ser removido estaba más ocupado en perseguir a simpatizantes de Joaquín Rosendo Guzmán en la contienda interna del PAN que en perseguir a los delincuentes, logró ese lugar tan despreciable? Un solo dato lo dibuja de cuerpo entero: en Veracruz, la impunidad en homicidio doloso alcanzó el 96.2 por ciento, lo que quiere decir que apenas el 3.8 por ciento de los casos logró sentencia condenatoria.

La Fiscalía de Veracruz está más ocupada (y capacitada) para perseguir delitos menores; el 48.0 por ciento de los casos concluidos fueron aquellos cuyas sentencias son menores a 3  años de prisión, lo que quiere decir que los casos por delitos de alto impacto, como homicidio doloso, fueron los menos atendidos y resueltos.

Para colmo, Impunidad Cero calcula que en Veracruz la cifra negra, es decir, los delitos que no son denunciados ante los ministerios públicos es del 92.3 por ciento; del restante 8.7 por ciento, el sistema acusatorio solo tuvo efectividad en el 16.9 por ciento, lo que dio como resultado que solo el 1.3 por ciento de los delitos cometidos tuviera posibilidad de ser esclarecido.

Veamos lo que dice el documento de Impunidad Cero:

“En los últimos lugares del índice se sitúan Tlaxcala (36.96), seguido de Veracruz (37.01), Chiapas (37.30), Guerrero (37.91) y Tamaulipas (38.20). Aunque se mantiene en la parte baja del indicador, Puebla (39.14) dejó el último lugar, posición en la que estuvo en el ejercicio anterior”.

El Índice elaborado por esta organización hace un análisis de ocho indicadores en cuatro categorías: estructura, operación, resultados y política criminal. Al mismo tiempo, identifica buenas prácticas y visibiliza áreas de mejora de los estados. Estos son algunos de los resultados de esta nueva edición:

  • A nivel nacional, la probabilidad de que se denuncie y esclarezca un delito es de 1.3%, ligeramente superior al 1.14% del Índice 2018.
  • Baja California es la entidad con mayor probabilidad de esclarecer un delito (3.4%), mientras que Guerrero es la de menor probabilidad (0.2%).
  • Denunciar un delito toma alrededor de 2 horas con 21 minutos, aunque esto varía considerablemente entre estados.
  • Chihuahua se mantiene en primer lugar del Índice por tercer año consecutivo, seguido de Yucatán y Querétaro, entidades que mejoraron su posición en comparación con el Índice 2018.
  • En último lugar está Tlaxcala, seguida de Veracruz y Chiapas. Las tres entidades perdieron lugares en comparación con el Índice 2018.

Y explica: “El adecuado funcionamiento de las instituciones de procuración de justicia es fundamental para combatir la impunidad que impera en el país. Este Índice es una herramienta que busca que las entidades logren identificar qué políticas y qué prácticas funcionan para poder mejorar”.

De manera que, pese a voces que aún defienden al removido fiscal, su desempeño se encaminaba a profundizar la situación de impunidad y falta de protección de los veracruzanos.

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