El Poder Judicial de Veracruz apenas ha logrado un ahorro de 998 mil pesos, como parte de su programa de austeridad que implementó en enero pasado y prometió ahorros de hasta 100 millones de pesos.

El 22 de enero, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Edel Álvarez Peña lanzó el programa de austeridad para sumarse al programa del gobernador morenista Cuitláhuac García, y prometió entonces que los ahorros vendrían de la disminución del salario del 20 % a magistrados y consejeros de la judicatura.

En el acuerdo votado por el Consejo de la Judicatura, prometió la reducción de sueldo y prestaciones, además de gastos no prioritarios.

“Estamos en proceso de elaboración del plan de austeridad para el ejercicio 2019; buscaremos la manera de reducir diversos aspectos del gasto público de tal manera que dentro del ahorro queremos llegar a los 100 millones de pesos para canalizarlo concretamente a lo que será el apoyo de Infonavit y becas para nuestros trabajadores”, señaló entonces en un comunicado.

A siete meses de la implementación del programa los ahorros han sido mínimos, de acuerdo a información que el Poder Judicial entregó a través de la plataforma de transparencia.

Los 22 magistrados en activo cobran salarios entre 102 y 97 mil pesos mensuales, cada mes se erogan para pago de sus salarios 2 millones 142 mil pesos de salarios, en los primeros siete meses del año han cobrado alrededor de 14.9 millones de pesos, según información en su portal de transparencia.

Si el ahorro fuera del 20 % como se prometió, se tendrían casi tres millones de pesos ahorrados, pero esto no se refleja en las cifras públicas.

En su portal de transparencia, en la tabla remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, actualizada en el primer semestre del 2019, aun se contemplan prestaciones como el pago de una gratificación anual de 14 mil 011 pesos, 2 mil 900 pesos de bono anual para despensa, 44 mil 734 pesos de estímulos al servidor público, un total de 30 mil 200 pesos por seguros, 14 mil 800 pesos por dos primas vacacionales, 5 mil 700 pesos por gratificaciones extraordinarias.

A estas prestaciones anuales que suman 112 mil 345 pesos, se suma también su aguinaldo, y salario mensual de 97 mil pesos.

El plan de austeridad 2019 del Poder Judicial publicado en su página de internet contempla revisar la política de erogaciones, a fin de ejercer recursos públicos, solo en aquellos rubros que sean estrictamente indispensables, disminuyendo gastos no prioritarios, y siguiendo siempre los principios de economía, eficacia, transparencia y honradez en la administración institucional.

El plan contiene ocho líneas claves: Exhortar a los Magistrados y consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, a reducirse voluntariamente en un 20% el sueldo anual devengado, eliminar todo tipo de seguro privado contratado en beneficio de cualquier servidor público que no tenga dentro de sus atribuciones legales la toma de decisiones jurisdiccionales.

También prohibió el uso de vehículos oficiales para fines personales, y redujo el recurso destinado a servicios personales, para disminuir los gastos en viajes, congresos, convenciones, ceremonias, viáticos, telefonía celular, gasolina, o cualquier apoyo económico en general que no sea indispensables para la adecuada impartición de justicia.

Se prohibió la asignación de telefonía celular en beneficio de cualquier servidor público, también alentó al uso de comunicaciones digitales sobre las impresas y procurar  el uso de electricidad proveniente de energías renovables en los recintos judiciales.

Los recursos ahorrados como resultado de los descuentos descritos en el punto Primero serían destinados exclusiva y directamente al Programa de Becas y Estímulos Educativos para los Empleados del Poder Judicial.

Aunque se solicitó vía transparencia, el Poder Judicial omitió informar cuántos y quienes son los magistrados que voluntariamente aceptaron disminuir su salario, y cuánto representaría esto para sus salarios que rondan los 100 mil pesos, sin contar prestaciones adicionales.

AVC/ Flavia Morales.