El pasado viernes por la mañana, un grupo de padres de familia y maestros de una comunidad del municipio de Chicontepec bloqueó la carretera Xalapa-Veracruz.

No es difícil imaginar el caos vehicular que provocó dicha medida de presión a la autoridad: enormes filas de autos y cientos de unidades detenidas; la única ruta alterna para llegar a Xalapa era la zona habitacional de Ánimas, cuya tranquilidad cotidiana se vio alterada por cientos de vehículos. Para salir de Xalapa hacia Veracruz, la opción era conducirse hacia Coatepec para de ahí tomar hacia Emiliano Zapata vía Estanzuela.

Fue la locura en la capital de Veracruz, provocada  por un problema particular de una comunidad de Chicontepec, El Mirador, cuyos padres de familia pidieron que su primaria pasara de ser estatal a federal indígena; y que siete maestros fueran cesados por cometer presuntos actos de discriminación contra los alumnos de origen indígena.

Quienes protestaron frente a la SEV señalaron que los maestros insultan y golpean a los estudiantes y que a pesar de las quejas, la autoridad no toma cartas en el asunto; por ello acudieron a la capital veracruzana, desde Chicontepec, para buscar un diálogo.

A no llegar a un acuerdo que les resultara satisfactorio, procedieron a realizar su bloqueo, de tal manera que por varias horas, Xalapa permaneció incomunicada con la zona del Puerto de Veracruz.

La SEV dio a conocer que dicha localidad, El Mirador, contará con el servicio de educación primaria estatal, y del sistema federal indígena, con un espacio educativo que ya cuenta con clave.

De igual forma, la Secretaría se dijo abierta a escuchar y atender las demandas de la población, en el marco de la legalidad, y recordó que desde febrero pasado, el problema fue atendido y resuelto; sin embargo, de forma inicial, los padres de familia bloquearon las instalaciones del plantel. Ante ello, la Dirección de Educación Primaria Estatal determinó que las clases continuaran en el salón social de la localidad y así atender a los 30 alumnos que cursaban en éste y no afectar los derechos laborales de sus docentes.

El problema es que el conflicto creció, al parecer alentado por intereses políticos que buscan desestabilizar al actual gobierno estatal; habría que agregar que luego de que expusieron sus quejas, los manifestantes permanecieron en su bloqueo, en franca provocación.

El gobierno del Estado tardó en reaccionar al bloqueo, pero finalmente desalojó a quienes convirtieron su protesta en un tema de obstrucción a las vías de comunicación, algo que no se puede criticar, porque es hacer uso de la ley y de los recursos del Estado para proteger las garantías individuales.

Sobre dicho asunto, dos aristas llaman la atención: primero, ¿de dónde salió el financiamiento para trasladar a los manifestantes desde Chicontepec a Xalapa (340 kilómetros)?, sobre todo porque se trata de una zona con elevados niveles de pobreza (71 por ciento de la población en situación económicamente complicada por bajos ingresos); y segundo, por el tinte político que se dejó ver por el pronunciamiento del PRD de Veracruz, partido que mediante un comunicado señaló al gobierno estatal por la supuesta represión, que no fue más que un acto de autoridad para hacer valer el derecho de las personas al libre tránsito.

Lo que se ignora –aunque no es difícil imaginar– es qué motivó al perredismo en Veracruz a descalificar un desalojo que afectaba a miles de personas, cuando durante la administración de Miguel Ángel Yunes el partido guardó silencio ante medidas similares; pareciera que al Sol Azteca se le olvidó su vocación entreguista y sumisa frente al gobierno en turno.

@luisromero85