Ciudad de México.– Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por desvío de recursos, intenta defenderse de acusaciones a través de las redes sociales, mismas plataformas que durante su Gobierno intentó censurar con una “Ley antituitera“.

La identidad de quienes prestaron lo servicios de community manager al ex mandatario estatal desde abril de 2017, fecha en que fue capturado, hasta septiembre de ese año, son desconocidos, pero no la intención de limpiar su reputación y mantener fresca en la memoria de los 276 mil 786 usuarios que siguen a Duarte de Ochoa en Facebook desde los tiempos en que gobernó Veracruz con un control desmedido de su imagen pública ante los medios de comunicación.

Aunque las redes sociales no tuvieron una importancia central en la administración duartista, el ex priísta no las mantuvo totalmente desatendidas. En el 2011 promovió la llamada “Ley Antituitera”, y lejos de los reflectores mediáticos, favoreció a sus principales colaboradores, entre ellos Oliver Olea Jarquín, especialista en marketing político quien en 2009 dirigió su campaña en redes sociales.

Tras el triunfo de Javier Duarte, Olea Jarquín fue asesor externo de medios digitales del Gobierno de Veracruz y en el 2014 asumió una jefatura delegacional de Radio Televisión de Veracruz (RTV), organismo al que se destinó una parte del presupuesto de comunicación social para el desarrollo de campañas turísticas. Olea Jarquín no fue implicado en ningún cargo de corrupción a pesar de su cercanía con el ex Gobernador y sus voceros.

A cuatro años de distancia de la frase “A Karime y a mi nos encanta Internet, aunque me hagan memes” que Duarte expresó para promover la campaña Veracruz Digital, el ex Gobernador intenta limpiar su nombre con ayuda de las redes sociales, mismas plataformas que intentó censurar por medio de la reforma al artículo 373 del Código Penal de Veracruz.

Duarte reactiva su Facebook

El 26 de mayo de 2017, unos días antes de que fuera extraditado desde Guatemala a México, su perfil de Facebook fue reactivado a pesar de que él no contaba con acceso a Internet en ese momento. Ese día, alguien actualizó su foto de perfil y comenzó la serie de publicaciones con las memorias de su Gobierno.

Los breves mensajes que tenían por objeto enaltecer la labor de Duarte como servidor público fueron realizados por un colaborador que no sólo mantuvo el formato y estilo de redacción que el perfil presentó mientras era Gobernador, también tenía conocimientos especializados en redes sociales. Por dar un ejemplo, la persona que redactó los mensajes procuró que la extensión de las frases no se excedieran de cinco renglones y de esta manera evitar que el texto se contrajera en el timeline de Facebook.

Al corte de esta nota, tres usuarios radicados en México y otro más con ubicación desconocida administran este perfil, según señala la información de transparencia que proporciona la red social.A raíz de que el juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, suspendió la condena a Duarte, sus perfiles de redes sociales volvieron a activarse. De acuerdo con uno de los mensajes publicados en los últimos días, el ex Gobernador daría indicaciones a terceros para publicar información en su defensa.

“Ante la imposibilidad de defenderse personalmente de señalamientos absurdos al no tener acceso a herramientas de comunicación electrónicas, @Javier_Duarte por medio de terceros con los que mantiene contacto vía telefónica enviará información vía su cuenta de Twitter #JavierDuarte”, se indicó en la cuenta de Twitter del ex Gobernador.

Promoción en las redes

Duarte vio la oportunidad de promover su campaña para Diputado federal a través de las redes sociales durante las elecciones intermedias del 2009. De esa fecha datan los perfiles de Twitter y Facebook que hoy le sirven de conducto para apelar a su defensa ante la opinión pública.

Aquel año, Oliver Olea Jarquín inició su colaboración con Javier Duarte. Según el currículum publicado en la página oficial de Radio Televisión de Veracruz (RTV), empresa estatal donde el estratega político laboró durante la administración duartista, entre el 2010 y el 2011 se desempeñó como asesor externo en redes sociales del Gobierno de Veracruz. También se señala que fue estratega digital durante la campaña a Gobernador de Javier Duarte.

“Ha laborado como asesor de mercadotecnia política e imagen en la campaña política a la Senaduría de Héctor Yunes, asesor y productor independiente/Gobernador Fidel Herrera Beltrán, community manager candidato Javier Duarte de Ochoa en la campaña política gubernatura Estado de Veracruz, asesor mercadotecnia política en la campaña política alcalde de Boca del Río/Salvador Manzur [sic]”, señala el documento.

De acuerdo con el currículum que presenta Olea Jarquin en su portal web oficial, también fue director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Boca del Río durante el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, otro ex Gobernador caracterizado por el excesivo gasto en comunicación social destinado a la promoción de su imagen pública.

Duarte temía a las redes sociales

La administración de Javier Duarte fue omisa en señalar el monto gastado en publicidad en plataformas como Twitter y Facebook. Las actividades en estas plataformas no fueron reportadas a profundidad en los informes anuales y se manejaron como parte de las actividades generales de la Coordinación de Comunicación Social. Pero el derroche en publicidad sí fue documentado.

De acuerdo con Reforma, Javier Duarte derrochó en publicidad 8 mil 727 millones de pesos, equivalentes a 4 millones de pesos por día durante su Gobierno. El ex Gobernador también mostró preocupación por lo que los veracruzanos expresaban en las redes sociales. Una de estas preocupaciones se vio materializada en la llamada “Ley Duarte”, o “Ley Antituitera”, una modificación al artículo 373 del Código Penal de Veracruz que condenaba cualquier falsa afirmación sobre la existencia de explosivos u otros artefactos que pudieran dañar a la población.

La ley fue impulsada a raíz de que Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo fueron acusados de terrorismo y encarcelados por difundir un falso rumor sobre un explosivo en una escuela. El caso generó alerta entre organismos internacionales cono Amnistía Internacional.

En el 2013 la ley fue declarada antincosntitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a que violentaba el derecho a la libertad de expresión. Pero las acciones de Duarte para controlar la actividad de los usuarios veracruzanos se extendieron en el terreno administrativo.

Tras el inicio de la Estrategia Digital Nacional (EDN), Duarte promovió en su estado la campaña Veracruz Digital, cuyo costo se mantiene desconocido, con la que advertía del uso de datos personales en la Red pero con un discurso en el que sobredimensionó los peligros de la Red.

“En internet todos perdemos un poco de privacidad. Nuestra información personal es más accesible, pueden localizarnos con facilidad, y en ocasiones no sabemos qué páginas visitan nuestros hijos pequeños,” señaló Duarte en un spot publicitario.

Impunidad y corrupción

La intolerancia de Duarte hacia la crítica se hizo evidente en el control que ejerció sobre los medios de comunicación. En mayo del 2017, Gina Domínguez Colio, ex coordinadora de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz durante los años 2010 y 2014, fue detenida por los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y desvío de recursos.

La detención de Gina Domínguez destapó la cloaca que ya se atisbaba en denuncias de periodistas y medios de comunicación. Tras el arresto de la ex funcionaria, Blog Expediente publicó una nota en la que señaló algunas de las estrategias en las que incurrió Domínguez para amordazar a la prensa, tanto local como nacional, en el que se mencionó que Domínguez tenía poder suficiente para retirar a periodistas incómodos con hacer una llamada a la redacción del medio al que pertenecía:

“Si el reportero de la fuente le hacía una pregunta incómoda al Gobernador Javier Duarte de Ochoa, en menos de 20 minutos le estaba llamando a su jefe: ‘No lo quiero a él. No me gusta su estilo al preguntar. Pon a otro’,” señaló el diario digital veracruzano.

Cuando Javier Duarte de Ochoa era amo y señor de la prensa, todos los días aparecía su foto en las portadas, e incluso las notas llevaban una misma cabeza. El dinero fluía por toda la prensa, a pasto. Nacional o veracruzana. Gina Domínguez, de acuerdo con distintos testimonios, podía quitar y poner reporteros a voluntad, y daba órdenes a dueños y directores de medios.

La ex vocera de Duarte fue vinculada a proceso por el desvío de 100 millones de pesos a través de un esquema de empresas fantasma, de acuerdo con pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE). Los desvíos denunciados por la administración yunista en contra de Gina Domínguez y su sucesor, Alberto Silva Ramos, rebasaron los 4 mil millones de pesos.

En 2014, Alberto Silva asume la coordinación de Comunicación Social de Veracruz y Oliver Olea, ex asesor de medios digitales de Duarte, la jefatura de Veracruz-zona conurbada de RTV, organismo que, de acuerdo con los informes de Gobierno de Duarte tenía amplia participación en la promoción de campañas de promoción turística del estado.

Además, como director de la agencia LOT, Olea Jarquín ha producido spots para campañas como Veratur. A pesar del protagonismo que tuvo Olea en la comunicación social de Javier Duarte, desde el periodo de campaña no fue vinculado a los desfalcos.

De acuerdo con el Quinto Informe de Gobierno de Javier Duarte, Alberto Silva Ramos, quien asumió la coordinación de Comunicación Social tras la salida de Gina Domínguez, aplicó una reingeniería administrativa a la coordinación e instaló una unidad de monitoreo de medios de comunicación desde la que vigilaba sin intermediarios la actividad de la prensa local.

Silva se desempeñó entre el 2013 y 2014 como delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y dejó el cargo por petición de Duarte para desempeñarse como Vocero hasta el 2015, cuando se lanzó como candidato para Diputado federal.

Durante el periodo en que Duarte fue Gobernador, el priísta de cepa se consolidó como una de las piezas más destacadas del partido en Veracruz. Aún en funciones como Diputado federal, asumió la presidencia estatal del Revolucionario Institucional (PRI). Silva saltó de un puesto a otro, en 2016 pidió licencia al cargo de Diputado para reincorporarse a la coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz y ahí se mantuvo hasta que Duarte renunció.

Silva Ramos fue señalado por el ex Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares como uno de los principales orquestadores del desvío millonario por a través de la red de empresas fantasma, pero ha logrado evadir todas las acusaciones.

En 2017, la FGE abrió la carpeta de investigación con número de folio FGE/FIM/CI/36/2017 en la que se le señala por el desvío de 2 mil millones de pesos. En el mismo año, un juez federal le concedió un amparo con el que impidió la judicialización del caso. Hasta el momento la FGE continúa sin proceder en contra del ex legislador, quien a pesar de las acusaciones de corrupción en su contra, anunció este mes, desde las redes sociales su regreso a la política.

El 16 de agosto, Silva Ramos anunció a través de su página oficial de Facebook que junto a integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) prepara un proyecto para el periodo electoral del 2021.

Tomado de Sin Embargo.