La confesión involuntaria de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de que el gobierno federal estaría negociando con cárteles del crimen organizado para pacificar al país, pudo haber tomado por sorpresa a algunos, sin embargo, es una vieja idea que ronda por la cabeza del Presidente y que hoy se ejecuta casi en la clandestinidad.
El pecado de la exministra de la Corte fue la indiscreción, no la idea. Esta pertenece al Presidente.
El martes pasado, Sánchez Cordero, reveló que el gobierno de López Obrador inició pláticas con grupos de la delincuencia organizada en diferentes estados del país, como Guerrero, y que éstos han manifestado su intención de deponer las armas. “Estos grupos que, al final del día, han estado cometiendo homicidios unos contra otros, ya no quieren más muerte; no quieren ya estar en esta situación que en este momento se encuentran”. La declaración fue diáfana. Y entonces se le vino el mundo encima
De inmediato, desde el Presidente hasta los subalternos salieron a desmentirla y a matizar la declaración. Se dijo que no se trataba de delincuencia organizada, sino de organizaciones sociales –autodefensas entre ellos- que estarían dispuestos incorporarse a la legalidad. Nadie les creyó porque la promesa ya estaba hecha desde hace mucho tiempo.
A los pocos días de la elección presidencial fue la propia Sánchez Cordero quien explicó que la propuesta de paz incluye no sólo una polémica ley de amnistía para perdonar a los bajos rangos del mundo criminal, sino además una ley personalizada de reducción de condenas para quienes den información que permita capturar a los capos y despenalización de marihuana y amapola, base para la elaboración de la heroína que inunda Estados Unidos.
“No sólo va a ser amnistía, va a ser una ley de reducción de penas, vamos a proponer la despenalización, crear comisiones de la verdad, vamos a atacar las causas de la pobreza, vamos a darle becas a los chicos y vamos a trabajar en el campo para poderlos sacar del tema de la droga”, dijo entonces Sánchez Cordero. La estrategia no ha cambiado y las negociaciones con los cárteles empiezan a tomar forma.
Ya como presidente, en febrero de este año, López Obrador dio por terminada lo que durante dos sexenios se reconoció como la guerra contra el narco. “No hay guerra”, respondió el mandatario a los reporteros. “Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz”. La frase del mandatario surgió cuando explicaba la estrategia de seguridad de su gobierno, que busca reducir la violencia y homicidios más que capturar a grandes capos. Hasta ahora, no se ha logrado ninguna de las dos cosas
Sin embargo, la buena voluntad del Presidente no ha sido reconocida por los grupos de la delincuencia organizada. Más allá de los eventuales acuerdos secretos que se puedan alcanzar, lo cierto es que la violencia no cede y que los crímenes y las ejecuciones aumentan en el país; hay regiones que siguen ingobernables, como es el caso de Michoacán.
La indiscreción de Sánchez Cordero no sólo pudo poner en evidencia los acuerdos que el gobierno federal busca alcanzar en la ilegalidad sino que podría ser al mismo tiempo un llamado de alerta para países como Estados Unidos y Colombia, que siguen teniendo una injerencia directa en México por ser el origen y destino de una buena parte del mercado de las drogas.
El plan sigue en marcha. Hace apenas un par de semanas, la BBC británica publicó un artículo que se refería a “la polémica «pacificación» que propone López Obrador para terminar con la cruel guerra del narco en su país.
“Paz, reconciliación, perdón, amnistía, legalización. Algunas de las palabras clave en la estrategia del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para terminar con la violencia por la guerra contra el narcotráfico. La propuesta se prepara con la participación de expertos, organizaciones civiles, víctimas y familiares de personas desaparecidas.”
“El objetivo es construir un proceso de paz que permita la reconciliación y en muchos casos, aplicar justicia en homicidios y desaparición de personas. El nivel de impunidad en estos delitos, según datos oficiales, es de 98% en promedio”, señala la publicación.
De manera extraoficial se sabe que el gobierno federal mantiene comunicación con miembros del crimen organizado, grupos de autodefensa y hasta guerrillas desde hace al menos tres meses. La insurgencia buena, como se le sigue viendo al EZLN, también amplió su zona de influencia con la complacencia del propio Presidente.
Negociar la paz sobre la tumba de cientos de miles de personas no será una tarea fácil.
Las del estribo…
- Esta mañana, José Mancha y Joaquín Guzmán estarán solicitando, one more time, su registro como candidatos a la dirigencia estatal del PAN. Serán los mismos contendientes pero en diferentes circunstancias; es posible, incluso, que algunos diputados locales se vayan a hacer campaña, unos para conservar privilegios y otros para lograrlos.
- La agenda del gobernador ya luce robusta, en concordancia con la actividad que realiza su gobierno. Lástima que el talón de Aquiles siga siendo su comunicación oficial. Hay eventos que ni siquiera se registran –como fue el caso de la reunión de ayer en palacio de gobierno- y cuando lo hacen, es a través de un mensaje sin contenido. Es un naufragio.