Este lunes, la Comisión de Vigilancia del Congreso local, presidida por el diputado Eric Domínguez Vázquez, aprobó la convocatoria pública para la elección de quien será titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) para un periodo de siete años, dado que el periodo del actual Auditor General concluye el próximo 26 de septiembre,

Según la convocatoria, que contempla un periodo de recepción de documentación de aspirantes del 20 de agosto al 2 de septiembre, podrán participar todos aquellos profesionistas con al menos dos años de residencia en la entidad previa al nombramiento, además de otros requisitos, incluido el actual auditor Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, quien se ve como uno de los elementos a vencer por su desempeño en los últimos siete años que vencen el mes próximo.

Del 3 al 5 de septiembre, la Comisión de Vigilancia revisará el total de las solicitudes al cargo de Auditor del ORFIS, a fin de verificar que cumplan lo establecido en la convocatoria para que, de ser aprobatorio, pasen a la siguiente fase. Posteriormente, del 6 al 20 de septiembre, se llevarían a cabo las entrevistas con las y los aspirantes registrados.

Entre el 23 y 24 de septiembre se celebraría la sesión de la Comisión de Vigilancia para que, con base en las entrevistas y tomando en consideración la información vertida en ellas, se emita el dictamen con el nombre de las tres personas propuestas para el cargo, a fin que sea el Pleno, por mayoría calificada, el que elija.

Como resultado de este dictamen, se estaría efectuando una sesión extraordinaria el 26 de septiembre para la votación y elección del Auditor General del Orfis.

¿Quiénes buscarán el puesto? Hasta el momento, son ocho los aspirantes a ocupar el cargo de Auditor General, aunque el abanico podría abrirse… o cerrarse a la mera hora.

Los más sonados, además de quien está en funciones Antonio Portilla, son: quien inauguró el cargo en el gobierno de Miguel Alemán, el CP René Mariani Ochoa, quien hace tiempo salió de Veracruz; el excontralor general en el gobierno de Javier Duarte, Iván López Fernández, y el expresidente del comité ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, Sergio Vásquez Jiménez.

Junto a ellos se suman Arturo Rivera Hernández, integrante del despacho Contadores Públicos y Consultores del Golfo; José Eufracio Lira, auditor fiscal del Sistema de Administración Tributaria; Raúl Morales Flandes, quien viene con la marca de Yunes Linares, en cuyo gobierno fungió como subdirector de Ejecución Fiscal, y Javier Cruz Salas, tesorero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Buen mensaje del Auditor General del Orfis

No tiene desperdicio el mensaje de este lunes del auditor general Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, quien al salir al paso de las críticas que está recibiendo por hacer su trabajo, por informar a los veracruzanos lo que realiza y por presentar denuncias en contra de gobernantes corruptos, algunos actores se han querido ensañar con él.

Primero, dice que quien pretenda hacer del Orfis un instrumento político, pierde la dimensión social de una de las más altas responsabilidades públicas, en la que ninguna voluntad personal está por encima de la salvaguarda del erario en beneficio de la colectividad.

En su mensaje semanal comentó  que en el Orfis “promovemos la transparencia, el buen gobierno y la rendición de cuentas, como estrategia de combate a la corrupción, en respuesta a la creciente demanda ciudadana en estos temas. Esa es nuestra obligación, no actuamos por consigna ni por revancha, sino apegados a lo que nos señala la normatividad”.

Así que se equivocan quienes ven al Orfis como un botín político. El auditor lo ha engrandecido, le ha dado proyección y hoy por hoy esta institución tiene reconocimiento estatal y nacional.

En franca alusión a la guerra mediática que se ha desatado por diversos actores que tienen interés en la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, dijo que “reducir todo un andamiaje institucional y equipo humano capacitado, profesional y experimentado a visiones limitadas, no abona en nada a la solidez de una estructura que se ha construido en Veracruz en favor de la contraloría social, de la fiscalización de los recursos públicos y de la aplicación de las leyes en materia de contabilidad gubernamental, transparencia, disciplina financiera y deuda”.

Que no se equivoquen quienes se han lanzado a atacar a Portilla y al Orfis. Así se defiende el funcionario al señalar que “la consolidación de todo ente gubernamental moderno que busca ser eficiente, eficaz, transparente y con un uso honesto de los recursos públicos es asunto de responsabilidad pública; implica generar condiciones que garanticen la confianza ciudadana en las instituciones y en este marco, la fiscalización superior no debe ser vista como superficial o poco importante”.

“Las y los veracruzanos actualmente podemos estar orgullosos de contar con un Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) sólido, confiable y acreditado, que a nivel nacional ha probado su liderazgo al ser pioneros en la aplicación de iniciativas que sistematizan la información de manera oportuna, haciendo más útil y cómodo su manejo para los fines que se requieran, e incluso para el acceso de la sociedad al seguimiento de la aplicación de los recursos en las obras y acciones gubernamentales y el diseño de políticas públicas que mejoren el entorno municipal”.

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La violencia flagela a los más pobres

Como en Michoacán, donde los grupos criminales hallaron en el negocio del aguacate una de sus principales minas, afectando a productores, muchas de cuyas fincas y empacadoras fueron requisadas mediante la amenaza y la violencia, en Veracruz es en los parajes rurales donde se percibe más la mano de los grupos delictivos y menos la del Estado protector. Apenas el 16 de mayo pasado, Tuzamapan, una congregación del municipio de Coatepec, pasó de ser un apacible pueblo a convertirse en una sucursal del infierno. Un grupo de sicarios fuertemente armados balacearon sin clemencia alguna a un grupo de citricultores que vendía sus limones en un área destinada a la comercialización de este producto, con un saldo de 5 muertos y tres heridos. Tres meses después, este lunes 19 de agosto, los sicarios volvieron por un productor más, a quien dejaron tendido en el suelo, para posteriormente escapar por la carretera Jalcomulco-Totutla.

La situación es similar en la zona de Actopan y Alto Lucero, donde hace varios meses fueron asesinados varios pobladores por sicarios que se movieron por la zona en varios vehículos, buscando a activistas que se han manifestado en contra de la operación de mineras canadienses que amenaza con la contaminación de sus mantos freáticos y el aire, además de acabar con cientos de hectáreas de bosque.

Ahí mismo en Actopan, el 3 de agosto fue asesinado el periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez, luego de varios ataques violentos en contra de su auto y su vivienda, que no fueron debidamente investigados por la Fiscalía General, y se habla con mucha insistencia de la intervención de grupos criminales que dominan esa región, imponen autoridades municipales, cobran piso y exigen protección de las policías municipales.

En este caso criminal, una de las líneas de investigación, surgida de inmediato, llega hasta el alcalde José Paulino Domínguez, a quien el reportero habría señalado recientemente de actos de corrupción. Sin embargo, este personaje panista es compadre del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y podría ser protegido por el actual fiscal Jorge Winckler Ortiz, quien solo atiende las necesidades de la facción política que lo llevó al puesto.

A todo lo largo y ancho del estado, es en las zonas rurales y urbanas marginadas donde la violencia se ceba con centenares de víctimas, exacerbando los índices de marginación por la falta de seguridad adecuada de su población. En efecto, muchos de los que continuamente engrosan las cifras delictivas de Veracruz fueron parte de las bandas criminales o las retaron, lo que ha causado reacciones violentas que han tenido consecuencias incluso para sus familiares.

¿Qué hacen los gobiernos estatal y federal para aminorarlo? Como en el anterior gobierno, pareciera que la presencia de fuerzas policíacas, a las que se han sumado ahora elementos de la Guardia Nacional, por el momento solo han logrado temporalmente la salida de grupos criminales que se han movido a otras regiones para evitar ser aprehendidos o liquidados, por lo que los números se mantienen en lo más alto, con la salvedad de que mientras en unas ciudades o regiones bajan, casi en la misma proporción suben en otros nuevos escenarios.

Por desgracia, no ha habido una estrategia que incluya trabajo de inteligencia para debilitar las fuertes estructuras delictivas que, a diferencia de nuestras policías, sí conocen el terreno y hasta se dan el lujo de seguir actuando incluso cerca de destacamentos policiacos.

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Hubo acuerdos en el Tribunal Electoral de Veracruz

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó no otorgar las medidas solicitadas por el Regidor Primero del Ayuntamiento de Las Choapas, toda vez que carecen de mínimo de elementos para la construcción del agravio. El Regidor Primero interpuso el juicio ciudadano contra el Presidente Municipal, por diversas acciones u omisiones que obstaculizan su función.

El TEV, declaró como infundados los agravios, ya que se verificó que el actor ha sido convocado y ha participado en las sesiones de Cabildo. Además, el actor señalaba cancelación de viáticos, discriminación laboral, ataques hacia su persona en medios de comunicación, despido de su auxiliar y negativa de recibir oficios o solicitudes de algún documento; dichos planteamientos resultaron inoperantes.

Por otra parte, en los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, pertenecientes a los municipios de Alvarado, Coatepec,  Mecatlán, Xico, Calcahualco, Altotonga, Alto Lucero y Soteapan, se declaró fundada la omisión ya que, constitucionalmente, los accionantes tienen derecho a recibir una remuneración por el desempeño de sus cargos; y de actuaciones se acredita que, en el presupuesto de egresos 2019, los Cabildos respectivos omitieron establecer alguna partida presupuestal. En consecuencia, se ordenó a los Ayuntamientos, contemplen el pago de una remuneración, vinculando para ello al Congreso del Estado para su cumplimiento.

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