El ayuntamiento de Veracruz, a cargo del panista Fernando Yunes Márquez, acumula irregularidades financieras por más de 64 millones de pesos, además de observaciones en la obra pública por otros 32 millones de pesos tan solo en 2018, que fue su primer año de gobierno municipal, además de año electoral, con su hermano mayor compitiendo por la gubernatura del estado. Aparentemente, según nos cuentan, difícilmente podrá solventar, lo que implicaría denuncias penales tanto en la Fiscalía General de la República (FGR) como en la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con datos de las auditorías practicadas a ese municipio y de los cuales tiene conocimiento ya el Congreso del Estado, en la administración del ayuntamiento de Veracruz se asignaron obras sin contratos, se pagaron sobreprecios y hay obras pagadas sin estar concluidas.

En el caso de las irregularidades financieras, se resaltan pagos por más de 20 millones de pesos de participaciones federales de los cuales no se tiene su comprobación, evasión del pago del Impuesto sobre la Renta, Impuesto a la Nómina, aportaciones al IPE y un subejercicio por 20 millones de pesos que tendrá que devolver a la Tesorería Superior de la Federación.

Estas irregularidades forman parte del pliego de observaciones que le fueron notificadas al ayuntamiento de Veracruz por parte del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) y que aún no logran ser solventadas, por lo cual estarían incluidas en el informe de la cuenta pública 2018 a entregarse a la Comisión de Vigilancia el próximo mes de septiembre.

Algunos datos que ya están en manos de funcionarios y ediles del municipio de Veracruz, así como de algunos diputados locales de la zona, advierten diversas irregularidades en el gobierno de Fernando Yunes Márquez que, de acuerdo a la nueva Ley de Fiscalización y a la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, podrían derivar en denuncias penales inmediatas, independientemente de continuar por la vía administrativa.

Entre las observaciones de carácter financiero se encuentran movimientos realizados en la cuenta número 476516780 por un monto de 2 millones 896 mil pesos sin constancia de su aplicación o comprobación. Tal situación se repitió en la cuenta número 0111310569 del Fortamun, donde no existe el registro del uso de 12 millones 693 mil pesos.

Al 31 de diciembre pasado, el alcalde Fernando Yunes Márquez dejó pasivos por un monto de 31 millones 211 mil 575 pesos incumpliendo la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En este caso, el pasivo es derivado de las deudas que no cubrió por concepto de remuneraciones al personal transitorio, remuneraciones adicionales y especiales por pagar a corto plazo, seguridad social, otras prestaciones sociales y económicas, materiales y suministros, servicios generales, ayudas sociales y pensión alimenticia.

Tal como ocurrió en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, que dejó de pagar los impuestos federales, el alcalde panista de Veracruz incurrió en la misma práctica, pues descontó a los trabajadores las aportaciones al IMSS, Fonacot, ISR, cuota al IPE, Impuesto a la Nómina e Impuesto Sobre la Renta, todo por un monto global de 18 millones de pesos.

Durante 2018, el municipio de Veracruz, conforme a sus estados financieros, refleja un saldo no ejercido de 10 millones 339 mil pesos que se encuentran en el saldo de un estado bancario correspondientes a dicho año, pero además también recibió recursos adicionales de 2017 por 9 millones 611 mil pesos que tampoco ejerció, por lo que incumplió con el principio de anualidad y tendrá que devolver a la Tesorería de la Federación.

Aunque durante el bienio pasado, donde el papá del alcalde, el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, pagó recursos pendientes de la era duartista, el ayuntamiento de Veracruz no ejerció un millón 813 mil pesos del año 2016 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

Otros fondos donde también cayó en subejercicio la administración del alcalde Fernando Yunes Márquez son los de Zona Federal Marítimo Terrestre por 200 mil 611 pesos y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por 274 mil 551.

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Cuitláhuac, con varios frentes abiertos

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez tiene muchos frentes abiertos. A los temas que no ha logrado darles solución, como la salida de un Fiscal cuya principal labor ha sido torpedearlo a costa de la seguridad de la población, se le suman otros que, siendo responsabilidad de sus colaboradores, repercuten negativamente en su imagen política.

El último y más sonado es la incorporación a su gobierno de Miguel Ángel Vega García, involucrado en la famosa Estafa Maestra en la Sedesol y la Sedatu, hoy por hoy el único proceso contra la corrupción del anterior gobierno federal que tiene abierto la Fiscalía General de la República (FGR), y que este martes se manifestó en la vinculación a proceso por presunto ejercicio indebido del servicio público de Rosario Robles Berlanga, a quien se le dictó prisión preventiva en el Reclusorio de Santa Martha Acatitla.

Aunque se le ha preguntado en varias ocasiones, este martes el gobernador morenista ha señalado a la prensa que su gobierno no solapará a ningún funcionario involucrado en la llamada Estafa Maestra, pese a que en la Contraloría General del Estado, a cargo de la tlaxcalteca Leslie Mónica Garibo Puga, opera Vega García nada menos que como director de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública, pese a haber formado parte de la estructura de la Sedesol federal como titular del  Órgano Interno de Control (OIC), en calidad de colaborador de la desde este martes presidiaria.

Por supuesto, puede que la de Cuitláhuac García no pase de una mera declaración pública para salir del paso y que no se actúe en consecuencia; puede ocurrir también que la orden de la salida del funcionario señalado provenga de arriba, del mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, una vez que la información escale de nueva cuenta a la prensa nacional. Y también puede ser que Vega García no tenga mancha en el tema de las empresas fantasma con las que se desviaron más de 5 mil millones de pesos de las arcas federales, aunque con el puesto que ocupaba, al menos puede ser señalado de omiso.

La pregunta es quién lo trajo al Gulag xalapeño, quién le quiso dar salvoconducto para evitar la acción de la justicia federal que podría llamarlo al menos como testigo en el caso de la Estafa Maestra, con qué propósito le dieron una clave de tan regular tamaño, por cierto relacionada con la transparencia y la lucha contra la corrupción, teniendo una experiencia que rebasa con mucho la que ha mostrado tener la titular de la Contraloría. Quien haya sido no le importó afectar a su jefe ni al proyecto de Morena, y eso es de meditarse.

Le empiezan a explotar las bombas; ¿desactivará la de Winckler?

Hace muchos años, cuando comencé a laborar en el sector público teniendo a mi cargo una oficina encargada de varios programas de promoción cultural en el estado de Morelos, un antiguo jefe me dijo que los pendientes en el trabajo son como bombas de tiempo con las que había que lidiar ya sea desactivándolas o pasándolas a quien pudiera hacerlo para no nos estallaran en las manos.

A Cuitláhuac García le han estallado varias bombas; la primera y más importante ha sido la de la remoción del Fiscal General, al que se ha tratado de matar como las moscas, a periodicazos, pero sin promover adecuadamente procesos jurídicos que lo puedan llevar a tribunales, cuando puede haber litis. En los puestos 1 y 2 del gobierno estatal despachan dos ingenieros, uno mecánico electricista y otro agrónomo, ninguno de los cuales está familiarizado con el derecho, lo que se nota particularmente en el dos, por sus frecuentes salidas a denunciar en tribuna, que no ante los tribunales, las graves fallas e, incluso, posibles delitos de Jorge Winckler.

Es cierto que, junto con el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, ha ido en dos ocasiones a presentar denuncias contra el Fiscal ante la Fiscalía General de la República, pero por lo visto a Alejandro Gertz Manero, el tiempo apenas le alcanza para los peces gordos que le encarga el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esperamos que la entrevista que esta semana tuvo el gobernador con Gertz Manero en la Ciudad de México tenga consecuencias de inmediato, porque un fiscal como el de Veracruz representa ni más ni menos que mantener a Veracruz en la peor circunstancia de impunidad, y entre más tiempo siga aferrado al puesto, peor nos va a ir.

Hasta donde tenemos entendido, la reunión del mandatario con el Fiscal federal tenía varios temas, como el seguimiento de la denuncia contra Javier Duarte, la activación de denuncias contra Miguel Ángel Yunes Linares, Julen Rementería y otros miembros de su gabinete y la destitución legal de Jorge Winckler.

El pasado 1 de agosto, Cuitláhuac García presentó la solicitud de continuar las pesquisas en torno al dinero, propiedades y activos que pudieran encontrar en Estados Unidos o en países extranjeros, que hubiesen sido retirados ilegalmente del Estado de Veracruz por exfuncionarios del gobierno; ya sabemos que el caso estará a cargo del despacho The Buzbee Law Firm, afincado en Houston, Texas.

Por añadidura, Cuitláhuac también acudió a activar denuncias contra exmiembros del gabinete de Miguel Ángel Yunes Linares (quien, por cierto, este martes se paseó por el centro de Xalapa a propósito de las exequias del cardenal Sergio Obeso), entre los que se encuentra Julen Rementería del Puerto, señalado por diversos actos de corrupción durante su estancia como titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, como haber dado contratos millonarios a empresas del entonces dirigente estatal del PAN, Pepe Mancha, y de su esposa Montserrat Ortega, así como presuntos desvíos millonarios.

Pero el tema estelar en la entrevista es el de la permanencia de Jorge Winckler al frente de la Fiscalía General del Estado, una dependencia que con él al frente fue colocada entre las cinco peor calificadas del país, según el documento “Hallazgos 2018. Seguimiento y evaluación del Sistema de Justicia Penal en México”, elaborado por México Evalúa, un centro de investigación y monitoreo de la operación gubernamental.

Ya veremos si Gertz Manero cachó la pelota o si la dejó ir porque a todas luces el batazo se iba de foul.

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La violencia criminal está cada vez peor

El otro motivo de preocupación en el gobierno estatal, pero sobre todo, en la sociedad, es el de la creciente violencia criminal, que nos ha regalado con escenas dantescas y ya no respeta ni a mujeres embarazadas ni a menores de edad. Es cierto que es una violencia generalizada en el país e, incluso, muchos piensan que ha sido incendiada la pradera con gasolina azul para lograr una evaluación absolutamente reprobatoria con miras a las elecciones intermedias de 2021. Sin embargo, ninguna de esas posibles razones del crecimiento en el número de homicidios dolosos y otros delitos graves puede atenuar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad pública, pero tampoco la responsabilidad que tiene el fiscal Jorge Winckler, cuya inacción ha generado la más abominable impunidad, que es una especie de alimento, de vitamina, para los criminales que no sienten riesgo de realizar sus actividades delictivas en Veracruz.

Apenas esta semana, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a Veracruz como parte de los estados en que no ha sido contenida la violencia delictiva, con lo que se confrontó con el gobernador que había dado cifras en que la línea era descendente.

Ahora, López Obrador ha dicho que Veracruz tiene un déficit de 66.98 por ciento en elementos policiacos, por lo que es necesario fortalecer estas áreas, al presentar una evaluación nacional en este rubro. Y añadió que, a pesar de la violencia y la inseguridad, los gobiernos de los estados tienen un déficit de más de 102 mil policías para desplegar en territorio, lo que representa un faltante del 28.65 por ciento.

Los datos de la Presidencia apuntan a que en el país existen 255 mil 866 elementos de corporaciones estatales y municipales, una cifra muy baja si se considera que la cantidad ideal o necesaria es de más de 358 mil elementos.

Dijo que el estado que reporta las peores condiciones es Veracruz, actualmente gobernado por Morena, en donde el déficit de elementos policiales alcanza el 66.98 por ciento. El segundo lugar lo ocupa Oaxaca, gobernado por el PRI, con un faltante del 57.53 por ciento. Le sigue Durango, gobernado por el PAN, con un rezago de 54.49 por ciento; seguido de Puebla, con el 53.88 por ciento.

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