Prefacio.
José de Jesús Mancha ya no sabe qué más hacer para torcer la decisión del máximo órgano judicial en materia electoral. *** Ya existe una sentencia firme que anula el desaseado proceso interno con el que pretendió reelegirse al frente de la dirigencia de Acción Nacional en Veracruz, y a pesar de ello sigue ostentándose como titular de ese cargo y pretende mover las piezas para simular la reposición del proceso interno, una vez más con los dados cargados a su favor, la única forma que conoce para mantener sus privilegios. *** Este fin de semana convocó a una reunión del Consejo Político para designar a la nueva Comisión Organizadora Electoral, que en el papel sería la responsable de llevar los trabajos de la elección extraordinaria a la dirigencia. *** Aunque consiguió reunir a 53 de los cien consejeros políticos, la convocatoria fue emitida con menos de 12 horas de anticipación (las reglas establecen que se debe emitir, al menos, 72 horas antes) por lo que, de impugnarse las resoluciones de este evento, con seguridad serán anulados. *** Por lo pronto, Guillermo Martínez, Dina Libna González Portas, Verónica Pulido, Juan José Castillo y Daniel Ruiz, integran la nueva Comisión Organizadora Electoral. Ojalá tengan claro que les toca velar por el respeto a la voluntad de la militanca panista en Veracruz.
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Corrían los últimos meses del 2006. Andrés Manuel López Obrador recorría el país –en lo que llamó una “gira informativa- autonombrado “presidente legítimo”, luego de que los órganos electorales confirmara la victoria del panista Felipe Calderón Hinojosa.
En Pachuca, Hidalgo, “El Peje” denunció que el gobierno federal usaba al Ejército Mexicano, disfrazado de Policía Federal Preventiva, para reprimir al pueblo y acusó que “el gobierno usurpador se preocupa de proteger los intereses de las minorías, defender los intereses creados; pretende mantener los privilegios de unos cuantos”.
Ahora en el Poder, Andrés Manuel López Obrador hace, precisamente, lo que tant criticó hace más de 12 años. Utiliza a las fuerzas armadas (cuyos elementos son vestidos de policías federales o de “guardia nacional”) como ariete contra la sociedad, en su afán de defender los intereses de grupos privilegiados.
Sólo así se explica que las fuerzas del orden sean puestas al servicio de un corporativo extranjero que pretende atentar contra la legítima propiedad de familias mexicanas.
A finales de la semana pasada circuló en medios de comunicación y en redes sociales el siguiente escrito de protesta:
“Pedimos urgentemente que cese el hostigamiento, uso ilegal de fuerzas del Estado y se respeten las desiciones del Poder Judicial de la Federación.
“Hoy ante los hechos suscitados en Vega de Alatorre, Veracruz, es evidente el uso ilegal de fuerzas estatales y federales pasando por alto -y violando- la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de los derechos humanos de la familia Spinoso Carrera y sus abogados, además de incurrir en el desacato a las resoluciones del Poder Judicial Federa, plasmadas en la Ley de Amparo.
“Las acciones que se han venido registrando en contra de esta familia -y que cada día son mas intensas y desproporcionadas en el uso de la fuerza- evidencian la arbitrariedad con la que empieza sus labores la Guardia Nacional en el estado de Veracruz”.
La historia comienza con un propósito de campaña de Enrique Peña Nieto, que sin proyecto, sin estudios, pasando por encima de zonas arqueológicas, de pozos y nacimientos de agua vitales y concesionados a las comunidades; destruyendo manglares, zonas costeras, Unidades de Manejo Ambiental y humedales, licitó la construcción de una carretera, concurso que ganó la empresa Mota Engil, empresa portuguesa favorecida por Peña Nieto, la misma del socavón que mató niños y mujeres en el Circuito Exterior Mexiquense.
Al oponerse a esta obra irregular y a su licitación ilegal, los miembros de la familia Spinoso promovieron diversos amparos y en congruencia con sus argumentos, obtuvieron la protección de la justicia federal, emitiendo diversas suspensiones de los actos reclamados.
A pesar de ello, el gobierno estatal, apoyado en esta ocasión por fuerzas federales, violentó las suspensiones ordenadas por el Poder Judicial y entró mediante el uso de la fuerza a los predios.
Al margen de la flagrante violación a los ordenamientos judiciales, las autoridades estatales y la Guardia Nacional solaparon la destrucción de vestigios arqueológicos y la alteración de los cauces de agua que alimentan los manglares, hasta donde llegan los peces del Golfo de México para reproducirse. Todo ello está tipificado como delitos del fuero federal.
El hostigamiento contra la familia Spinoso se podía explicar (nunca justificar) en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, quien convirtió los diferendos políticos en agravios personales y persiguió a todos aquellos personajes que fungieron como servidores públicos en las administraciones de Fidel Herrera y Javier Duarte.
Lo realmente extraño es que sean los gobiernos de Morena los que refrenden los actos ilegales iniciados por la administración de Yunes Linares. En sus discursos lo acusan de corrupto, pero en los hechos le dan continuidad a sus actos ilegales.
Ese clima de hostigamiento y persecución –jurídica y mediática- contra la familia Spinoso, tuvi la semana pasada un episodio más, con la agresión y detención ilegal del abogado de la familia, por haberse presentado -con los amparos en mano- a notificarles a los miembros de la Guardia Nacional que incurrían en un desacato judicial.
Todo parece indicar que hay en este caso fuertes intereses ($) que motivan a las autoridades estatales a ir en contra de su discurso y el de su máximo líder (“nunca mandaré al Ejército a reprimir al Pueblo”, ha insistido en múltiples ocasiones el Presidente) para imponer su voluntad.
Es momento en el que el organismo encargado de impartir justicia en el país tome cartas en el asunto y actúe de forma categórica contra aquellos que pretenden pasarse la Carta Magna por el arco del triunfo.
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Epílogo.
Andrés Manuel López Obrador se subió el ring de las grillas locales en Veracruz. En su visita a Zongolica se tomó el tiempo para hablar de los políticos ambiciosos: “Imagínense lo que pasaba aquí, en Veracruz. Un gobernador corrupto sustituido por otro gobernador corrupto, los presidentes municipales lo mismo; aquí en la Sierra de Zongolica, donde hay más pobreza se despertó la ambición y hasta se dañaban físicamente, hasta asesinatos por robarse el dinero de los ayuntamientos”. Cualquier semejanza con lo que se vive en Mixtla de Altamirano –como diría el clásico- “es mera coincidencia”. *** Aquellos que fueron servidores públicos durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, de pronto desaparecieron. Los está buscando el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) para que solventen algunas de las observaciones que han encontrado en sus cuentas públicas. *** El Orfis ha recurrido a los edictos en la Gaceta Oficial del Estado y siguen sin aparecer. Un segundo edicto saldrá esta semana y los convocados deben recordar que “el que calla otorga” y si no se presentan a aclarar sus cuentas, más adelante lo tendrán que hacer frente a un Fiscal.
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