Trabajé durante dos años y medio en la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas (CEAV). Conocí por dentro y de primera mano a esta organización gigantesca, de caminar paquidérmico como cualquier institución en la que sus fines no están acompañados de un diseño institucional correcto, y una organización autárquica en la que sus directivos funcionaron más como reyezuelos que como ejecutivos capaces y efectivos.

Hoy, nuevamente la CEAV se encuentra en el proceso para tener un nuevo Comisionado Presidente, que pasa por la elección del Senado. Desde mi punto de vista, de nada sirve un proceso transparente o democrático si la arquitectura e ingeniería de la construcción está mal hecha, por más que se elija a un buen administrador.

La CEAV pasó, entre de 2013 a 2016, de una dirección colegiada por medio de comisionados que resultó un desastre, a contar en 2017 con un Comisionado Presidente, Jaime Rochín, quien, además de nunca haber conocido bien su institución ni a su personal (y mucho menos a las propias víctimas), pasó, él y muchos de sus directivos, como personas insensibles, elitistas, valemadristas, pero sobre todo sin ninguna o muy poca capacidad ejecutiva o directiva. Respondieron más a caprichos o presiones externas de actores políticos y sociales, que a una lógica de gestión eficiente y con base en resultados. Ni siquiera la rendición de cuentas fue su interés o preocupación.

Este funcionamiento personal y autárquico de una institución esencial para la política gubernamental de atención a víctimas, estuvo acompañado además de una falta de claridad en los procesos de gestión, en el diseño institucional y en los protocolos de atención.

Junto a esto, la CEAV se volvió clientelar y corporativa, respondiendo a caprichos incluso de las propias víctimas. Se dedicó a atender a un solo tipo de víctimas, los familiares de desaparecidos, desatendiendo a otras muchas víctimas anónimas, invisibles, ignoradas y sin nunca haber conocido sus derechos. Por más que las familias y colectivos de personas desaparecidas tengan la legitimidad y el derecho de ser atendidas con dignidad y eficacia, que dicho sea de paso, se hizo a medias y mediocremente, ante la demanda y la crisis de los desaparecidos en el país, no se justifica que la institución no haya puesto atención en muchos otros tipos de víctimas, en sus procesos penales, en sus investigaciones sean éstas por delitos o por violaciones de derechos humanos, o en su acompañamiento psicosocial y de reparación.

El problema no es la Ley General de Víctimas, el problema es la estructura y funcionamiento centralizado e hiperburocrático de su aparato administrativo. La CEAV tiene que pasar por una refundación legislativa, así como administrativa y gerencial.

Creo que debería hacerse una distinción fundamental al reformar la ley. Se trata de separar la Asesoría Jurídica del resto de las medidas de ayuda, asistencia y atención. Y esto lo afirmo por dos cosas: la primera es darle un lugar diferenciado, distinto, especial e independiente a la Asesoría Jurídica y a la figura de asesor jurídico; la segunda es separar todo lo que tienen que ver con ayuda y asistencia, pero en especial con reparación, y no contaminarlo con un posible conflicto de intereses o funciones con lo que es propiamente atribución o función de la Asesoría Jurídica.

Desde esta propuesta, creo que la Asesoría Jurídica debería ser una institución descentralizada dependiente del Poder Ejecutivo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya función sea asesorar, defender y representar a las víctimas en todas las etapas del proceso penal o en investigaciones por violaciones a derechos humanos. Con ello se le daría una condición, nivel, legitimidad y prestigio tanto a la institución (Asesoría Jurídica Federal o Estatal) como al propio asesor jurídico.

Hoy en día esta distinción y legitimidad no se le da debido a que el resto de las dependencias y entidades públicas, las propias víctimas y en general la ciudadanía, se relaciona o se dirige a la CEAV como tal, como Comisión en su totalidad, y no a la propia Asesoría Jurídica como una entidad por derecho propio, quitándole a ésta y a la figura del asesor, una presencia y fuerza con la que deberían contar.

Por otro lado, lo que toca expresamente a las medidas de ayuda, asistencia y atención a las víctimas, desde el acompañamiento psicosocial hasta la reparación integral, eso sí es explícitamente función de la Comisión Federal o de las locales, donde debe haber especialistas de todas las profesiones y expertos para dar esos servicios a las víctimas.

El nuevo gobierno federal y los de las entidades federativas, antes de embroncarse en un nuevo proceso de elección de nuevos directivos, deberían hacer esta reforma esencial. De lo contrario otra vez viviremos el menosprecio, o por decir lo menos la invisibilidad y ocultamiento que hay hacia la Asesoría Jurídica y la figura del asesor, importantísima en el contexto y funcionamiento del proceso penal acusatorio y adversarial.

La experiencia en la CEAV nos dice que siempre hubo una falta de entendimiento entre estas dos grandes áreas, por un lado la parte de atención a las víctimas y por el otro la parte de asesoría jurídica. Ello se debió y se debe a que tienen lógicas completamente distintas, por más que los teóricos e ideólogos de la atención a víctimas lo justifiquen una y otra vez.

Esa relación, que efectivamente muchas veces y en momentos precisos es necesaria, se podría dar mejor siendo dos instituciones diferentes, separadas, independientes.

Las víctimas necesitan asesores jurídicos dedicados a ellas y a sus procesos penales o de violaciones de derechos humanos; asesores que estén concentrados en el caso, en el litigio, en las estrategias jurídicas y procesales.

Por otro lado, las víctimas también necesitan ayudas de emergencia en gastos de traslados o funerarios, necesitan acompañamiento psicosocial, médico y de trabajo social con especialistas en la materia que apoyen en diversas instancias que conforman el sistema de atención a víctimas, o incluso ante el propio asesor jurídico o el fiscal, las policías y los peritos.

Estamos a tiempo de corregir el rumbo, en este nuevo gobierno. Debemos consolidar, por un lado, una institución bien estructurada y diseñada, con procesos y protocolos claros para la atención, la ayuda y apoyo a víctimas en acompañamiento psicosocial y en la elaboración de planes de reparación y compensación integrales. Y, por el otro, crear una nueva Asesoría Jurídica fuerte, legítima, especializada, independiente, y con la preparación, profesionalización y prestigio suficiente para parase frente y ante los fiscales y los jueces de cualquier latitud.

Esta lógica debe ser igual en el nivel federal y local. Y aunque se lograra eventualmente superar esta etapa que actualmente se vive caracterizada por el paquidermismo de una institución que apenas tiene seis años de existencia, o que llegáramos a seleccionar y tener al mejor ejecutivo al frente, seguiríamos sin valorar en su justa dimensión una de las figuras más importante y esencial para las víctimas que es el asesor jurídico.