Los empresarios veracruzanos enfrentan requisitos para acceder a licitaciones públicas cada vez más complejas y con fallos que en muchas ocasiones ni siquiera están sustentados por parte del Gobierno del Estado, lo que los ha llevado a denunciar estas irregularidades ante la Contraloría General del Estado, a cargo de Leslie Mónica Garibo Puga.

Entrevistados de manera separada, los constructores y otros líderes de cámaras lamentaron que la actual administración de Cuitláhuac García Jiménez tardara tanto tiempo para iniciar las licitaciones de obra pública y que encima se les impongan requisitos que son limitantes para la participación de las empresas veracruzanas.

Es el caso del presidente de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz (ACEVAC), Rafael Núñez Landa, que cuestionó el método de calificar a las empresas ganadoras de las licitaciones, debido a que les exigen contar de tres a cinco contratos previos por cantidades similares a las que actualmente se licitan.

En ese sentido, dijo que este requisito que no está previsto en la ley resulta una limitante para las empresas que por varios años han tenido que sortear la falta de obra pública.

“Decimos que no es el idóneo porque es por puntos; nos gustaría que fuera binario. Eso es lo que no nos satisface porque descalifica a las empresas pequeñas de una licitación de cierto monto porque nos piden de tres a cinco contratos para poder participar en montos similares a los que se están licitando”.

El empresario lamentó que ahora las licitaciones se otorguen con base en puntuaciones que varían según los requisitos, por lo que algunos de ellos han impugnado este tipo de fallos.

“Eso descalifica a las empresas porque es el punto de mayor porcentaje. Es una limitante porque lo ponen en las bases de concurso, pero la ley no lo permite porque manifiesta que no pueden poner limitantes a la participación de las empresas”.

Cuestionado sobre las adjudicaciones directas que se han entregado durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que no pueden superar el 30 por ciento del presupuesto de las dependencias ya que en una mayoría deben otorgarse licitaciones públicas nacionales.

“He visto participaciones en licitaciones muy numerosas por la falta de trabajo (…) Es imposible no permitir la participación de las empresas foráneas porque así lo prevén las licitaciones públicas nacionales, pero que se debe priorizar dar preferencia a las empresas veracruzanas y a los locales es obvio, debería ser un postulado del gobernador Cuitláhuac García Jiménez”.

Indicó que recién comienzan las licitaciones debido a que “la curva de aprendizaje” ha sido más grande de la que se esperaba, pero aseguró que quien no participa es porque no quiere o no puede.

“Estamos licitando en casi todas las dependencias, a excepción de Espacios Educativos y de Sesver, que también ya empezó a licitar, pero se está aperturando la participación a todas las empresas veracruzanas, quien no participe es porque no ha de querer o de poder”.

A las críticas por el sistema de puntaje en licitaciones se sumó el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), Rafael Fentanes Hernández, que señaló que existen licitaciones de diversas dependencias que “se salen de la Ley de Obra Pública” que indica que no se deben incluir en las licitaciones características que limiten la libre participación de las empresas.

“En una licitación binaria en donde se ve experiencia y costo no puedes acotar que tengan cinco obras de 10 millones de pesos similares a la que licito en los últimos tres años porque impiden la libre participación”.

Agregó que a ello se suma la falta de transparencia en los fallos de las licitaciones públicas, ya que no hay un documento que avale las razone del porqué se elige a cierta empresa y otras se les rechaza.

“En el acta de fallo se dice que la empresa 1 fue descalificada por ciertas razones como que no consideró en su análisis de precios unitarios el costo del cemento a valor de mercado, que a la empresa 2 fue descalificada por otras razones como no incluir el costo de Seguro Social en el análisis de costo de mano de obra y así se va, finalmente la única empresa solvente o que cumple con todos los requisitos es la 14, y que por ello es oportuno asignarle la licitación, mientras eso pasa es transparente, pero cuando en el fallo solo dicen que la empresarial ganadora fue la número 14 por así convenirnos y no se vale reclamar, pues así no es el juego”.

Dijo que esto ha generado que se hayan interpuesto al menos dos recursos de impugnación contra fallos de dependencias y que lo han hecho ante la Contraloría General del Estado, que deberá contestar en un lapso no mayor a 15 días.

“Como asociación hemos presentado dos impugnaciones de manera general, porque como asociación no podemos ponernos a particularizar los casos, hablamos de procesos y eso se hizo ante la Contraloría General del Estado y ante la Secretaría de la Función Pública”.

En caso de que proceda la queja, indicó que lo que han solicitado es que se realicen nuevamente los procesos de licitaciones en las dependencias involucradas.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Xalapa, Octavio Augusto Jiménez Silva, consideró que si bien el Gobierno del Estado puede justificar la proliferación de adjudicaciones otorgadas de manera directa o por invitación restringida debido a “urgencias” en la compra de productos o servicios, esto no debe volverse la regla.

“Las urgencias no salen muy caras a los veracruzanos porque se compran al precio que les dan y tendríamos que ver esa parte”.

Luego de que AVC Noticias dio a conocer que el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez ha entregado mil 400 millones de pesos en adjudicaciones directas, lo cual representa el 75 por ciento de lo hasta ahora licitado, el empresario urgió a que la Contraloría General investigue este hecho.

“La Contraloría debe verificar si se está comprando algo (por adjudicación directa) es porque no rebasa los montos estipulados por la ley y si lo hacen, entonces la Contraloría tiene por qué se hizo”.

El empresario también lamentó que hasta ahora “la curva de aprendizaje” de las nuevas autoridades estatales “ha costado caro” a todos los ciudadanos.

“Ya estamos en julio y apenas están licitando y por urgencia ya sea de compra de medicamentos o cuestiones de Seguridad Pública o Protección Civil, lo tienen que hacer y eso se debe prever”.

AVC/Perla Sandoval