Este miércoles, la agencia de noticias AVC publicó un reportaje sobre el gasto que realiza el gobierno del estado a través de contratos para la compra y contratación de bienes y servicios. La información es contundente: el gobierno de Cuitláhuac García entregó de forma directa a diversas empresas, contratos por más de mil 438 millones de pesos en los últimos siete meses, es decir, casi el 75 por ciento de lo gastado.

Esta sola información tiene muchas lecturas. Habremos referirnos por lo menos a tres: la práctica discrecional del gasto público por parte de Morena –el gobierno federal tiene porcentajes similares de adjudicación directa-; las trampas que realiza el gobierno estatal para beneficiar a socios, aliados políticos y complacer las imposiciones que llegan desde Palacio Nacional; y por último, la intriga sobre qué se ha hecho con los más de 128 mil millones de presupuesto autorizado para 2019, si han gastado acaso 2 mil millones, es decir, menos del dos por ciento.

Según una investigación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicada a principios de julio, en los primeros siete meses de gobierno, el 74% de los 28 mil 458 contratos para compras se han otorgado por adjudicación directa o restringida, mientras que sólo el 18% ha sido a través de licitaciones públicas, a pesar de que éste debería ser el mecanismo obligatorio y no la excepción.

Esta información coincide con datos de la plataforma COMPRANET en donde, de diciembre a junio, se han registrado 76 mil 613 contratos, de los cuales el 77.4% se entregaron de manera directa y solo el 15.9% con licitación abierta.

Si bien la Ley de Adquisiciones permite la adjudicación directa de contratos, aclara que ésta debe ocurrir solo como excepción y bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, ante una situación de emergencia, cuando los bienes o servicios deben adquirirse rápidamente y no se puede esperar al desarrollo de un concurso, como una catástrofe natural. López Obrador ha hecho lo mismo que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto: beneficiar a los cuates.

El segundo aspecto tiene que ver con el contexto local. A través de mismo método -una revisión a Compranet y diversas solicitudes de información a siete dependencias clave-, la periodista Flavia Morales logró documentar como  a través de dictámenes de procedencia por excepción de ley, el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez adjudicó directamente obras, servicios, compra de medicamentos, arrendamientos y demás.

Y da cifras puntuales: “En total, de diciembre del 2018 a junio del 2019, el gobierno de Veracruz entregó 239 contratos por mil 612 millones de pesos, de los cuales 172 son vía adjudicación directa, 16 por invitación a tres personas, otras 18 licitaciones simplificadas (también invitación a tres proveedores), y sólo 33 licitaciones públicas, es decir, apenas el 15 por ciento.” El parangón con el gobierno federal es innegable

Las dependencias con el mayor número de adjudicaciones, señala el artículo, son las Secretarías de Salud, Infraestructura y Obras Públicas y De Seguridad Pública. Hay que recordar que la primera ya fue señalada por los escándalos de la compra de medicamentos, ambulancias y el servicio de alimentos para hospitales;

mientras que la SSP también tuvo contratos leoninos como el de arrendamiento de patrullas y la concesión del servicio de comercios de los centros penitenciarios.

De acuerdo a la Ley de Adquisiciones de Veracruz, las contrataciones a través de adjudicaciones directas, son previa autorización del Subcomité de Adquisiciones de cada dependencia, y se podrá optar por licitaciones simplificadas o adjudicaciones por excepción de ley, cuando la unidad administrativa y el comité lo autoricen y deberán elaborar un dictamen justificativo. Sin embargo, se han construido los atajos necesarios para evadir la norma

Y tercero. El 27 de febrero pasado, con algunos ajustes, fue aprobado el proyecto de Presupuesto de Egresos 2019, que corresponde al monto de 128 mil 361 millones 911 mil 179 pesos. En efecto, la mayor parte del presupuesto se destina al gasto corriente y a la operación del gobierno –pago de maestros, médicos, burócratas, mantenimiento de infraestructura e instituciones, servicio de deuda pública-, sin embargo, queda un monto muy importante para la realización de obra pública y la prestación de servicios, muchos de los cuáles deben ser contratados.

Hay algo extraño en la cifra del gasto ejercido por el gobierno. O no han gastado prácticamente nada -mil 612 millones de pesos es insignificante frente al presupuesto estatal- o se está ocultando información sobre el monto financiero y el número de contratos signados por el gobierno. ¿Qué le hacen al dinero, entonces?

Como en el resto del país, en Veracruz la falta de transparencia y la discrecionalidad en el gasto público permitirán que muchos millones vayan a parar a los bolsillos de quienes habían ofrecido no robar, no mentir y no traicionar.

Las del estribo…

  1. La tarde de ayer, funcionarios de Sefiplan fueron al Congreso a explicar la reestructura de la deuda propuesta por el Gobernador: no se ampliará el plazo, se bajarán las tasas de interés y no de adquirirán nuevos préstamos. La convocatoria será pública y abierta para la banca. Fue un verdadero acto de transparencia que no necesitó siquiera descalificar a la administración anterior. Se espera una aprobación sin contratiempos en la sesión del próximo miércoles, cuando concluya el periodo de sesiones ordinarias.
  2. Asaltos, antros sin regulación y narcomenudeo sólo son algunas de las cosas que pasan en el centro de Xalapa cuando cae la noche, ahí a unas cuadras del Ayuntamiento y la torre de Seguridad Pública. Si todo eso pasa en las narices de la autoridad, ni qué decir de la periferia y las zonas de giros rojos. Xalapa está convertida en un burdel sin autoridad.