El gobierno de Veracruz entregó de forma directa a diversas empresas, contratos por más de mil 438 millones de pesos en los últimos siete meses, es decir, casi el 75 por ciento de lo gastado.

Una revisión a Compranet y diversas solicitudes de información a siete dependencias clave, indican que, a través de dictámenes de procedencia por excepción de ley, el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez adjudicó directamente obras, servicios, compra de medicamentos, arrendamientos y demás.

En total, de diciembre del 2018 a junio del 2019, el gobierno de Veracruz entregó 239 contratos por mil 612 millones de pesos, de los cuales 172 son vía adjudicación directa, 16 por invitación a tres personas, otras 18 licitaciones simplificadas (también invitación a tres proveedores), y solo 33 licitaciones públicas, es decir, apenas el 15 por ciento.

Las dependencias con el mayor número de adjudicaciones son las Secretarías de Salud, Infraestructura y Obras Públicas y De Seguridad Pública.

De acuerdo a la Ley de Adquisiciones de Veracruz, las contrataciones a través de adjudicaciones directas son previa autorización del Subcomité de Adquisiciones de cada dependencia, y se podrá optar por licitaciones simplificadas o adjudicaciones por excepción de ley, cuando la unidad administrativa y el comité lo autoricen y deberán elaborar un dictamen justificativo.

Información parcial

Aunque es una obligación de transparencia colocar las ligas de los contratos directos y las licitaciones, pues son pagadas con dinero público, las dependencias de gobierno tienen información parcial sobre sus compras en los portales de transparencia.

Un ejemplo de ello es la Secretaría de Turismo, que en su plataforma de transparencia tiene contabilizadas adjudicaciones directas de 90 pesos o 200 pesos por compras en papelerías o ferreterías, pero no hizo públicos contratos directos por 37 millones de pesos para el Salsa Fest 2019.

Cuando fue cuestionada la titular de la dependencia, Xóchitl Arbesú Lago, solo se limitó a decir que los contratos se habían otorgado conforme a ley.

Este es el mismo caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que entre sus adjudicaciones directas incluye compras de gastos menores de papelería, gasolina y viáticos.

Los polémicos contratos

Otra dependencia cuestionada es la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que intentó reservar por cinco años el contrato por 110 millones de pesos para el arrendamiento de 60 patrullas.

La SSP solo informó de la licitación pública por 39.3 millones de pesos donde resultó ganadora la empresa automovilística Andrade, SA de CV, para la compra de 50 patrullas, pero omite en sus respuestas vías transparencia sobre el contrato de arrendamiento que también firmó.

La Secretaría de Salud fue cuestionada por dar contratos polémicos, por ejemplo, cuando entregó contratos por 69 millones de pesos a la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud SA, -compañía ligada al exdelegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí-, quien ahora tiene abiertas investigaciones en la Secretaría de la Función Pública.

Otras contrataciones directas señaladas como graves son las realizadas a las empresas: La Cosmopolitana y Productos Serel, quienes tienen contratos por más de 231 millones de pesos –de los cuales solo 80 mdp son públicos-, en la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Salud.

Las empresas son señaladas de ser parte del cartel de la comida, por tener contratos millonarios durante el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

También están involucradas en la intoxicación masiva de al menos 600 reos en el penal de puente grande, Jalisco.

Apenas hace unos días, el subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas, Fernando Elías Guevara, aseguró que no habrá asignaciones directas de obra, sin embargo, entre diciembre y el primer semestre del año entregó 37 obras por 225 millones de pesos en adjudicaciones directas.

Las obras corresponden al Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones Marítimas y terrestres 2018, que al igual que durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, se repartieron violentando las reglas de operación en municipios que no son parte de asignaciones ni contratos petroleros.

Apenas entre mayo y junio de este año, la SIOP lanzó 17 licitaciones públicas federales y restringidas para obras en varios municipios del estado.

Otro caso documentado, es el del DIF estatal, que entregó un contrato por 3.3 millones de pesos a la empresa Duvejeca, SA de CV, cuando apenas tenía unos meses de conformada.

La adjudicación directa como regla

La Contraloría General del Estado, también informó que sigue algunas investigaciones en las dependencias por adjudicaciones y contratos directos.

Edna Jaime, directora de la organización México Evalúa, señala que los mecanismos excepcionales –como la invitación restringida, el convenio entre entes públicos y la adjudicación directa– deben quedar excluidos o, por lo menos, bien acotados, pues son generalmente por donde se cuela la corrupción.

Sin embargo, advirtió que, en el actual gobierno federal, la excepción se ha convertido en la norma: “Nunca en un tiempo tan corto se había contratado tanto a través de estos mecanismos de “excepción “.

Señala que por la vía de una invitación restringida o una adjudicación directa se desconoce si se contrató a las empresas más aptas, que ofrecieran el mayor valor por los recursos invertidos.

AVC/Flavia Morales

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