Prefacio.
Es un conflicto que pasó de los tribunales a los actos de violencia. *** La familia Spinoso defiende su patrimonio. Ranchos heredados por generaciones, que de pronto las autoridades se los pretenden expropiar argumentando “causa de utilidad pública”. *** La empresa Mota-Engil, que tiene el contrato para la construcción de la autopista Poza Rica-Cardel (la misma que se hizo merecedora de un exhorto del Congreso local por poner en riesgo a toda una comunidad del municipio de Martínez de la Torre) ha invadido los predios de la familia Spinoso, con maquinaria pesada y el respaldo de la policía estatal, lo que provocó que los agraviados defendieran sus propiedades. *** Producto de este litigio y de la falta de certeza jurídica para los propietarios de esos predios, este miércoles fueron detenidos César Spinoso Carrera y Rodrigo Spinoso Hog, hermano y sobrino, respectivamente, del exdiputado federal Edgar Spinoso Carrera. *** Se les acusa de haber incurrido en la privación de la libertad de trabajadores de la empresa Mota-Engil. *** Ojalá estos diferendos se resuelvan por la vía del diálogo y el estricto cumplimiento de la Ley.
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La respuesta al llamado de Javier Duarte fue casi inmediata.
Este miércoles agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) lo visitaron en el Reclusorio Norte y sostuvieron una charla que los abogados del exgobernador de Veracruz calificaron de “informal”.
Cuentan que en el encuentro Javier Duarte les habló sobre los datos que puede proporcionar y sólo les pidió, a cambio, dos cosas: que sus declaraciones no lo perjudiquen a él mismo, y que lo apoyen para agilizar los recursos jurídicos que tiene vigentes.
La percepción a nivel nacional es que la “oportuna” reaparición de Javier Duarte en los medios tiene que ver con una estrategia del gobierno federal.
El analista del periódico El Universal, Salvador García Soto, lo interpreta así:
“… Y como ya le decía que en política no hay casualidades, a Javier Duarte le pidieron ayer, ‘desde muy arriba’, según afirman cercanos al exgobernador veracruzano, que saliera a dar las entrevistas desde el reclusorio Norte en las que se lanza con todo en contra de Peña Nieto y de varios integrantes de su gabinete y amenaza con dar más información que involucra a los peñistas. Casualmente ayer le informamos aquí que Peña viajó a España, en donde podría quedarse a radicar por un tiempo, y ayer mismo le mandaron, desde el gobierno de la 4T, dos mensajes contundentes al expresidente: el primero la detención de su amigo y el abogado de su divorcio, Juan Collado, y le soltaron desde la cárcel a un furibundo y vengativo Javier Duarte, que como perro de caza, se dirigió con todo a quienes culpa de su desgracia y traición, Enrique Peña Nieto y sus colaboradores”.
Por su parte, la FGR filtró a través de “plumas amigas” que lo dicho por Duarte de Ochoa ya era de su conocimiento, y que incluso tienen abierta una investigación por las irregularidades en las que habrían incurrido funcionarios o exfuncionarios de la entonces PGR, a partir de que acordaron retirar los cargos por delincuencia organizada al exgobernador de Veracruz, a cambio de que se declarara culpable de delitos menos graves.
El expediente lo tiene la Visitaduría General de la FGR, en la carpeta de investigación número FED/VG/UNAI/00000435/2018. Los posibles delitos van desde ejercicio ilegal del servicio público y contra la administración de justicia, hasta cohecho.
Hay, sin embargo, una diferencia fundamental entre ese expediente y lo declarado el lunes por Javier Duarte.
“Él relata lo que para nosotros es un aparente soborno que se configura como cohecho, y no tanto una extorsión, como él dice”.
Lo cierto es que, haya sido por decisión propia o producto de algún acuerdo con la 4T, las declaraciones de Javier Duarte volvieron a “agitar el avispero” y todos aquellos que fueron sus colaboradores -hayan tenido qué ver, o no, en el manejo de las finanzas estatales- tomaron sus celulares y se comunicaron con sus abogados.
Muchos de ellos han recibido en fechas recientes noticias positivas. Los procesos abiertos en su contra estaban basados en las imputaciones del extesorero Tarek Abdalá, quien llegó a un acuerdo con la hoy extinta PGR para revelar todo lo que sabía de las operaciones fraudulentas en el gobierno de Javier Duarte, a cambio de que se archivaran las denuncias en su contra.
La PGR ya no existe y Tarek Abdalá –cuentan los que lo conocen- desde hace tiempo abandonó el país. Todos los señalados por él han requerido su presencia para que ratifique sus dichos, y a ninguna cita –hasta ahora- se ha presentado, por lo que las acusaciones se están desvaneciendo.
Y el actual gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez decidió meterse a este debate, a pesar de que nadie lo había involucrado.
Aseguró que la Fiscalía General de la República ya investiga a Miguel Ángel Yunes Linares y a Javier Duarte, por irregularidades generadas en sus gestiones.
García Jiménez señaló que Yunes Linares será investigado por las irregularidades que se han detectado durante su bienio, en tanto que Javier Duarte es señalado por incurrir en desfalco.
Lo que sí hay que reconocerle al gobernador de Veracruz, es que fue el primero en calificar la captura de Javier Duarte como “un circo”, lo que ya fue confirmado por el propio exmandatario estatal.
“Lo que yo les comenté desde siempre es que era un show la supuesta recuperación de bienes, las denuncias, todo era un show. Ya soltó la sopa Duarte de que sí fue un pacto (…) el que participó en esa negociación fue Yunes, ¿quién más?”.
Muchas cosas más habrán de salir en los próximos días.
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Epílogo.
Habría que prestar especial atención a las palabras pronunciadas la mañana de este miércoles por el presidente Andrés Manuel lópez Obrador: ¿Qué no di a conocer un memorándum en donde no se acepta el influyentismo, el nepotismo, la corrupción de familiares, de mi esposa, de mis hijos?, porque la gente votó por nosotros o decidió a favor de nosotros para que acabáramos con la corrupción. Ese es el mandato que tengo y lo voy a cumplir. Entonces, cero tolerancia a la corrupción. Imagínense que a estas alturas termine yo de tapadera o de alcahuete, que pierda yo mi autoridad moral, que es lo que estimo más importante en mi vida, que por eso no han podido destruirme, políticamente hablando. Entonces, podrá ser muy mi amigo, mi compañero de lucha de hace años, inclusive un hijo, mi esposa, pero no voy a permitir la corrupción, no la voy a permitir, sea quien sea”. *** La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) restituyó a Lorena Piñón Rivera su militancia en el PRI, luego de revocar la resolución de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI por medio de la cual, se le expulsó. El argumento utilizado para su expulsión fue que buscó ser candidata del PAN a diputada local en Veracruz, durante el proceso electoral 2015-2016. Sin embargo, el Artículo 151 del Código de Justicia Partidaria del PRI señala que en ningún caso se podrá solicitar la imposición de sanciones, 365 días naturales después de que haya ocurrido la falta o que se tuvo conocimiento de la misma. Ese plazo ya se había vencido y por tanto la comisión ya no podía aplicar ninguna sanción. *** A partir de la publicación este miércoles en la Gaceta Oficial del Estado del decreto 273 por el que se declara la suspensión provisional del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, la Legislatura del Estado les tomó la protesta a los ciudadanos Crispín Hernández Sánchez, Socorro Alba Sandoval Cuevas y Xicotencatl Atlahua Temoxtle, como presidente, vocal primera y vocal segundo, respectivamente, del Concejo Municipal Provisional de ese lugar. *** El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, entregó reconocimientos al personal con mayor antigüedad al servicio del Poder Judicial. Los galardonados fueron Enrique López Becerra, trabajador con 65 años de antigüedad; Raúl Tapia Mendoza, con 55 años; Guadalupe Olmedo Viveros, con 52 años; Juana González Rosado, con 50 años; Gilberto Triana Hernández, con 48 años; Francisca Villegas Sangabriel, con 48 años; Pedro Gil Hernández, con 46 años; Antonio Prado Hernández, con 46 años; Adela Flores Hernández, con 44 años; Luz María Linaldi Hernández, con 43 años; Carmen Arellano González, Blanca Prado Hernández, Juana María Ramón Sánchez y Leonardo Aguilera Tadeo, todos ellos con 42 años; así como Margarita Castillo Martínez, con 40 años de antigüedad y Alma Violeta Rodríguez Rivera, con 39 años al servicio del Poder Judicial. Felicidades a todos ellos.