A principios de febrero, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez tuvo la oportunidad de deshacerse de su inútil contralora Leslie Mónica Garibo Puga, pero en vez de aceptarle su renuncia el mandatario veracruzano, en un acto de gran generosidad política, decidió no solamente sostenerla en el cargo sino darle manga ancha también para que hiciera todos los cambios que considerara convenientes en la estructura de la dependencia bajo su mando.

Garibo Puga, pues, aprovechó para sacudirse a algunos directores de área y a la mayoría de los contralores internos que un par de influyentes funcionarios del gabinete estatal le habían recomendado e impuesto.

Como ya se sabe, hace exactamente cinco meses la titular de la Contraloría General del Estado (CGE) le había presentado su renuncia al gobernador, según una conversación por WhatsApp que equivocadamente Garibo Puga compartió en un chat entre militantes de Morena, con los cuales se venía comunicando a través de esta aplicación desde que fungía como representante de su partido ante el órgano electoral.

“¿Quiere usted poner a alguien?, o ¿lo busca una servidora?. Para poder hacer la entrega-recepción conforme a derecho”, le expresaba la contralora a García Jiménez, según las capturas de pantalla de teléfono celular que algunos funcionarios “guardaron” y le filtraron al periodista Noé Zavaleta, corresponsal del semanario Proceso, quien según las versiones que recogió entre miembros del gobierno de Morena, la intención de renuncia de Garibo se habría dado debido a que luego de dos meses transcurridos de la actual administración estatal, la Contralora y su equipo de trabajo “fueron incapaces” de encontrar irregularidades, expedientes de declaraciones patrimoniales incompletos o alguna información concreta que sirviera de contexto para interponer querellas penales en contra de excolaboradores del ex exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares.

“No es que los panistas y yunistas no hayan robado, es que en la Contraloría fueron tan tontos que en dos meses no pudieron encontrar nada. Y con el tema de gobernabilidad tan complicado, urgía, apremiaba una cortina de humo”, le explicó su fuente al reportero de Proceso.

Según la fallida conversación por WhatsApp de Garibo Puga, la funcionaria fue totalmente ignorada por Cuitláhuac.

“Lamento mucho todo el mal entendido y le reithero (sic) q (sic) en ningún momento ha sido mi intención el actuar de mala fe, ojala (sic) y me dé la oportunidad de poder hablar con usted”, le insistía la Contralora, cuya ignorancia e ineptitud ya había puesto en evidencia cuando hasta finales de diciembre de 2018 reparó en que ella y los secretarios de Protección Civil y de Seguridad Pública, Guadalupe Osorno Maldonado y Hugo Gutiérrez Maldonado, debían solicitar al Congreso local la obligada dispensa de ley por incumplir con el artículo 50 de la Constitución Política local para ocupar sus respectivos cargos, ya que los tres no son nativos de la entidad ni son hijos de padres veracruzanos, requisito constitucional para desempeñarse como secretario de despacho o en un puesto equivalente.

Ahora, Garibo Puga ha sido incapaz de desactivar el conflicto del presunto nepotismo en la Secretaría de Finanzas y Planeación que tanto sigue desgastando políticamente al gobernador.

SSTEEV: sospechosa subasta

Hace una semana, el pasado lunes 1 de julio, el subdirector de Administración del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV), Felipe Sosa Mora, dirigió la circular número SA/002/2019 a los Subdirectores, Jefes de Unidad, Jefes de Departamento, Encargados de Puntos de Venta, Encargados de Estacionamientos y demás personal del SSTEV para informarles de la convocatoria “para la Subasta Restringida de Equipo de Transporte para la enajenación onerosa de nueve unidades usadas propiedad de SSTEEV” que se efectuará precisamente este lunes 8 de julio a las 13:00 horas en la Sala de Consejo de esta institución.

Sin embargo, entre algunos perspicaces empleados del llamado Seguro del Magisterio ha comenzado a cundir la sospecha de que este remate del parque vehicular bien podría tratarse de una maniobra del Director-Gerente Francisco Enrique Pérez Carreón para que a partir de ahora este organismo público descentralizado bajo su cargo le rente a su empresa particular los vehículos que se requieran.

¿Será capaz de algo tan burdo? Francamente no lo creemos pero ya veremos, pues nos dicen que Pérez Carreón tampoco ha tenido muchos escrúpulos para correr a trabajadores que tenían hasta 20 años de antigüedad para acomodar en su lugar a sus amigos y recomendados con sueldos más que decorosos

Más videocámaras inservibles

Ahora resulta que el Sistema de Videovigilancia del Congreso del Estado tampoco funciona y que la seguridad de los legisladores se encuentra en riesgo o no puede ser monitoreada en caso de que alguna persona quisiera causar algún daño, como ocurrió con el “libro bomba” que recientemente le explotó en el Senado de la República a la representante popular de Morena, Citlalli Hernández Mora.

“Hacemos un llamado a las autoridades legislativas porque ninguna cámara funciona. Este sistema resultó fallido, como el que anunció el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares con sus 6 mil 324 equipos del Sistema Estatal de Videovigilancia que no funciona tampoco y por el cual ya hasta fue denunciado en la Fiscalía General de la República”, nos hacen saber empleados del Congreso local a través de un correo electrónico.

Expresan que el personal de seguridad –como lo ha denunciado también la legisladora María Josefina Gamboa, del PAN– es una mafia, y que los robos al personal de diversas áreas administrativas son cada vez más constantes. “Lo curioso de todo esto es que están robando cosas al personal administrativo y no a los diputados, por eso ellos no se dan cuenta de este problema que cada día está creciendo más”, exponen con gran preocupación.