Las estancias infantiles siguen siendo el dolor de cabeza del presidente López Obrador. La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) -en la que concluye que los cambios en el programa de estancias infantiles violan derechos humanos, y por lo tanto, debe corregirse-, fue el corolario a una cascada de amparos otorgados a favor de los padres, suficientes para sentar jurisprudencia en el caso.
Estas decisiones sacaron de sus casillas al Presidente; a las críticas al Poder Judicial sumó ahora su rechazo a la recomendación de la CNDH, lo que ha encendido nuevamente su conflicto en contra los organismos autónomos y la Suprema Corte de Justicia, sin contar los otros frentes que tiene abiertos incluso en su propio gobierno. El Presidente volvió a ser quien es.
A unos días de asumir el poder, durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a aceptar y cumplir todas las recomendaciones de la CNDH. “El Ejecutivo federal no va a promover la violación de derechos humanos. No va a proteger a quienes violen los derechos humanos. Vamos a aceptar y vamos a cumplir todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y vamos a respetar su autonomía”, dijo entonces, aún con la resaca de la silla presidencial a cuestas.
Esta semana, su gobierno rechazó la primera recomendación recibida por hechos ocurridos durante el actual sexenio; hasta ahora, las recomendaciones dirigidas a la administración de López Obrador estaban relacionadas con hechos ocurridos en otros sexenios, por lo que no tuvo empacho en aceptarlas. No contaba con que las estancias infantiles serían la manzana de la discordia con la CNDH.
Sin embargo, el Presidente evadió el choque de trenes. A través de las secretarías de Bienestar y Hacienda, así como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) acusaron que la CNDH “no realizó un análisis objetivo, profesional, ético y jurídico con información fidedigna” para emitir su recomendación y que los cambios al programa de estancias infantiles no violan derechos humanos.
Las dependencias del gobierno federal también consideraron que la CNDH excedió sus facultades al determinar que existen violaciones a derechos humanos en un asunto que, en relación con mil 292 juicios de amparo, se encuentra en proceso judicial, “situación que podría poner en riesgo la independencia e imparcialidad con la que actúa el Máximo Tribunal de control constitucional y convencional en materia de Derechos Humanos en el País”.
No obstante, el asunto también ya lo habían perdido en otros tribunales. Desde el 10 de junio pasado, todos los jueces del país deberán resolver a favor de las personas que presentaron o presenten amparos en contra de los recortes y de las modificaciones en las reglas de operación de las estancias infantiles a cargo de la Secretaría de Bienestar.
Lo anterior se desprende de las tres tesis de jurisprudencia que fueron publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, las cuales señalan que el gobierno federal debe otorgar los apoyos que les correspondan a los padres de familia y a los responsables de las estancias conforme a los lineamientos de 2018.
Una de las tesis concedió la suspensión provisional “con efectos restitutorios” para que los apoyos del programa de Estancias se les sigan otorgando a sus beneficiarios conforme a las cantidades y modalidades establecidas en las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2018.
En febrero pasado, el gobierno federal anunció que el programa social de estancias infantiles no sería cancelado, pero detalló que sí tendría nuevas reglas y trabajaría bajo un nuevo esquema, acusando irregularidades como el pago de subsidios por niños fantasma, niños inexistentes o que simplemente nunca asistieron a recibir el servicio o que una sola persona llegó a contar con “redes” de estancias con la intervención de personas allegadas.
Sin embargo, ni los tribunales ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos consideraron que estas fueran razones suficientes para cancelar o recortar el programa. Los recursos pasaron de 4 mil millones de pesos en 2018 a 2 mil millones de pesos para este 2019, afectando a miles de familias en todo el país.
De hecho, la CNDH había indicado en su recomendación que la ausencia en las reglas de operación del programa de mecanismos para verificar que los recursos públicos que se entreguen a las familias, efectivamente se destinen al pago de los servicios de cuidado infantil, lo convertía en medida de carácter eminentemente asistencial que no considera a niñas y niños como sujetos de derechos.
Así como los aeropuertos y las estancias infantiles, vendrán otros amparos y recomendaciones que seguramente molestarán al Presidente. En este caso, aunque López Obrador se enoje, las estancias se quedan.
Las del estribo…
- Pues se puso intenso el debate parlamentario por el control de las cooperativas escolares, esas que han sido un gran negocio en el pasado y lo seguirán siendo en el futuro. Como comedia de los tres chiflados, panistas y morenistas peleaban por el botín utilizando “al pueblo” como pretexto. Será la SEV –específicamente su titular– quien controle las tiendas acusando anomalías que nunca denunció. Ni unos ni otros tienen llenadera.
- A las nada honrosas distinciones que tiene Xalapa como la ciudad con el mayor número de feminicidios y secuestros, ahora nos endilgan el primer lugar en robo de automóviles, muy por encima del puerto de Veracruz. Al parecer, el “paseo por las nubes” de los policías estatales no asusta a nadie.