Con su primer año como presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción también se cumple el primer tramo de vida de este organismo, en que la gestión de Sergio Vázquez Jiménez no ha sido precisamente una muestra de la batalla que los veracruzanos buscan para acabar con el flagelo de la corrupción.
Efectivamente, varios medios de comunicación han difundido varios señalamientos en contra del ahora expresidente Sergio Vázquez Jiménez justamente por actos de corrupción, de los que sus propios compañeros en el SEA lo acusan, lo que se agrega a las 11 investigaciones por corrupción abiertas por la Contraloría General del Estado (CGE) y que se refieren solo al año en que ha estado al frente del Comité de Participación Ciudadana.
En el diario La Jornada, se señala que el propio Sergio Vázquez “admitió que se pagan sueldos por arriba del tabulador, hecho que fue exhibido por la contralora Leslie Garibo Puga y la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yoli García”.
Añade la nota firmada por el periodista Jaír García que los sueldos por arriba del tabulador pagados en el naciente Sistema Estatal Anticorrupción, provocaron que en apenas los primeros cuatro meses del presente año agotaran los recursos previstos para este año y generaron el despido de la mitad del personal.
“En un año, el Sistema Estatal Anticorrupción fue motivo de notas negativas, debido a las irregularidades en particular del Comité de Participación Ciudadana pues se contrató personal sin el perfil para ocupar determinados puestos, hubo acusaciones de asignación de contratos sin previa licitación, además que hubo renuncias del secretario técnico acusando la corrupción al interior de la instancia que debería combatirla”.
Además, la publicación resalta que el expresidente del CPC admitió que no pagaron los impuestos, ni las contribuciones correspondientes al Sistema de Administración Tributaria (SAT), como al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Y concluye: “Este miércoles, Sergio Vázquez Jiménez concluye su periodo como comisionado presidente del Comité de Participación Ciudadana y como mayor logro se encuentra el despido de 28 trabajadores a los cuales aún no logran liquidar, porque se acabaron el presupuesto para este año.”
Por su parte, el portal Al Calor Político señala que el saliente presidente del CPC, quien fue relevado por el doctor Emilio Cárdenas Escobosa, deberá enfrentar cargos de una denuncia más que estaría por presentar el Ayuntamiento de Xalapa “por contratos fantasmas que realizó desde su despacho Contadores y Abogados Corporativos de Vearcruz, Sociedad Civil”.
Y añade: “El expediente de presunta responsabilidad administrativa número C/PARA/003/2019, que no ha concluido en su totalidad, por las dificultades que ha tenido el munícipe capitalino para nombrar a Georgelia Elizabeth Oliverios Arias como Contralora interna, ya que en la pasada sesión de Cabildo su propuesta tuvo tres votos a favor y once abstenciones, sigue su curso”.
Describe que el despacho ubicado en la calle de Londres, en la zona residencial Monte Magno, “ha tenido mucho movimiento en estos días para tratar de solventar una denuncia que viene desde 2018 bajo el expediente C/D/006/2018 de la Unidad de Substanciación y Resolución de la Contraloría del Ayuntamiento de Xalapa”.
“La investigación de este presunto caso de corrupción en el que incurrió el despacho de Sergio Vázquez Jiménez lo inició la entonces síndica Angélica Ivonne Cisneros Luján quien descubrió que el 12 de abril de 2017 se celebró el contrato de prestación de servicios profesionales número DA-CPS-18/2017 para dictaminar el pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal correspondiente al ejercicio fiscal 2017 por parte del despacho Contadores y Abogados Corporativos de Vearcruz, Sociedad Civil”.
Al Calor Político señala que por ese contrato se le pagó al despacho de Sergio Vázquez Jiménez la cantidad de 935 mil pesos, sin embargo, “cuando la entonces síndica Ivonne Cisneros Luján solicitó las pruebas y procedimientos llevados a cabo durante el examen de la situación fiscal por el periodo dictaminado, las opiniones escritas, los informes respecto a las erogaciones por remuneración del trabajo personal, el cálculo del monto total de las erogaciones, el cálculo del impuesto causado en cada uno de los meses del periodo sujeto a dictámenes, el estudio y evaluación del sistema de control interno, no localizó en el expediente ninguna prueba, por lo que inició la investigación para determinar presunta responsabilidad administrativa en contra del despacho y de funcionarios municipales”.