El presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal del Congreso de Veracruz, diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico presentó ante el Pleno la iniciativa, ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo objetivo es permitir que los ayuntamientos puedan disponer de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), para el pago de las sentencias a consecuencia de laudos laborales.

El diputado, integrante del Grupo Legislativo de Morena, subrayó que esta modificación buscar apoyar a los municipios que cuentan con laudos laborales y que les ha generado una obligación financiera por mandato judicial y que no cuentan con los recursos para el cumplimiento de las sentencias.

Subrayó que esta propuesta no solo apoyará a los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz, sino a los dos mil 457 municipios que comprende los Estados Unidos Mexicanos para que, conforme a la legislación que rige a dicho fondo, se lleve a cabo el saneamiento de sus finanzas, sin caer en observaciones en las auditorías al Fondo Federal.

Además, agregó el legislador, se evitaría que los integrantes de los Cabildos de la entidad lleguen a situaciones de desacato por incumplimiento de las sentencias. Asimismo ejemplificó los casos donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ordenado la destitución y presentación ante un juez en los municipios de Coacalco de Berriozábal, en el Estado de México; Tlacotepec de Benito Juárez en Puebla; el delegado de Venustiano Carranza en la Ciudad de México y Paraíso en Tabasco.

No solo se trata de la protección a los ediles, detalló el diputado Álvarez Pellico, quien añadió que se busca que los derechos laborales de los ciudadanos se vean garantizados.

La iniciativa está encaminada a buscar el saneamiento de los adeudos generados por laudos laborales, manifestó el legislador, quien dijo “nuestro compromiso con los municipios del Estado nos lleva a buscar mecanismos que contribuyan a que estos tengan las herramientas necesarias y apegadas a la normatividad para que realicen las acciones tendientes al pago de las sentencias”.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal.