Durante la administración de Miguel Ángel Yunes se llevó a efecto en Veracruz un programa de reordenamiento del transporte público, que incluyó la revisión de los documentos  y el estado físico de taxis y unidades del servicio urbano.

El cobro del programa fue aplicado al inicio a los propios transportistas y posteriormente condonado el año pasado.

Aun así, las acciones instrumentadas implicaron un enorme esfuerzo en logística e inversión de horas-hombre, que absorbió el gobierno estatal.

Se supone que con eso y con el Registro Estatal de Conductores, el gobierno evitaría irregularidades en el transporte público.

Hace un año, al iniciar mayo de 2018, el entonces gobernador declaró a los medios que a través de la Dirección General de Transporte Público, el Gobierno del Estado detectó 15 mil unidades piratas.

¿Sabe qué resultados tuvo en realidad y para fines prácticos ese programa?; ninguno, el problema sigue igual o peor que antes; el actual secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, reveló de forma reciente que en la entidad ruedan al menos 30 mil taxis clonados, que pueden ser usados en actividades delincuenciales; debido a esa situación, las autoridades determinaron reforzar los operativos para verificar que los documentos de taxis y autobuses del servicio urbano estén en regla.

En pocas palabras, las irregularidades se siguen presentando en el transporte, como ocurre en la sierra de Papantla, donde hay más taxis piratas que transporte autorizado y en regla.

La pregunta es ¿qué pasará con el gasto que implicó el programa de reordenamiento instrumentado por el gobierno yunista?; pues será una más en una larga lista de acciones gubernamentales que no sirvieron para nada.

Más irregularidades en la SEV

En la Secretaría de Educación de Veracruz siguen descubriendo denuncias por presuntas irregularidades.

El titular de la dependencia, Zenyazen Escobar, ha denunciado lo mismo aviadores que fraude en la ejecución de obras en la Dirección de Espacios Educativos.

En el más reciente capítulo de esta historia de corrupción, el titular de la SEV señaló que la dependencia era algo así como la caja chica del gobierno en turno. Asegura que en más de mil 900 tiendas escolares se encontraron irregularidades; y que no se ha transparentado el destino de más de 109 millones de pesos.

Debido a las anomalías que fueron encontradas, la Secretaría determinó suspender los procesos de concesión en escuelas de educación básica, secundarias generales, técnicas y telesecundarias.

El problema es la discrecionalidad con que se ejercía el dinero que generan esas tiendas, que en la mayoría de los casos estaban concesionadas.

Del destino del dinero que generaban las escuelas por ese concepto existía total opacidad, por lo que la Secretaría determinó realizar una investigación exhaustiva y, en tanto no se cuente con los resultados, suspender las concesiones.

El funcionario del gabinete veracruzano subrayó que si se encuentra responsabilidad de directores, habrá denuncias. De entrada, se les cayó ese jugoso negocio. @luisromero85