Nombrado este lunes en Villahermosa como coordinador regional Centro-Golfo de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, el Auditor Lorenzo Antonio Portilla Vásquez enfrenta serias observaciones por su parcialidad a la hora de manejar los expedientes de corrupción que ha tenido en sus manos.
Y estas acusaciones no solo provienen del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien reaccionó acremente luego de las denuncias presentadas por el titular del Orfis ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobierno de dos años que encabezó el oriundo de Soledad de Doblado.
No. Las voces críticas provienen de varios exfuncionarios estatales que han sufrido en carne propia los vaivenes del funcionario que en Tabasco asumió este lunes la representación provisional de sus similares en los estados de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Tabasco, además de Veracruz, por supuesto, ante la renuncia del Fiscal Superior de Tabasco, Alejandro Álvarez González.
En plena campaña mediática y política para lograr su reelección, que consolidaría una carrera dilatada al frente del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Portilla Vásquez es señalado de realizar su trabajo basado en intereses personales, lo que se ha manifestado en la formulación de acusaciones contra exfuncionarios, en tanto a otros los mantiene a salvo.
Uno de tantos casos en los que se confirma la venta de favores aprovechándose de su cargo de Auditor General del Estado y de su oportunismo en quedar bien con los que gobiernan en su momento, es el hecho de haber liberado de responsabilidades resarcitorias por un daño patrimonial causado a la Hacienda Pública a un exfuncionario de la administración duartista, quien fuera diputado local, violando el procedimiento de fiscalización e incumpliendo legalmente con su mandato.
En su momento, junto con otros exfuncionarios, Portilla les determinó daño patrimonial por varios miles de millones de pesos en diversas observaciones del ejercicio 2015; sin embargo, al terminar este personaje su gestión y convertirse en diputado local, continuando así con poder económico y político, le pidió el favor a cambio de sus retribuciones y, por lo tanto, de la nada, Lorenzo Portilla decidió conjuntamente con su Director Jurídico, convertir sin soporte legal las observaciones de daño patrimonial en meras observaciones administrativas mediante la resolución del Orfis de fecha 22 de mayo de 2017.
Lo anterior fue en respuesta al recurso de reconsideración que interpuso, tramitado por el Orfis con número de expediente REC/15/065/2017, con lo que quedó liberado el exfuncionario y exdiputado, aun cuando éste fue el responsable directo de la subsecretaria de Finanzas y Administración de la Sefiplan, cargo directamente responsable del manejo y control de los recursos financieros del Gobierno del Estado.
Esto es uno más de los casos de corrupción y abuso del poder del Titular del Orfis que, sin recato, quiere otros varios años más para continuar son sus operaciones.
Las benditas redes sociales
“Están asesinando a lo mejor de nosotros: estudiantes, mujeres, niños, periodistas. #NorbertoRonquillo era uno de ellos. Él era parte del futuro de México. Los delincuentes saben que en el país no hay castigo para los culpables. Basta de impunidad. #NiUnoMas”. Fernando @Ferbetancourt9
La SEV, principal fuente de corrupción
Si dependencias como Tránsito y Transporte y la propia policía estatal, o la Secretaría de Salud e, incluso, la Fiscalía General del Estado, ya no digamos Finanzas y Planeación, Infraestructura y Obras Públicas, Desarrollo Social y Desarrollo Agropecuario, se han distinguido en los anteriores gobiernos por la enorme corrupción que ha permitido el desvío de miles de millones de pesos tanto a cuentas personales como a campañas electorales, la que se lleva la cota más alta ha sido, sin lugar a dudas, la Secretaría de Educación (SEV), a la que se destinan la proporción más alta de recursos públicos, tanto estatales como federales.
Antes se decía que quien llegaba a la SEV a puestos directivos de importancia, de Secretario u Oficial Mayor para abajo, e incluso a áreas tan sensibles como recursos humanos, o a la dirección de alguno de los subsistemas educativos, incluso a la dirigencia de alguno de los tantos sindicatos, ya podía asegurar su futuro y el de las siguientes dos o tres generaciones de sus familias.
El actual secretario Zenyazen Escobar no ha hecho sino destapar algunas ollas podridas de esa dependencia. Si tuviera todo el apoyo para ello, o incluso la decisión personal o los asesores jurídicos adecuados, ya habría puesto de cabeza a muchas fuerzas políticas y partidistas, habría puesto a temblar a muchos multimillonarios que o ‘trabajan’ aún en sus oficinas (no en aulas, téngalo seguro) o se dedican a venderle servicios o están haciendo buenos negocios con la venta de plazas, la recepción de sueldazos provenientes de muchas plazas o, simplemente, la representación sindical de cientos o miles de trabajadores de la educación.
Pongamos por caso la reciente denuncia de miles de aviadores en el Colegio de Bachilleres de Veracruz, amparados detrás de las siglas del sindicato que gerencia la diputada local priista Érika Ayala Ríos; todo parece indicar que solo sirvió para alinear a la lideresa a las decisiones de Morena en el Congreso, con un ‘calambre’ que no tiene visos de seguir su curso legal. Ese mismo caso de aviadores amparados en sindicatos se vive en las demás dependencias, pero difícilmente se abrirán las cloacas para revisar a conciencia los turbios negocios que se hacen con el presupuesto educativo de Veracruz.
Tiendas escolares, el gran negocio
La nueva olla de corrupción abierta por el secretario Zenyazen tiene que ver con las tiendas escolares, un redituable negocio que ni a la propia Érika Ayala le ha sido ajeno en el caso de los planteles del Cobaev.
Por lo pronto, este lunes la SEV anunció la suspensión de las convocatorias de servicio de venta de alimentos y bebidas en planteles educativos en los niveles Básico y Medio Superior, toda vez que se investiga el destino y aplicación de 109 millones 405 mil 643 pesos, que nadie sabe, nadie supo, por cuál cañería se fueron al drenaje profundo.
Zenyazen Escobar informó que, dentro del manejo de los recursos de 2 mil 796 tiendas escolares registradas, 860 planteles no han transparentado recursos y no se tiene conocimiento ni información alguna de mil 936. Ante ello, la SEV iniciará una revisión de los subsistemas de Educación Básica (secundarias técnicas, estatales, telesecundarias y secundarias generales), así como de nivel Bachillerato, pues no es posible que este recurso, que debe ser utilizado en infraestructura y equipamiento en beneficio de las escuelas, no hay noticias de dónde fue aplicado a favor del sector educativo, ya que son resguardados y administrados por los directores de los planteles, supervisores y jefes de sector.
Una vez que concluya el proceso de revisión de las cooperativas de las tiendas escolares, dijo el secretario Escobar, la Dirección Jurídica de la SEV determinará cuáles serían los posibles procedimientos legales.
Hipólito Rodríguez sigue en la antropología social
El alcalde xalapeño Hipólito Rodríguez Herrero sigue haciendo historia. No queremos decir con esa frase que su nombre quedará grabado con letras de oro en la historia de la capital y, mucho menos, del estado o el país, sino que literalmente sigue haciendo investigación histórica, a fuerza de no tener nada que decir del presente.
Este lunes nos ha salido con otra de sus investigaciones, aunque más bien dio avances de su investigación: dijo que denunciaráa a administraciones de diez años a la fecha por reportar pavimentaciones “fantasma” en la ciudad, pues aunque informaron de obras que se realizaron, en una inspección física descubrió que nones para los preguntones.
Pero no crea que dio nota a los reporteros. Para nada. Él sigue elaborando el protocolo de su nueva investigación antropológica (¿o más bien arqueológica?): “Estamos procediendo para actuar y apenas tengamos una lista clara de estas calles ‘fantasma’ procederemos jurídicamente porque se trata de prácticas de corrupción que desviaron recursos”.
Eso sí, tiene datos precisos del porcentaje de calles que no están pavimentadas (39 por ciento) y parece que puede hablar de una hipótesis comprobada, aunque no tiene ni la lista de las calles ni quiénes se robaron el dinero que supuestamente se destinó a pavimentarlas sin que una gota de cemento hubiera caído sobre sus polvosos trazos. Si quieren un dato arriesgado, vean el siguiente: según Hipólito, en los últimos 30 años no hubo inversión en este rubro. Por eso, a pesar de ser la capital del estado, “Xalapa parece un pueblote”.
El alcalde indicó que en los recorridos que ha hecho se han detectado al menos ocho “calles fantasma” en varias colonias y que otros ediles como Juan Gabriel Fernández Garibay ya comenzaron a realizar un censo de estas a fin de proceder contra las autoridades municipales que solaparon estos actos de corrupción.
¡Y para decir esas pendejadas convocó a conferencia de prensa!
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