Prefacio.
En el afán de ratificar sus méritos y conseguir la prolongación de su nombramiento como titular del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez anunció que revisará el estatus de las propiedades que presuntamente fueron incautadas a funcionarios de la administración de Javier Duarte, por parte del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. *** Portilla Vázquez explicó que la tarea del órgano fiscalizador será verificar que las propiedades estén a nombre del Gobierno del Estado y en caso de haber sido donadas, también se verá a quién se entregaron, además de su situación jurídica. *** El tema volvió a surgir a partir de que el gobernador Cuitláhuac García denunció que los bienes que había presumido Yunes Linares que confiscó a Javier Duarte y a sus colaboradores, en realidad nunca pasaron a formar parte del patrimonio del Estado. *** Se refirió a residencias ubicadas en Houston, Texas; departamentos de lujo en Boca del Río y una casa en Tlacotalpan, entre otras. *** Al haber una donación de inmuebles, tiene que existir un documento oficial donde se acredite que pertenecían al gobierno estatal. *** Así lo explicó el auditor: “Lo que nos va a dar la certeza es el documento que vamos a revisar. Es el documento el que nos va a dar la certeza si el bien pertenece al Estado o no; y si pertenece debe estar registrado como un patrimonio”. *** Cuentan los que de esto saben, que muchos de esos bienes fueron tomados como “botín de guerra”.
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Hace apenas un día se había anticipado en esta misma columna:
“Cada vez son menos los exservidores públicos del duartismo que siguen en prisión, pues han demostrado que se actuó de manera ilegal en su contra. El exfiscal Luis Ángel Bravo y el exdirector de Servicios Periciales Gilberto Aguirre estarían por salir en muy pocos días, por la misma razón”.
No fueron días, fueron horas.
La tarde de este miércoles, acatando sentencias de amparo de la justicia federal, la juez de control Mónica Segovia Jácome les retiró la medida cautelar de prisión preventiva, aunque de manera dolosa la varió por el de “prisión domiciliaria”, lo que –aseguran los abogados defensores- contraviene la instrucción del juzgado federal.
Para que la juzgadora aplicara una medida cautelar se requería que la Fiscalía lo solicitara, pero en el procedimiento de este miércoles no se les dio voz ni al fiscal ni a la defensa, por lo tanto, si no existía petición expresa y no se podía considerar la prisión “oficiosa”, la única medida válida era la de permitir que los imputados siguieran sus procesos en libertad.
La medida será motivo de nuevos recursos legales.
El secretario de Gobierno, Éric Cisneros, insistió en la versión que ya ha manejado su jefe, el gobernador Cuitláhuac García: Que la mala integración de las carpetas de investigación de los fucionarios del duartismo tendrían como consecuencia, en algún momento, su salida de prisión, “pues si los duartistas robaron a los veracruzanos, los yunistas robaron a los duartistas, y queda exhibido que hubo negociación con ellos”.
La consigna era, por supuesto, que se les mantuviera en prisión durante el bienio de Miguel Ángel Yunes. Ya después, que cada quien se defendiera en las instancias federales.
“Todo lo que se entregó fue una simulación política, que no tenía sustento, y que tarde o temprano todo eso iba a aflorar como está aflorando ahora. La verdad de las cosas, es que la integración de las carpetas de todos ellos correspondió al actual Fiscal, y se le ha caído como una torre de cartón una vez que le cae la lluvia (…) Lo que no hay es una debida integración de la carpeta”.
Éric Cisneros se anticipó a los señalamientos que seguramente se darán, tratando de culpar al gobierno de Cuitláhuac García como el responsable de que los exfuncionarios del gobierno estatal obtengan su libertad.
“Nosotros no hicimos las acusaciones sobre el gobierno de Javier Duarte, las hizo el actual Fiscal y el exgobernador, de manera mediática y a ellos, se les han ido cayendo todas esas acusaciones derivado de que negociaron con ellos, si no hubieran negociado no estarían saliendo, y no estarían las carpetas tan mal integradas”.
En realidad nada de esto lo “descubrieron” las autoridades de Morena. Desde el bienio de Yunes Linares se alertó sobre las inconsistencias que presentaban todos los procesos judiciales en contra de quienes trabajaron en el gobierno de Javier Duarte. Eran –sin embargo- órdenes precisas de quien entonces era gobernador, pues en esas detenciones estaba basada toda su estrategia mediática.
Se siguen acumulando irregularidades en esa pesada carpeta que se está integrando contra Jorge Winckler Ortiz.
La fecha está muy próxima.
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Epílogo.
Otro reclamo del secretario de Gobierno, Éric Cisneros, contra Jorge Winckler, fue la omisión para actuar contra Jesús Tomás Alvarado Chávez, alias “El Lagarto”, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Minatitlán, quien finalmente fue detenido por fuerzas federales. El funcionario estatal sugirió que en este caso pudo haber una negociación entre el fiscal y esa banda del crimen organizado. *** Los contratos para la compra y arrendamiento de patrullas de Seguridad Pública son información reservada, explicó el gobernador Cuitláhuac García. “Los malandros no deben conocer el equipamiento con el que cuenta nuestra policía”, dijo.
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