La renuncia de Germán Martínez como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social fue un duro golpe político para el presidente López Obrador, pues aunque la causa de su dimisión la atribuye a que “algunos funcionarios de la Secretaría Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social”, todo mundo sabe que el titular de la SHCP, Carlos Urzúa, no se manda solo y que responde directamente a lo que le instruye el Jefe del Ejecutivo federal, de quien el ex panista recordó que “proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el ‘cargo’ que el ‘encargo’”.
Y es que el funcionario acusó también que algunos funcionarios de la SHCP intentan realizar una remodelación cosmética del IMSS y se niegan a dialogar con los encargados del Seguro Social, pues no han contestado requerimientos e inclusive le cancelaron una reunión. “Por ejemplo, se pretende reformar el Reglamento para colocar funcionarios administrativos en los Estados desde la Secretaría de Hacienda, y así anular a los Delegados que este Consejo Técnico aprobó. Buscan nombrar, en todo el país, una suerte de ‘delegados administrativos estatales’, fuera de este Consejo, para que ellos, en los hechos, administren desde lo local al IMSS”, reprochó.
Pero presuntamente el ex panista tampoco estaba a gusto con algunos delegados estatales que le impusieron, como sería el caso del tabasqueño Candelario Pérez Alvarado, quien a principios de marzo asumió la Delegación del IMSS Veracruz-Norte pese a no tener en su trayectoria pública ningún antecedente en el Sector Salud.
Pérez Alvarado fue, en los últimos 20 años, subsecretario de Organización y subsecretario de Medio Ambiente del CEN del PRD, y enlace de afiliación del partido del sol azteca en los procesos electorales de Tamaulipas, Oaxaca y Veracruz. También fue presidente del Comité Ejecutivo Estatal de este instituto político en su natal Tabasco.
Y de 2015 a 2018 tuvo la suerte de coincidir como diputado federal en la Cámara baja del Congreso de la Unión con dos legisladores veracruzanos de Morena: Cuitláhuac García, actual gobernador, y con Manuel Huerta, súper delegado federal en la entidad.
A mediados del año pasado, aunque todavía militaba formalmente en el PRD, fue postulado por Morena como candidato suplente al Senado de la República por la vía plurinominal. El candidato propietario era ni más ni menos que el líder sindical de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, quien por ese entonces permanecía en exilio político en Canadá.
Cuando Candelario Pérez tomó posesión de la Delegación del IMSS, a Xalapa no vino Germán Martínez ni mandó a nadie en su representación. La protesta se la tuvo que tomar al tabasqueño el secretario de Salud del estado, Roberto Ramos Alor.
OTRO FRACASO DE LA FISCALÍA
Todo parece indicar que este miércoles el ex fiscal duartista Luis Ángel Bravo Contreras también podría dejar el reclusorio de Pacho Viejo para continuar su proceso penal bajo arraigo domiciliario, tal como este martes sucedió con su ex colaboradora Rosario Zamora, ex directora de Investigaciones Ministeriales, a la que una jueza, en cumplimiento a una orden de la justicia federal, le impuso esta nueva medida cautelar.
Y es que la audiencia del abogado cordobés tendrá lugar este día, cuyo caso está vinculado al de la ex directora de Investigaciones Ministeriales y a los de Gilberto Aguirre Garza, ex director de Servicios Periciales, y de la ex delegada regional de la Policía Ministerial, Carlota Zamudio Parroquín, los cuales fueron detenidos a finales de abril de 2018 por su probable coparticipación en el ocultamiento y alteración del hallazgo de 13 cadáveres localizados en la barranca de La Aurora, una congregación del municipio de Emiliano Zapata, ubicada a menos de diez kilómetros de la Academia de Policía de El Lencero.
Según la imputación que hizo la Fiscalía General del Estado a cargo de Jorge Winckler, Rosario Zamora, quien llegó a ser el brazo derecho del ex fiscal Luis Ángel Bravo, habría acordado con los otros funcionarios involucrados sólo dar a conocer el hallazgo de seis cuerpos; mientras que a otra de las víctimas, un policía identificado como David Lara Cruz, le cambiaron la ubicación de hallazgo.
El 19 de enero de 2016 fue reportado el hallazgo de 13 cadáveres en dicha barranca del municipio de Emiliano Zapata, considerada como el lugar en donde arrojaban a las víctimas de desaparición forzada. Por este hecho fueron imputados también 19 policías y el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien a principios de diciembre pasado obtuvo libertad bajo caución.
Según la Fiscalía, de los 13 cuerpos que ocultaron, uno de éstos fue llevado a la comunidad de Santa Ana, municipio de Alto Lucero, en donde simularon haberlo encontrado. Era el cadáver de David Lara Cruz, quien había desaparecido el 12 de enero de 2016, después de haber sido “levantado” presuntamente por sus propios compañeros cuando salía de las instalaciones del Centro de Evaluación y Confianza que se ubica dentro de la referida Academia de Policía.
De los 12 cuerpos restantes las autoridades señalaron que oficialmente no fueron reportados, desconociendo su identidad y ubicación porque fueron entregados a la Secretaría de Seguridad Pública. De acuerdo con versiones extraoficiales, estos cadáveres podrían haber sido incinerados.