Después de torturarlo varios días con largas horas de música de reguetón, el ex Director de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza fue sacado de su celda una madrugada para llevarlo a la dirección del Cereso en Pacho Viejo donde el entonces Fiscal de desaparecidos, Luis Eduardo Coronel Gamboa, le ofreció un trato: o firmaba una declaración en contra del exfiscal Luis Ángel Bravo, o seguiría siendo torturado con música y su familia padecería consecuencias.

El testimonio de Aguirre señala que con el desgaste físico y psicológico ocasionado por la privación del sueño aceptó firmar una declaración de fecha 10 de mayo del año 2018, para simular que ésta había sido realizada de forma legal, se asentó que durante la misma fue acompañado por su abogado defensor.

Lo declarado por Aguirre Garza fue concentrada en la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 25/2019, quien respaldó los dichos del ex funcionario con testigos protegidos.

La recomendación que fue filtrada el fin de semana, pero apenas este lunes fue publicada por la CEDH, ordena a la Fiscalía General del Estado investigar los hechos de tortura, reconocer a Aguirre en su calidad de víctima.

También ordena a la Secretaría de Seguridad Pública, establecer mecanismos efectivos de fiscalización y control de ingreso a los centro de reinserción y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, pagar al ex director de Periciales una compensación por los daños y sufrimientos derivados de los actos de tortura de que fue víctima.

Además recomienda investigar a los servidores públicos involucrados, y a quienes hayan participado -por acción u omisión- en la violación a derechos humanos y determinar sus responsabilidades, su grado de participación y las sanciones correspondientes.

Cabe recordar que Gilberto Aguirre está preso en el penal de Pacho Viejo por el delito de desaparición forzada desde abril del 2018, cuando fue acusado de manipular y ocultar 13 cuerpos hallados en 2016.

El exdirector llegó al cargo el 18 de marzo del 2014, apenas dos meses después de que Luis Ángel Bravo Contreras tomara protesta como fiscal general.

Gilberto Aguirre fue detenido en abril pasado junto a la exdelegada regional de la Policía Ministerial Zona Centro Xalapa, Carlota “N”,, ambos acusados de participar en el ocultamiento y alteración del hallazgo de 13 cuerpos, que fueran localizados en el lugar conocido como La Barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata-

La carpeta detalló que el 19 de enero del 2016, fueron hallados ahí 19 personas, sin embargo, los ex funcionarios ahora detenidos, pidieron al personal bajo su mando reportar solo el hallazgo de 6 cuerpos

“De los 13 cuerpos que ocultaron, uno de ellos fue llevado hasta la localidad de Santa Ana, municipio de Alto Lucero, donde se simuló haberlo encontrado. Dicho cuerpo, al momento de haber sido simulado su hallazgo en la localidad de Santa Ana, ya había sido identificado positivamente como quien en vida llevara el nombre de David Lara Cruz”.

David era elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, quien despareció el día 12 de enero del 2016, después de haber sido privado de su libertad por miembros de su propia corporación, cuando salía de las instalaciones de Evaluación y Control de Confianza de esa dependencia.

La defensa jurídica de Gilberto Aguirre a cargo del abogado Jorge Reyes Peralta, había documentado los actos de tortura en un juicio político contra el fiscal Jorge Winckler ante el Congreso Local en meses pasados.

En la recomendación de 28 hojas, la CEDH a cargo de Namiko Matzumoto refiere que un peritaje revela que Aguirre Garza presenta signos físicos y psicológicos que se han documentado con bastante regularidad en personas sobrevivientes de actos de tortura, mismos que permiten establecer que fue víctima de actos que le ocasionaron severos daños y sufrimientos mentales.

La recomendación evidencia que el Fiscal Especializado en materia de desaparición forzada, Luis Eduardo Coronel Gamboa le pidió que rindiera una declaración inculpando al ex Fiscal General del Estado a cambio obtendría su libertad después de las elecciones federales del día primero de julio del año 2018.

“Después de las elecciones exigió el cumplimiento del acuerdo relativo a su liberación, a lo que el ex Fiscal Especializado le indicó que para que ésta fuese posible era necesario argumentar alguna complicación de salud que justificara el cambio de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a arresto domiciliario y ratificar su declaración ante la Jueza de Control como prueba anticipada”, detalla la recomendación.
La recomendación señala que la Fiscalía General del Estado pretendía a través de la tortura obtener una declaración a través de la cual se incriminara al ex Fiscal General del Estado de Veracruz y legalizar la declaración obtenida bajo coacción.

Las pruebas que incriminan al Fiscal

La CEDH recabó diversa pruebas que sostienen que el fiscal ingresó al penal de Pacho Viejo sin dejar constancia en las bitácoras de ingreso, y que nunca hubo el ingreso de un abogado al penal para estar presente durante la declaración de Aguirre Garza.

El testimonio refiere que el acuerdo con la Fiscalía General del Estado era que el ex funcionario sería diagnosticado por un médico particular con alguna afección a la salud y que un perito de la Dirección General de los Servicios Periciales (DGSP) confirmaría tal diagnóstico y entonces se solicitaría el cambio de medida cautelar y el desahogo de una prueba anticipada.

Existe constancia de que el 7 de agosto del 2018, fue valorado clínicamente por una doctora quien emitió una receta médica donde determinó un “cuadro de neumonía a obstrucción enfisema pulmonar” (sic)

“ De las constancias que corren agregadas a la Causa Penal se verifica que en fecha 31 de agosto del año 2018, derivado de la solicitud promovida por el Fiscal, la Juez de Control acordó procedente que el día 04 de septiembre del año 2018, a las 14:00 horas, se celebrara audiencia para el desahogo de una prueba anticipada consistente en la declaración de Aguirre Garza”, señala la recomendación.

Sin embargo, en la valoración física y psicológica realizada por los peritos independientes, éstos refieren que no existe sustento para las valoraciones médicas antes enumeradas relativas a una “Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica”.

La CEDH señala que esta prueba sustenta el dicho de Aguirre relativo a que los diagnósticos emitidos formaban parte de una estrategia tendiente a legalizar la declaración obtenida bajo coacción”.

AVC Noticias