La criminalidad tiene una de sus causas en la impunidad. Esto es algo que está demostrado por los investigadores en la materia. En México y en Veracruz los índices delincuenciales tienen, entre otros, una relación directa con la efectividad y eficacia de las fiscalías y de las policías para investigar y procurar justicia.

En su paroxismo y cinismo, el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler está llevando hasta el límite esta realidad de impunidad que alimenta paradójica, inexorable y trágicamente la criminalidad en nuestro estado. Lo peor es que él lo sabe, y sádicamente, aunque con pleno conocimiento de que ello le afecta principalmente al gobierno, sale cada lunes a decir las cifras de delitos que, en su masturbada mente, le causa satisfacción solamente a él y a su jefe Yunes.

He sostenido en varias ocasiones en esta columna que el lenguaje también es una acción y también crea realidades, el lenguaje puede crear nuevas realidades. Desde luego esto también se aplica a los medios de comunicación y a las redes sociales. Y esto el Fiscal lo conoce perfectamente, si no es que también intencionalmente provoca acciones que produzcan la realidad que supuestamente debe combatir.

Vivimos pues en unas paradojas creadas en primer lugar por la inacción e ineficacia de los fiscales, en segundo por el lenguaje que esa misma inacción provoca y que a su vez crea una realidad percibida por la ciudadanía tal y como Winckler quiere que sea, y en tercero por acciones provocadas y realizadas que crean esa misma realidad. Todos esos tres tipos de acciones son los que aumentan la criminalidad, la delincuencia y las violencias.

Por otro lado, tenemos unas fuerzas de seguridad que se están reagrupando y coordinando pero que tampoco han tenido la capacidad de enfrentar la criminalidad o de prevenirla porque por un lado el número de policías en Veracruz es bajísimo, 0.7 policías por cada 100 mil habitantes, y por otro la complejidad de los hechos como los feminicidios han rebasado las capacidades de análisis, planeación y respuesta de las autoridades.

A ello se suma la desconfianza que las autoridades y ciudadanos le tienen al Fiscal General del Estado, y que ha provocado la imposibilidad de coordinación necesaria entre las fuerzas de seguridad y las de procuración de justicia, llegando a escenarios de risa o llanto según se le quiera ver.

Y no obstante todo esto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publica esta semana su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que abarca el primer trimestre del año (enero-marzo 2019), en la que la ciudad de Veracruz baja de 78.7 a 75.8 y Coatzacoalcos de 93.4 a 92.6 de percepción social de inseguridad pública.

Quizá ello se deba a la nueva estrategia de seguridad con presencia de policía naval y militar en las calles, pero con seguridad se debe también a operativos como el que llevó a cabo en éstos últimos días la Secretaría de Seguridad Pública donde se rescataron a 10 personas secuestradas en Minatitlán, víctimas procedentes de Tabasco y Aguascalientes.

No obstante esos logros, la Fiscalía está empeñada en no investigar, no acusar, no procesar, no nada. Su estrategia es muy sencilla: por un lado no investigo nada y por el otro anuncio cada lunes el índice delictivo. Vivimos atrapados por esta locura, por esta trampa mortal, a la que se suman actos como los de este viernes en Minatitlán donde mueren 13 personas por ajuste de cuentas provocado precisamente por la impunidad.

Las policías de Veracruz pueden investigar, pero tarde o temprano necesitarán al Ministerio Público, a la Fiscalía, para llevar jurídicamente la acusación ante los jueces.

Como ciudadanos veracruzanos debemos ya saber que estamos secuestrados por un Fiscal General. Como ciudadanos debemos ya saber que dependemos de una Fiscalía que quiera hacer su trabajo, que quiera tomar los casos que le presentan los ciudadanos y las policías.

Lo más trágico es que incluso los delitos de oficio, donde no se necesita denuncia, la Fiscalía no investiga o no avance en su resolución. Ahí está el homicidio de Abiram Hernández Fernández, donde no sabemos ningún avance, no sabemos qué pasó, y menos tenemos una resolución. O luego en el proceso, audiencia y juicios los casos no avanzan o “se les caen” por un trabajo indefendible.

Quizá vaya siendo la hora de hacer un llamado a los verdaderos fiscales, a los fiscales de años, a los fiscales de carrera, a que cumplan su responsabilidad constitucional, a que cumplan con su deber legal y su compromiso con la sociedad, y que comiencen a defendernos frente a una persona y a una familia que tienen secuestrada la justicia en Veracruz.

Una cosa sí es clara, las víctimas en Veracruz están desamparadas por parte de la procuración de justicia. En todo caso le toca al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, dentro de sus facultades, atender a las víctimas, tratar de velar por sus derechos, pero es que el Fiscal hasta de los derechos de las víctimas se quiere proteger, hasta de las víctimas se quiere esconder.