La enorme cantidad de información que ha aportado Tarek Abdalá a la Fiscalía General de la República para salvar la cárcel sólo ha dado forma a lo que todos sabíamos: durante el gobierno de Javier Duarte no había decisión que no tuviera la intención de desviar recursos públicos de todas las formas posibles.
En el caso del ex gobernador, debe seguir rumiando su rabia contenida en contra de sus incondicionales que hoy se han vuelto sus verdugos. Duarte pagó sumas millonarias para hacerse de amigos y socios, además de garantizar complicidades que hoy lo podrían mandar muchos más años a la cárcel; mientras, la mayoría de ellos ronda por el mundo disfrutando de sus fortunas, incluida por supuesto, su esposa Karime.
El extesorero Tarek -habilitado por Duarte como diputado federal para garantizarle el fuero que lo alejara de la hoguera de las investigaciones judiciales-, se ha convertido en un vulgar soplón. Acaso está aportando los datos que habría sustraído de la Sefiplan como una especie de seguro de vida; mucha de esta información ya estaba contenida en las denuncias que en su momento presentó el ex gobernador Yunes Linares, con la colaboración del Orfis.
La pregunta sigue rondando en la cabeza de muchos ex funcionarios que aún temen que la justicia los alcance: ¿quieren llegar hasta Fidel Herrera? ¿Sólo les interesa el caso Javier Duarte y que no obtenga su libertad durante el gobierno de la cuarta transformación? ¿Hay la intención de recuperar recursos públicos para las lastimosas finanzas estatales? ¿Es acaso un distractor más de los conflictos de seguridad y falta de resultados del gobierno estatal? o ¿es tan sólo una etapa más del proceso penal que se le sigue al ex tesorero?
Tarek Abdalá fue beneficiado, en el último día de la administración de Enrique Peña, con un recurso denominado “criterio de oportunidad”, que no es otra cosa que un acuerdo con la Fiscalía General de la República para evitar ser juzgado por el presunto desvío de 55 mil millones de pesos, dinero que éste habría transferido a diversas cuentas por órdenes del ex gobernador.
Con este acuerdo, el ex diputado federal tendrá que declarar en contra de Duarte y otros ex funcionarios, en los juicios donde éstos sean acusados, pues de no ser así perdería el beneficio y sería juzgado por el desvío millonario. Algunas de estas declaraciones fueron dadas a conocer este miércoles por el diario Reforma.
En uno de sus testimonios, rendido el 31 de octubre pasado para obtener el criterio de oportunidad, el ex diputado federal priista afirmó que el entonces Gobernador Duarte les instruía ocultar los déficits presupuestarios del Gobierno y, en su lugar, reportar ahorros netos. Por ejemplo, en la cuenta pública consolidada del año 2011 se había establecido que existía un ahorro neto del ejercicio que ascendía a 2 mil 699 millones 141 mil 7 pesos, cuando en realidad existía un déficit presupuestario de aproximadamente 12 mil millones de pesos anuales», declaró.
Abdalá recordó que con la publicación de un acuerdo en la gaceta oficial del estado, el 19 de diciembre de 2011, Duarte institucionalizó el uso de recursos federales para el gasto corriente.
Esto hizo que la Sefiplan empleara dos tipos de cuentas bancarias: por un lado, las llamadas «específicas» o las que legalmente deben abrirse para recibir los fondos federales, y por otro las «concentradoras» o «licuadoras», abiertas por órdenes del mandatario. La misma licuadora que funcionó hasta el gobierno anterior.
El propio Abdalá habría señalado al también ex diputado local, Juan Manuel del Castillo, de ser el cerebro de toda la transa. “Juan Manuel del Castillo y su gente coordinaban los depósitos de recurso con la dependencia, para que ésta inmediatamente transfiriera el recurso al proveedor beneficiado, sin importar si la dependencia tuviera carencias o compromisos operativos”, dijo Abdalá ante PGR.
Una vez que el recurso llegaba a la cuenta bancaria del proveedor, aún eran empresas fantasmas y fachadas, el equipo de Juan Manuel del Castillo coordinaba con los bancos, para que tuviera el efectivo suficiente, para poder entregarlo en sucursales específicas. Para eso, también señaló a funcionarios de Grupo Santander, Grupo Banorte, HSBC y BBVA Bancomer de participar en el multimillonario atraco.
“Para ello se utilizaba a la Secretaría de Agricultura y a la Secretaría de Desarrollo Social, para orquestar este tipo de esquemas y evitar que la responsabilidad del recurso, recayera en Sefiplan, sino en las otras dependencias”. Esa es una de las razones por las que muchos ex funcionarios siguen con un pie en la cárcel.
Por eso, según lo dicho por el soplón, teme que algunos de sus alegres compadres lo mande al camposanto.
Las del estribo…
- Como los marranos, la actual administración municipal de Xalapa se regodea de revolcarse en el lodazal que ha convertido a la ciudad. El Presidente municipal sigue pensando que con llevar su amapola por la ciudad la gente va a tener una buena opinión de su trabajo. Volvieron a hacer el ridículo, utilizando un recurso de turismo como una obscena propaganda política. No han aprendido nada.
- De aplaudirse la iniciativa presidencial de hacer públicos los sueldos de todos los funcionarios federales del país; ojalá y también lo hagan con los sobresueldos y demás prestaciones. Por lo pronto, nos hemos enterado como algunos funcionarios morenistas, abrazados por la nostalgia, no han dejado de cobrar donde tenían sus plazas. Y la Contraloría sigue roncando