La Comisión Transitoria para la Integración del Anteproyecto de Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana (UV) hizo suya, entre otras, una de las principales interrogantes que la comunidad universitaria planteó durante la consulta realizada en las cinco regiones de esta casa de estudios: ¿Para qué una nueva Ley Orgánica?

Los miembros de esta comisión, creada por el Consejo Universitario General (CUG) en marzo del año pasado y ampliada en diciembre por él mismo, como parte de las sesiones permanentes han concluido, de forma colegiada, que una de las principales razones es la necesidad de armonizar la normatividad universitaria con las transformaciones jurídicas producidas en los últimos años en las instituciones del Estado mexicano, tanto en los ámbitos federal como local.

De acuerdo con la Comisión, tales transformaciones han provocado complejidades e insuficiencias en la gestión universitaria, respecto de una correcta armonización de la legislación que regule el funcionamiento de la institución.

Se resaltan, el fortalecimiento de los derechos humanos, las reformas en materia de educación superior, la transparencia, la fiscalización en la administración de los recursos económicos y la contabilidad gubernamental, entre otras.

Otra de las razones importantes es contar con el cuerpo normativo adecuado para ejercer la facultad de iniciar leyes o decretos producto de las reformas a la Constitución local en sus artículos 10 (2017) y 34 (2018). Éstas, como se sabe, fortalecieron la autonomía de la Universidad al garantizar que el presupuesto asignado anualmente no podrá ser menor al cuatro por ciento del total del presupuesto general del Estado y brindar a la UV la facultad para iniciar leyes o decretos en todo lo relacionado a su autonomía, organización y funcionamiento.

Asimismo, una nueva Ley Orgánica es necesaria para sentar las bases jurídicas necesarias a fin de responder a la evolución de la educación superior, establecer en las leyes secundarias la capacidad de cambios académico-administrativos para así resolver lagunas jurídicas y contradicciones derivadas del texto de la Ley Orgánica vigente, con relación al modelo educativo y su organización académico-administrativa.

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