Según su página web, la empresa COMTELSAT S.A de C.V. se describe como “una empresa innovadora que con experiencia acumulada, se ha consolidado como la empresa líder en la integración de soluciones tecnológicas en México, llevándonos así a traspasar las fronteras desarrollando proyectos exitosos de enorme envergadura en el Centro y Sur del Continente Americano. Desde su fundación y gracias a la conformación de un gran equipo de ingenieros y equipo técnico especializado, hemos participado en la enorme revolución tecnológica que han experimentado los medios de comunicación que pasaron de la señal análoga a la televisión digital y la alta definición, y que ahora distribuyen sus señales a través de servicios virtualizados y de inteligencia en la nube”.

El dueño del negocio es Manuel Arroyo, quien además es propietario de El Financiero, medio de comunicación con muchos años de servicio y donde han pasado algunas de las mejores plumas del periodismo mexicano. Como antecedente, esa empresa ya había sido sancionada por la Secretaría de la Función Pública en el 2014, luego de que el Órgano de Control Interno de Pemex Exploración y Producción concluyó un procedimiento de investigación radicado en el expediente CI-S-PEP-004/2013, en el que se resolvió aplicar una sanción administrativa a Comtelsat; la sanción fue inhabilitarla de cualquier relación comercial con instituciones federales por tres meses. La razón de esa decisión no se incluyó en la circular OIC-PEP-AR-18.575. 034/2014, emitida por la SFP, pero si se citaban los artículos, leyes y reglamentos violados por COMTELSAT, por lo que se infiere que se trató de incumplimiento de contratos, aunque por aquellas fechas el Reforma publicó que se trató de adeudos fiscales.

Comtelsat es parte del Grupo Multimedio Lauman, también propiedad de Arroyo. Entre los clientes que presume, están algunos medios de comunicación, además de instituciones púbicas y privadas que han requerido servicios de transmisión por streaming y almacenamiento, además de las dichosas cámaras de videovigilancia. El modelo de seguridad que Comtelsat vendió al gobierno de Veracruz, incluía la instalación de cámaras de video vigilancia en las regiones de Pánuco, Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos, así como la habilitación de arcos carreteros y la puesta en marcha del C5i en Boca del Río, que serían entregadas en enero de 2018, sin embargo esto no se cumplió.

A inicios de febrero del 2019, la compañía, por medio de un despachos de abogados, dijo que en tres meses estarían operando al cien por ciento las cámras instaladas en la entidad; el abogado externo de la empresa, Rodolfo Reus Medina, aseguró que una situación ajena a Comtelsat impidió la visualización de todos los monitores instalados, por lo que trabajarían durante 12 semanas en la instalación de arcos de fibra óptica para solventar la saturación del espectro radioeléctrico entregado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. El abogado también argumentó que el gobierno anterior dejó en mal estado este rubro debido a que no se tomaron con seriedad la construcción de acuerdos, además de negar cualquier relación con el exgobernador Miguel Angel Yunes Linares.

Según documentos oficiales, el proyecto yunista de videovigilancia obligaba al pago de mil millones de pesos, que se pagarían durante los ejercicios fiscales 2017 y 2018; por su parte la empresa Comtelsat instalaría la red eléctrica para la operación de las cámaras, lo que significaba un costo adicional de 116 millones de pesos. La vigencia en el contrato era de 210 días naturales, a partir de su firma, un período de 5 meses; para la instalación y entrada de operación del sistema de videovigilancia.

Para el 10 de octubre del 2018, fecha en la que vencía el plazo inicial del contrato, el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes aseguró que los equipos ya estaban instalados, pero no operaban en su totalidad porque no se había logrado conectarlos con los centros de comando y control.

La pregunta es ¿por qué escogieron a Comtelsat?, posiblemente la hebra del hilo sea lo que apenas estamos conociendo, habría que preguntar a la empresa y su dueño por qué desconocen cualquier relación con Yunes, pero también saber si recibieron el pago o no.

Recientemente hemos comprobado que Miguel Angel Yunes no mete las manos más que por él o su familia, ¿será éste el momento en que sus cercanos colaboradores, víctimas de su personalidad, ahora no metan las manos por él?

¿Y si, Manuel Arroyo, además de beneficiarse con el proyecto de videovigilancia; también lo hizo con su medio de comunicación? Parece ser que por fin vienen los días en que las promesas de campaña MORENISTAS irán cobrando vida, peor si no lo logran, la malograda destitución de Jorge Winckler será nada en comparación a un fracaso con la denuncia que el Gobierno de Veracruz presentó ayer ante la Fiscalía General de la República; al menos que a López Obrador ahora sí le interese meter dar un empujoncito al gobierno de Cuitláhuac García.