Empresarios veracruzanos organizados en “Empresas SOS” a los que el gobierno estatal adeuda una millonada desde tiempos de Javier Duarte, fueron invitados la víspera a presentarse en las oficinas de Sefiplan porque había buenas noticias para ellos.  ¿Será que ya nos van a pagar? Dios te oiga, hermano.

Recelosos y huraños se presentaron este miércoles en la dependencia, pero sus temores se disiparon cuando se toparon con representantes de la Coparmex, Canacintra, Canaco, Cmic y empresas independientes, que fungirían como testigos de honor. Sí hermano, sí nos van a pagar.

Y en efecto, les dieron un primer abonito con la promesa de que habrá más. “¿De cuánto estamos hablando?” “De 8 millones”. “¿Qué cosa, ocho millones cuando el adeudo es de 470 millones de pesos?” “Pues sí pero qué quieren, estamos en austeridad. Además, dense de santos que les estamos pagando. ¿Los toman o los dejan?” “Uta…”.

El resto se pagará de la siguiente manera: si el adeudo es menor al millón de pesos será en efectivo y lo más pronto posible. Pero si es mayor a esa cantidad se liquidará en cómodas mensualidades. Va un ejemplo: Si a un empresario le adeudan 3 millones de pesos es muy probable que se los paguen en tres meses. Pero si le adeudan 60 o 70 millones tendrá que soplarse todo el sexenio para que le liquiden completo.

Viéndolo bien y despacio qué bueno que están pagándoles; de la manera que sea pero les están pagando. Lo malo es que los están dejando sin trabajo.

Y es que ninguna de las empresas afiliadas a SOS (cuya gran mayoría son pequeñas y medianas) está considerada en las licitaciones del gobierno estatal. ¿Por qué? Porque el gobierno de Cuitláhuac García piensa comprar por volumen o lo que se conoce como compras consolidadas, con lo que intenta conseguir precios bajos. Esos precios bajos también se los darían las empresas locales, pero…

Es decir, si el gobierno requiere 500 computadoras no va a comprar 100 en una pequeña o mediana empresa, 300 en otra y 100 en una tercera, sino que comprará las 500 a una sola tienda que forzosamente será foránea y cuyas ganancias serán para empresarios y trabajadores foráneos.

Esto irremediablemente le pegará en el bolsillo a los hombres y mujeres de empresa locales que (primero porque no les pagaban y ahora porque no los contratan), tendrán que cerrar sus negocios con la consiguiente pérdida de cientos de empleos.

Es decir, por un lado el gobierno estatal les echa una cobijita (un trapito pues) que desde hace mucho les hacía falta, pero por otro lado los descobija y de muy fea manera.

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