Probablemente por desconocer lo que ocurre en su dependencia, en días pasados la contralora del Gobierno de Veracruz, Leslie Garibo Puga, negó que dicha oficina haya recibido 40 denuncias por presuntas irregularidades en que habrían incurrido funcionarios estatales.

La contralora dio respuesta a las declaraciones del titular del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Sergio Vázquez Jiménez, quien reveló que ese organismo turnó a la CGE 40 expedientes que se relacionan con señalamientos por diversas irregularidades, entre las que se encuentran los presuntos casos de nepotismo que se han señalado en la Secretaría del Trabajo.

Las denuncias, a pesar de lo que diga Leslie Garibo, sí fueron turnadas a la Contraloría por parte del SEA; son 40 en total que, al parecer, duermen en algún cajón de la oficina de la contralora.

Se trata de 14 denuncias por presuntos actos de corrupción en el ORFIS; 13 más, que corresponden a la Contraloría General del Estado; 3, al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información; 3 más al Congreso del Estado de Veracruz;  2 a la Fiscalía Especializada en Anticorrupción; además de 5 que corresponden al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Salud, al Organismo Público Local Electoral y a la Secretaría de Gobierno, una sobre cada una de esas instancias.

Habría que decir que el SEA ha remado a contracorriente desde la pasada administración estatal; recordemos que el Sistema fue creado durante el gobierno yunista, al que los comisionados cuestionaron por la aprobación de la cuenta pública 2017, cuyas observaciones habrían sido maquilladas desde la pasada Legislatura para que las dependencias y algunos ayuntamientos salieran limpios del proceso de fiscalización.

Lo cierto es que en la actualidad Leslie Garibo, al igual que otros funcionarios del gobierno veracruzano, ha optado por no participar en los eventos que organiza el Sistema Estatal Anticorrupción; el organismo, por ejemplo, ha signado convenios de colaboración con cámaras empresariales y en todos estos eventos han estado ausentes los funcionarios estatales, a pesar de que en algunos casos, como el de la contralora, es parte del propio Sistema,

En el SEA, por cierto, crece la percepción de que el Gobierno de Veracruz determinó asfixiar presupuestalmente al organismo, dado que de los 40 millones de pesos que solicitó para el ejercicio 2019, la Legislatura del Estado sólo autorizó 20 millones, insuficientes para cumplir con la agenda anticorrupción de Veracruz y de México.

A esto habría que agregar que el próximo 10 de abril entra en vigor la política nacional anticorrupción del SNA, que implica 60 prioridades que deben cumplirse en los estados; es decir, son programas que demandan recursos. En dicho escenario, Veracruz incumplirá un mandato de la Constitución General de la República, la Ley del SNA, y de la propia ley local, por falta de recursos.

Por ello, en esa oficina se habla de la necesidad de solicitar, en agosto o septiembre, una ampliación presupuestal que permita el correcto funcionamiento del Sistema. De no lograr esos recursos, no sería descabellado el cierre del SEA veracruzano, algo así como la muerte por inanición.

Anilú Ingram en INMUJERES

Ante los índices de violencia contra las mujeres que se registran en Veracruz y en México, el pasado lunes la diputada federal Anilú Ingram Vallines se reunió con Nadine Gasman Zylbermann, titular del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), a quien presentó su iniciativa reacionada con el feminicidio y las alertas de género, misma que hace apenas unas semanas entregó ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En dicha reunión, la vicecoordinadora de la bancada del PRI subrayó que cuando se trata de delitos de violencia contra las mujeres, las dificultades en el acceso a la justicia constituyen una problemática no resuelta, por lo que urge sumar esfuerzos para poder corregirlo y, sobre todo, garantizar una vida digna y segura a las mujeres.

Ingram Vallines expuso a la ex representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Brasil que la  reforma propuesta a diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, busca apoyar a familiares de las víctimas al garantizarles ser informados de manera oportuna de las acciones que las autoridades realicen tendientes a sancionar a los presuntos responsables; a recibir de manera gratuita copia simple de las diligencias que integran el expediente; a acceder a las medidas de ayuda y asistencia que se implementen para la superación del daño producto de la comisión de delitos, incluidas medidas de apoyo psicosocial, una arista que hasta este momento no ha sido considerada.

La reunión, celebrada en la capital del país, fue productiva; esperemos que muy pronto se pueda aprobar en San Lázaro la iniciativa de la veracruzana como parte de un engranaje para frenar la violencia contra las mujeres. @luisromero85