La Secretaria de Desarrollo Social entregó contratos por más de 226 millones de pesos del Programa contra la pobreza Veracruz Comienza Contigo a empresas que son parte de una red vinculada al fraude y desvío de recursos en Universidades Públicas y dependencias federales.
Durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, la titular y ahora senadora Indira Rosales entregó contratos vía adjudicación directa a las empresas Custom Performances SA de CV por 121.4 millones de pesos, D&P México Servicios Digitales SA de CV por 90.4 millones de pesos y Integración documental SA de CV por 15.1 millones de pesos para la realización de diversos servicios.
Estas empresas están señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de ser parte de una red de corrupción con empresas fantasmas para el desvío de recursos en la Universidad Politécnica de Quintana Roo y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) , y que es parte del escándalo de la estafa maestra.
Estas tres empresas entregaron a su vez contratos por 21.6 millones a empresas que el SAT ha identificado como inexistentes.
En un recuento realizado por AVC Noticias, luego de que el Secretario de Desarrollo Social, Guillermo Fernández interpusiera una denuncia ante la Fiscalía General por la simulación de un contrato de arrendamiento de autos, se reveló que la Sedesol entregó en 12 meses – entre marzo del 2017 y marzo del 2018-, 11 contratos a estas tres empresas, la mayoría vía adjudicación directa.
¿Cómo se vinculan con la Estafa Maestra?
Entre 2015 y 2016, la Sedatu contrató a la Universidad Politécnica de Quintana Roo para la realización de un diagnostico de la información y las tecnologías para integrar un sistema de información consolidado por un monto de 97 millones de pesos.
La Universidad Politécnica subcontrató a su vez a ocho empresas: Comercializadora DW Prisma, S.A. de C.V. V ( no se encontró en su domicilio) , Competencia y Habilidades para el Trabajo, A.C. ( empresa fantasma) , Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular, S.A. de C.V ( no se encontró en su domicilio) , Infotecnick, S.A. de C.V. V ( no se encontró en su domicilio) , Mars, Integradores en Telecomunicaciones e Informática, S.A. de C.V. V ( no se encontró en su domicilio) y AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V. , Custom Performance, S.A. de C.V. e Integración Documental, S.A. de C.V. ( que no pudieron acreditar el servicio prestado).
Estas ocho empresas a su vez subcontrataron a otras empresas para triangular el dinero, entre ellas a algunas inexistentes.
La auditoría de la ASF reveló que Custom Performance, S.A. de C.V e Integración Documental, S.A. de C.V., abrieron sus cuentas bancarias en el domicilio fiscal de la empresa AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V., hecho que evidencia la existencia de un vínculo entre las tres empresas proveedoras, para intervenir en las supuestas contrataciones de la Universidad para la simulación en la prestación de servicios y que, en conjunto, recibieron un total de recursos de 38. 9 millones de pesos, que representó el 40.0% de los recursos que la Universidad entregó a los ocho proveedores.
De igual forma, se determinó que las empresas AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V., Integración Documental, S.A. de C.V., Custom Performance, S.A. de C.V., y Competencias y Habilidades para el Trabajo, A. C., tienen vínculo con las empresas y personas físicas, a las cuales les realizaron transferencias y les expidieron cheques, entre ellas : a IKAR Presentadora de Bienes y Servicios, S.A. de C.V., declarada empresa fantasma (6 mdp), Sistemas y Comunicaciones Computer, S.A. de C.V (6.5 mdp) y Francisco Medina de la Cruz (16.3 mdp). Francisco Medina de la Cruz es el representante legal de D&P México Servicios Digitales SA de CV, empresa a la que Sedesol Veracruz entregó 90.2 millones de pesos en 5 contratos vía adjudicación directa para el mantenimiento y control de los bienes informáticos de programa sociales, la contratación de más de 1 mil 400 dispositivos móviles , así como el desarrollo del software registro de apoyos y seguimiento de acciones. Custom y la simulación de licitaciones A Custom Performance, S.A. de C.V, representada por Elena María Castillo Cruz , la Sedesol le entregó tres contratos vía adjudicación directa por 20.8 millones de pesos para el arrendamiento de vehículos para programas sociales entre marzo y junio del 2017.
En agosto del 2017, se convocó a una licitación pública nacional para la entrega de un nuevo contrato, aunque dos empresas : Integra Arrenda SA de CV, Sofom y CA Soluciones Financieras SA de CV, compraron bases de la licitación, nunca entregaron las propuestas técnicas ni económicas. Así, el área jurídica de Sedesol decidió entregar el contrato por 34.9 millones de pesos a Custom Performance, S.A. de C.V para el servicio de arrendamiento de transporte de 283 unidades. El contrato se concretó de agosto a diciembre del 2017.
La entonces secretaria Indira Rosales renunció al cargo el 16 de febrero del 2018 para ir por la vía plurinominal al Senado por el Partido Acción Nacional , tres meses después de su salida, en marzo se convocó a una nueva licitación, el modus operandis fue el mismo, solo dos empresas se inscribieron: CA Soluciones Financieras SA de CV y Custom Performance .
En el acto de apertura de propuesta solo apareció Custom a quien le dieron un nuevo contrato esta vez por 65 .6 millones de pesos.
Apenas este martes, el nuevo titular de Sedesol presentó una denuncia por la simulación de tres contratos que suman 55.6 millones de pesos ( los otorgados en 2017). P
ero estas irregularidades ya había sido detectadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis),en la Cuenta Pública 2017.
Ahí observó que en el contrato con esta empresa no se formularon bitácoras de los vehículos arrendados de forma cronológica (de manera diaria) que permitiera llevar el control administrativo del uso de las unidades, mantenimiento, reparación y suministro de combustible.
Asimismo, se detectó que del Estudio de Costo/beneficio para el arrendamiento de vehículos del programa a implementar en la Sedesol de fecha 19 de enero de 2017, no presentaron la documentación soporte del resultado de dicho estudio, lo que incumplió con el programa de reducción de gastos para el Rescate Financiero del Estado de Veracruz 2016 – 2018.
El daño patrimonial en los contratos con D&P México Servicios Digitales En la auditoría 2017 que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), señaló un daño patrimonial por 4.7 millones de pesos de la empresa D&P México Servicios Digitales por Mantenimiento y Conservación de los Bienes Informáticos de los Programas Sociales del Estado de Veracruz, pues no proporcionaron evidencia suficiente y competente de la prestación de los servicios. (centro de datos, plataformas, seguridad, servidores, actualizaciones de software, respaldo y mesas de ayuda).
También señaló que por el monto adjudicado, el proceso de contratación debió realizarse a través de Licitación Simplificada y no por Adjudicación Directa. La Sedesol adjudicó vía directa en total cinco contratos a la empresa D&P México Servicios Digitales, S.A. de C.V. por 90. 2 millones de pesos, y dos contratos más a Integración Documental, S.A de C.V, por 15.1 millones de pesos.
La auditoría determinó que estas contrataciones directas se realizaron por medio de un dictamen de procedencia; sin embargo, la fundamentación y motivación no justifican la adjudicación directa, debido a que no cuentan con una investigación de mercado previa a la contratación que sustentara que fue la mejor opción en cuanto a precio, características y calidad en el servicio. Incluso el estudio de mercado que la Sedesol hizo el 17 de enero del 2018, para justificar la adjudicación para el arrendamiento de dispositivos móviles por 30.4 millones de pesos a la empresa D&P México Servicios Digitales, S.A. de C.V, también presentó irregularidades.
El estudio que fue avalado por Eduardo Vargas Sánchez, Director General de Coordinación para el Combate a la Pobreza, quien incluyò en el estudio económico a la empresa Integración documental SA de CV, que está vinculada con D&P en la estafa maestra.
Cabe señalar que estas empresas también están vinculadas a otros contratos con el mismo modus operandis utilizado en 2014 por la Universidad Autónoma del Estado de México en contratos con varias dependencias federales, entre ellas el Fovissste, Sedesol, y Cofepris e IMSS.
Flavia Morales/Avc