Prefacio.
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– El gobernador es el único que va a dar declaraciones en materia de seguridad, me van a disculpar, muchísimas gracias.
Así respondió el general de División Francisco Ortiz Valadez, al acoso de los reporteros para que informara sobre los días de violencia que ha vivido el estado de Veracruz.
Así está acordado en la Coordinación para la Construcción de la Paz, lo que en tiempos de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares se conoció como el “Grupo de Coordinación Veracruz”.
El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 parte de una premisa fundamental:
“La seguridad de la gente es un factor esencial del bienestar y la razón primordial de la existencia del poder público: el pacto básico entre éste y la población consiste en que la segunda delega su seguridad en autoridades constituidas, las cuales adquieren el compromiso de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de los individuos. Para ello están dotadas de facultades e instrumentos como leyes y reglamentos, organismos de procuración e impartición de justicia y el uso exclusivo de la fuerza pública. Cuando las instituciones son incapaces de utilizar adecuadamente tales potestades y herramientas y fallan en su responsabilidad de preservar la vida, la integridad y la propiedad de las personas y las poblaciones, entra en crisis su primera razón de ser, se debilita el acuerdo que articula las instituciones a la sociedad, se degrada la calidad de vida y se pone en peligro la existencia misma del Estado”.
Y como bien lo dijo el comandante de la Sexta Región Militar, este mismo lunes el gobernador Cuitláhuac García salió a explicar las razones de este incremento súbito de eventos de violencia en la entidad:
– Están reaccionado los grupos delictivos ante acciones contundentes. En administraciones pasadas los solapaban, llegó un Gobierno honesto y se molestaron.
Como se explicó en este mismo espacio, los golpes quirúrgicos (esto es, certeros, producto de un previo trabajo de inteligencia), asestados especialmente por la Fuerza Civil de Veracruz, provocaron la reacción virulenta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que respondieron –a decir del propio gobernador- con medidas de carácter propagandístico.
Esto es, ráfagas de metralletas y granadas contra los cuarteles policiacos, robo de trailers para utilizarlos como muros de contención en las autopistas de la entidad (donde emboscaron a patrullas de la Fuerza Civil), mantas colgadas en zonas de gran impacto mediático, con amenazas directas contra los mandos policiacos locales, y difusión en redes sociales de “fake news”, en las que se anunciaban supuestos “toques de queda”.
Todo esto, material especialmente atractivo para los medios de comunicación. Las televisoras y los principales periódicos y portales de noticias se dieron vuelo divulgando imágenes de camiones incendiándose, de las fachadas de las comandancias policiacas con los impactos de bala y de las esquirlas de granada.
Mucho ruido, pero en los datos duros, un policía fallecido, algunos heridos, contra cerca de una docena de delincuentes abatidos, cinco campamentos, bodegas y casas de seguridad asegurados, así como armas, cartuchos y granadas.
Nadie dijo que los grupos criminales se iban a ir del estado por su voluntad. Se requiere del uso de la fuerza, y eso es lo que está sucediendo.
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Epílogo.
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