Prefacio
Para fines prácticos, la votación de este jueves, en la LXV Legislatura de
Veracruz, de la minuta sobre la reforma a la Constitución federal, que da sustento
a la creación de la Guardia Nacional, ya no tiene sentido. *** Este miércoles, con
la aprobación en el Congreso de Sinaloa, se consiguieron las 17 legislaturas
locales a favor de dicha reforma, la mitad más una, como lo marca la Ley. ***
Cumplido ese requisito, lo que resta es su promulgación por parte del Presidente
de la República. Las otras legislaturas que aprobaron la minuta fueron Guerrero,
Campeche, Tabasco, Chiapas, Nuevo León, Colima, Zacatecas, Querétaro,
Hidalgo, Estado de México, Baja California Sur, Tlaxcala, Durango, Tamaulipas,
Puebla y Quintana Roo. *** Sin embargo, la votación de dicha minuta en el
Congreso de Veracruz servirá para evaluar, a la luz de temas considerados “de
alta prioridad” en el gobierno federal, la capacidad de operación política del
gobierno veracruzano, emanado –lo mismo que el Federal, de Morena. ***
¡Vamos!, que quieren saber si la doble derrota en el intento de llevar a juicio
político al aún fiscal jorge Winckler, fue la excepción, y no la regla. *** Este jueves
lo sabremos.

Mientras más revisa la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el manejo de los
recursos federales por parte del gobierno de Veracruz en el ejercicio fiscal 2017 (el
primer año de Miguel Ángel Yunes Linares) más irregularidades encuentra.
En la revisión de la Cuenta Pública 2017, cuyos resultados la ASF dividió en tres
entregas, se muestra que la administración de Yunes Linares dejó inconsistencias
por al menos mil 106 millones de pesos, de los cuales aún no puede comprobar el
destino de 927.2 millones de pesos.

En su primera entrega, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que el
gobierno de Veracruz habría incurrido en un probable daño al erario por 527
millones de pesos. Para la segunda parte, el daño fue por 301.4 millones de
pesos, y en el último reporte se sumó un presunto daño por 267 millones de
pesos.

Además de todo ello, ese año Veracruz volvió a ubicarse como una de las
entidades federativas con mayores problemas por su deuda pública.
Según la ASF, en 2017, la deuda pública de las entidades federativas, los
municipios y sus entes públicos ascendió a 580 mil 644.7 millones de pesos, lo
que significó una disminución de 3.8% real en relación con 2016.
En opinión de este organismo fiscalizador, la nueva Ley de Disciplina Financiera
contribuyó a la disminución gradual de la deuda pública.

La ASF identificó dos grupos de entidades federativas con riesgo de afectar la
sostenibilidad de las finanzas locales en el largo plazo, debido a (1) monto elevado
de la deuda pública y (2) mayor dinámica de crecimiento del saldo de sus
obligaciones financieras.

En el primer grupo destacaron siete entidades (Ciudad de México, Nuevo León,
Chihuahua, Veracruz, Estado de México, Coahuila y Sonora), que concentraron el
61.8% del saldo total de la deuda pública en 2017.
Destino incierto de los fondos federales enviados a Veracruz, y condiciones de alto
riesgo en el manejo de la deuda pública, fueron los sellos más sensibles en el
manejo del presupuesto durante el primer año de gobierno de Miguel Ángel Yunes
Linares.

Pero eso no es todo. Lo peor aparecerá en la revisión de la Cuenta Pública 2018,
cuando se acentuó el desvío de recursos para financiar la fallida campaña de su
vástago.

Pronto lo veremos.

 

Epílogo.
El Poder Judicial federal sigue postergando una decisión que es fundamental para
el futuro de Veracruz: la audiencia constitucional para definir, una vez por todas, si
se le concede o se le niega a Jorge Winckler el amparo contra la reforma a la
Constitución de Veracruz, en la que se les confirma a los legisladores la atribución
de remover al titular de la Fiscalía General del Estado. *** “De autos se advierte
que mediante proveído de 15 de enero del año en curso, se tuvo por recibido un
oficio a través del cual la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río,
Veracruz, informó que fueron admitidos los recursos de queja formulados por la
Directora General Jurídica de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz,
con residencia en esta ciudad, contra el proveído de 18 de diciembre de 2018, sin
que a la fecha se haya dictado la resolución correspondiente. En consecuencia,
tomando en consideración que la resolución que recaiga a los citados recursos de
queja puede influir en el sentido de la sentencia que se dicte en el presente juicio,
la audiencia constitucional señalada para este día se difiere para las 10 horas con
23 minutos del 13 de marzo de 2019”. *** Debe ser una tarea titánica, la
encomendada al delegado del gobierno federal en Veracruz, Manuel Huerta, la de
justificar decisiones tan irracionales como la virtual desaparición de las Estancias
Infantiles. A tal grado ha llegado su incapacidad para explicar tan desatinada
decisión, que cada que opina sobre ello dice una barbaridad aún mayor que la
anterior (como sugerir que con los recursos que entregarán a las familias, éstas
podrán contratar a “Yalitzias”, como la actriz oaxaqueña Yalitzia Aparicio, que
interpreta a una empleada doméstica en la laureada película Roma). Ni modo, ese
es el precio por representar al Presidente.

filivargas@nullgmail.com