Prefacio
Algo extraño está sucediendo con el delegado del gobierno federal para Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. *** De pronto se muestra con un inusual afán protagónico, asumiéndose como “la voz del Presidente en Veracruz”, con discursos huecos, señalamientos sin fundamento y entrometiéndose en temas que son ajenos a su investidura y de los cuales apenas conoce (según su propio dicho) por lo que ha leído en los medios de comunicación. *** De su tema, el que es su responsabilidad, las Estancias Infantiles, dice que hubo “una cantidad impresionante” de falsos niños inscritos. No da una cifra concreta, no informa en cuáles guarderías fueron detectadas esas anomalías, ni cuáles servidores públicos estuvieron involucrados. *** Sin aportar ningún dato, ni la fuente de su información, asegura que “Veracruz fue el estado en donde más niños fantasma aparecían en las matrículas de las estancias subsidiadas”, que halló lotes baldíos y salones de fiesta en los domicilios de las estancias. *** ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué se ha hecho para sancionarlos? (Aparte de desaparecer uno de los programas mejor calificados en materia asistencial). *** Y habló también del supuesto caso de nepotismo en la Secretaría del Trabajo del gobierno estatal (desmentido ya por el propio gobernador) y les prometió a los reporteros que “estaría atento” de ese tema, que es totalmente ajeno a sus atribuciones. *** Él no gobierna en Veracruz. Alguien tendría que recordárselo.
* * *
El 19 de julio del 2017, cuando la administración de Miguel Ángel Yunes Linares transcurría por su octavo mes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 5VG/2017, dirigida al gobernador de Veracruz.
Tras investigar la desaparición forzada de cinco jóvenes (José Alfonso González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez, Susana Tapia Garibo, José Benitez de la O y Bernardo Benitez Arroniz) que transitaban por el municipio de Tierra Blanca, el Ombudsman nacional instruyó:
“Se proporcione a los familiares de las víctimas la reparación integral del daño, que incluya una compensación y/o indemnización justa por la gravedad de los hechos; se les proporcione atención médica, psicológica y tanatológica, con trato digno, sensible y con calidez, así como que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal les ofrezca una disculpa pública institucional”.
En enero del presente año, cuestionado sobre las recomendaciones recibidas por la desaparición de los jóvenes en Tierra Blanca, Cuitláhuac García Jiménez anticipó que, en acuerdo con los familiares de las víctimas, se realizaría en la Ciudad de México la disculpa pública:
“Él (Miguel Ángel Yunes Linares) no la acató, pero nosotros sí; vamos a ir a la Ciudad de México como ellos lo piden y allá haremos las disculpas públicas en el formato que ellos nos van a decir”, anunció en aquella ocasión García Jiménez.
Informó, además, que entregarían los recursos por concepto de indemnización, como parte de un acuerdo realizado con los familiares.
El 11 de enero del 2016, Susana Tapia Garibo de 16 años, José Benítez de la O de 24 años, Mario Orozco Sánchez de 27 años, Alfredo González Díaz de 25 años, y Bernardo Benítez Arróniz, fueron detenidos cuando retornaban a sus casas, en Playa Vicente. Pasaban por el municipio de Tierra Blanca, a 116 kilómetros de su destino, cuando elementos de Seguridad Pública los detuvieron con el argumento de que “les parecieron sospechosos”. Los uniformados confesaron que entregaron a los jóvenes al jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, grupo delictivo que los asesinó y desapareció sus cuerpos.
Las investigaciones revelaron que los policías actuaron siguiendo instrucciones del delegado de Seguridad Pública en Tierra Blanca, Marcos Conde, quien estaría implicado en otros casos de desaparición forzada y tendría nexos con el crimen organizado.
Por las declaraciones de los detenidos se logró saber que los jóvenes fueron llevados al rancho “El Limón” en Tlalixcoyan, sitio donde la policía científica halló un hueso que pertenecía a Bernardo Benítez Arróniz y una camiseta con una mancha de sangre de Alfredo González Díaz. De los otros tres jóvenes nada se supo, aunque uno de los policías implicados declaró que fueron asesinados en el rancho y quemados con diesel.
Pasaron más de tres años y finalmente las autoridades del gobierno de Veracruz reconocieran que los cinco jóvenes secuestrados por policías estatales y entregados al crimen organizado que los asesinaron, eran inocentes.
Este lunes, en el Museo Memoria y Tolerancia de la ciudad de México, Cuitláhuac García ofreció una disculpa a los familiares de las víctimas por el actuar de los elementos de seguridad y la posterior re-victimización de que fueron objeto los jóvenes.
“Es una disculpa por las veces en que se intentó criminalizar a sus hijos y sin justificación alguna se le señaló falsamente (…) Que quede muy claro Bernardo, José, Susana, José Alfredo y Mario Arturo eran inocentes y nunca debieron vivir los hechos que sufrieron”, expresó el mandatario estatal.
El gobernador se comprometió a trabajar de manera conjunta con la Fiscalía y el Poder Judicial de Veracruz para evitar la impunidad en este caso, tomando en cuenta que pese a qué hay 21 detenidos aún no se han dictado sentencias.
En representación del gobierno federal asistió el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, quien resaltó que la disculpa pública que obedece a la recomendación de la CNDH es un primer paso para hacer justicia y evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir en el país.
“Es una oportunidad para empezar a construir un Estado y un país más justos, donde no se cometan más hechos de esta naturaleza. Estoy seguro que en eso coincidimos el gobierno de Veracruz y el federal: tenemos que transformar el país para frenar las violaciones a derechos humanos que tanto dolor han generado a miles de familias. Ese es mi compromiso y convicción”, expresó Alejandro Encinas y garantizó a las familias la reparación integral de daño por parte del estado mexicano.
Miguel Ángel Yunes no quiso acatar la recomendación de la Comisión Nacional de los derechos Humanos (pues para él, el sufrimiento de las familias de esos cinco jóvenes, era un argumento más para criticar el gobierno de Javier Duarte) y el aún Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, ha sido omiso.
Por fortuna, las cosas están empezando a cambiar.
* * *
Epílogo
“No se equivoquen, en la bancada de Morena hay discrepancias, no fracturas”, advirtió el Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, en interesante entrevista concedida al corporativo Imagen del Golfo. *** La seguridad de Veracruz es tema prioritario para Andrés Manuel López Obrador, para Cuitláhuac García y, por ende, para los diputados de Morena en el Congreso local. Por ello habrán de respaldar la creación de la Guardia Nacional, tema que entrará a la agenda legislativa el próximo jueves. *** A propósito de la LXV Legislatura, flaco favor le hacen al Presidente de la Mesa Directiva, José Manuel Pozos Castro, en el panfleto coatepecano llamado “La Voz de la Región”, en el que publican un “trascendido” acerca de que Pozos Castro podría sustituir a Gómez Cazarín en la Jucopo, por voluntad de “un bloque mayoritario” de diputados. *** El problema para el legislador tuxpeño es que no se queda en el mero rumor, sino que asegura que el Presidente de la Mesa Directiva “habría comenzado a tener reuniones particulares con diputados”, en las que el tema habría sido “la necesidad de retomar una presencia política de nivel”. *** Si José Manuel Pozos conoce al director de ese medio (Juan Osorio Flores, me dicen que es su nombre) debería llamarlo y soltarle el consabido: “no me ayudes, compadre”.
Comentarios