“¡Falso! Anilú no se enriqueció de las guarderías, fue de su Chon”: Mario Tejeda
El PRI llega a sus noventa años de vida, sumido en su peor crisis política, financiera, electoral, legislativa y de confianza. Aunque algunos integrantes estiman que no desaparecerá ni cambiará de nombre, advierten el riesgo de fracturas más hondas que las que provocaron su derrota en 2000, cuando Pancho Labastida perdió ante el panista Vicente Fox, y de que pueda convertirse en un partido testimonial o, incluso, sea absorbido por Morena, fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En Veracruz, donde apenas hace tres años perdió su hegemonía frente al panista de origen priista Miguel Ángel Yunes Linares, los despojos que dejaron los llamados “chamacos de la fidelidad”, los que llegaron con Fidel Herrera Beltrán sin conocimiento de lo que es la política y que pensaron que robar y corromperse era lo que se tenía que hacer al pasar por la administración pública, porque su maestro eso les dijo (entre ellos, el más destacado de sus discípulos, Javier Duarte de Ochoa), hoy regresan a tratar de recoger los despojos que dejaron y lanzan a Marlon Ramírez Marín, a quien arropan para ponerlo al frente del “negocio” sin darse cuenta que ha dejado de serlo y que no podrá levantarse nunca.
El instituto político impulsor de mucha gente valiosa que sí entendía el arte de la política como una forma de servir a sus semejantes, enfrenta la peor crisis económica de toda su historia, además de la de credibilidad, pero será lo primero, la falta de dinero, lo que hará que muera. Si bien es cierto que hoy quienes lo usaron para su beneficio personal (y al mismo tiempo lo destruyeron), son multimillonarios, también es cierto que no estarán dispuestos, por ningún motivo, a invertir en su partido para tratar de levantarlo, son de la condición de que “lo caido, caido” y no son capaces de soltar un peso para invertirlo en su partido. Pronto se enterarán que las mínimas prerrogativas a que tienen derecho, de acuerdo a los resultados de la anterior elección, no serán suficientes para pagar las multas a que se hicieron acreedores y los pobres empleados serán despedidos, tristemente, sin derecho a una liquidación, será entonces que los voraces e insaciables que lograron un cargo dentro de la nueva directiva al lado de Marlon Ramírez, no recibirán un peso de salario porque no habrá de dónde sacar dinero y entonces abandonarán el barco para siempre, emigrarán a otros espacios políticos donde los admitan o a dedicarse a cosas distintas que no tienen nada que ver con el poder, la corrupción y la impunidad, a la que fueron acostumbrados.
En el contexto nacional, el PRI cumplió 90 años de haberse formado, pero ya no es aquel partido que llegó a ser considerado de los más poderosos en el mundo por permanecer en el poder siete décadas seguidas y controlar de manera absoluta todas las gubernaturas, más los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Por el contrario, está desdibujado ideológicamente, menguado política y electoralmente, con la votación más baja de su historia con apenas 9 millones de sufragios (el 13% de los emitidos en la elección de 2018), en tercer lugar como fuerza política electoral con 47 diputados federales, 14 senadores, 13 gubernaturas, 550 presidencias municipales de 2011 y 184 de un total de mil 123 diputaciones estatales.
También está en pésimas condiciones financieras, con el apremio de tener que pedir un crédito por 250 millones de pesos para los gastos de este año, en el que tendrá que elegir a su nueva dirigencia y realizar la asamblea nacional.
El año pasado tuvo prerrogativas por mil 94 millones de pesos para gastos ordinarios y de campaña, pero su derrota estrepitosa le costó muy cara: el financiamiento disminuyó 30% y se estimaba que tendría alrededor de 811 millones de pesos. Las multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) minaron las arcas y Enrique Burgos, encargado de las finanzas partidistas, informó que se quedaron con 590 millones 600 mil pesos, monto que no les alcanzará para los gastos del presente año.
En 2003, el PRI tuvo que hipotecar los edificios de su sede nacional, ubicados en Insurgentes Norte, para conseguir un crédito de 60 millones de pesos del Banco Interacciones, tras la multa de mil millones de pesos impuesta por el Instituto Federal Electoral (IFE), como consecuencia del Pemexgate… Así dibuja la situación del PRI nacional el periodista José Gil Olmos, en la revista Proceso.
Asumir la responsabilidad, el primer paso del gobierno
El gobierno de Veracruz asumió la responsabilidad institucional por la desaparición forzada y posteriores actos de tortura y ejecuciones de cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, en enero de 2016, y ofreció disculpas públicas por estos crímenes. Ante ello, los padres de las víctimas reconocieron este acto como un primer paso, pero advirtieron que no estarán satisfechos hasta alcanzar justicia.
En la Ciudad de México se realizó el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y Disculpa Pública del gobierno de Veracruz por la desaparición de José Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez, Susana Tapia Garibo, José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arrinoz. En ese marco, el mandatario estatal, Cuitláhuac García, se comprometió a llegar al fondo de los crímenes.
«Todos deben saber que policías de Veracruz detuvieron arbitrariamente y desaparecieron de manera forzada a sus hijos (…) Hoy reconocemos públicamente la responsabilidad del Estado y su gobierno, les ofrezco una disculpa por el actuar de la policía, por elementos de seguridad que debían proteger a sus hijos e incumplieron la ley y sin causa justificada se los llevaron y entregaron a presuntos miembros del crimen organizado», señaló el gobernador.
José Benítez, padre de José Benítez de la O, resumió en unas cuantas palabras la rabia y frustración que ha generado la impunidad de este caso, conocido como Tierra Blanca, en las familias. «Estoy harto de mentar madres. Han sido mil 158 días del mismo pesar». Exigió que las indagatorias se lleven a la última consecuencia, incluida la cadena de mando, a fin de que todos los responsables sean sancionados. Confió en el nuevo gobierno tanto estatal como federal: «Veo en las nuevas autoridades una disposición que no mostraron las anteriores».
Carmen Garibo, madre de Susana (quien tenía apenas 16 años en el momento de los hechos), subrayó que el gobierno «no puede permitir nunca más que la policía, que debería protegernos, trabaje con el crimen organizado».
El mandatario estatal fue el último en tomar la palabra, recordó que este acto se realizó en respuesta a la recomendación por violaciones graves a las garantías fundamentales emitida en julio de 2017 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a un reporte técnico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Asumir la responsabilidad y disculparse públicamente con las familias representa el inicio de un proceso que llegará a la verdad, la justicia y la reparación de las familias. «Es una disculpa por la impunidad a la que ustedes como familias se enfrentaron por la falta de una respuesta estatal diligente. Es una disculpa por las veces en que se intentó criminalizar a sus hijos y sin justificación alguna se les señaló falsamente (al relacionarlos con el crimen organizado)». Indicó que su gobierno reconoce esta responsabilidad y, por tanto, actúa en consecuencia. «Este acto público busca ser ejemplo de nuestra convicción de poner a los derechos humanos en el centro de nuestro actuar».
Reflexión
Guadalupe Argüelles, secretaria del Trabajo en el actual gobierno, es el espejo fiel de lo que pasa en las dependencias del sector público. No saben ni qué significan las palabras…nepotismo, por ejemplo, no está en su diccionario. Escríbanos a mrossete@nullyahoo.com.mx formatosiete@nullgmail.comwww.formato7.com/columnistas