Como aquí se anticipó: la propuesta de ajustes al Presupuesto de Egresos para el Estado de Veracruz del 2019 fue aprobada de forma unánime. 47 votos a favor, cero en contra. (No asistieron a la sesión extraordinaria Rodrigo García Escalante, Juan Carlos Molina y Andrea Yunes). *** Y no sólo la votación fue unánime. También coincidieron los coordinadores de todos los grupos legislativos, en elogiar la “visión democrática” de Cuitláhuac García Jiménez, el “oficio político” de Juan Javier Gómez Cazarín, y la “madurez y altura de miras” de todos los diputados. *** Son los mismos diputados que se negaron a enviar al aún fiscal Jorge Winckler a juicio político, que ahora le dijeron al gobernador que “no era nada personal” y que en otras circunstancias, en otros temas, con todo gusto trabajarían con él. *** Incluso el coordinador de la mini-bancada panista, Sergio Hernández, tuvo palabras de elogio para el grupo mayoritario de Morena y para el gobernador Cuitláhuac García. *** ¡Un derroche de armonía!

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Se sintió como un deja vu.
Los alegatos de ambas partes (Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares) son los mismos desde hace al menos cuatro años.
Han cambiado, sí, las circunstancias. Hoy Javier Duarte está en prisión, pagando una sentencia por delitos que admitió haber cometido (hoy alega que bajo coacción), mientras que Miguel Ángel Yunes Linares defiende hasta con los dientes su último escudo para evitar ir a prisión, su abogado de cabecera, su fiscal-carnal, Jorge Winckler Ortiz.
La actualización de un tema añejo (la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que gestione con el Reino Unido la captura con fines de extradición de la señora Karime Macías, contra quien hay una orden de aprehensión concedida por un juez del fuero común en Veracruz) revivió este pleito que ya parecía superado.
Javier Duarte envió una carta a su comunicador predilecto, Ciro Gómez Leyva, en la que reiteró el argumento de que su esposa Karime Macías no puede ser imputada por desvío de recursos o malversación de fondos públicos, pues en ningún momento tuvo cargo alguno que no fuera el honorario de Presidenta del Patronato del DIF estatal y, por lo tanto, nunca fue responsable del destino de ninguna partida del gobierno estatal.
Al día siguiente de que se diera lectura a su misiva, Javier Duarte tuvo una inusual entrevista (por lo prolongada que fue, más de media hora) vía telefónica con Ciro Gómez Leyva, en la que hizo responsables de una persecución en su contra, a quien fuera secretario de Gobernación casi todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, el hidalguense Miguel Osorio Chong y a quien lo sustituyó a él en el gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Algo que todos sabían, pero que nadie había señalado públicamente.
Yunes Linares insistió en su discurso de que Javier Duarte saqueó al estado, y que él, en un derroche de patriotismo y arrojo, se dio a la tarea de investigar y rescatar hasta mil 300 millones de pesos, incluso antes de que asumiera el cargo de gobernador.
Los dichos de uno contra los del otro, con algunos matices.
Yunes Linares acusa de Ladrón a Duarte y su principal argumento es que su antecesor en el gobierno estatal está en la cárcel, luego de haber aceptado su responsabilidad (como parte de una negociación para llegar al juicio abreviado, cabe aclarar) en la comisión de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
Javier Duarte, por su parte, dice que aceptó esos cargos debido a la presión que ejerció la PGR, que le advirtió que si seguía declarándose inocente, le iniciarían una feroz campaña de desprestigio y lo imputarían por delincuencia organizada, con lo que “pasaría el resto de sus días en la cárcel”.
Apunta que no hay un solo documento, un solo bien, una sola transacción comercial, en la que él o alguien de su familia haya participado, como para sustentar las acusaciones en su contra.
“Lo único que existe en mi contra son son los dichos de unas personas, que en su mayoría ni conozco (…) son personas que (jamás) en mi vida he visto; al famoso contador, que dicen que es mi contador (se refiere, según el expediente de la PGR, a Javier Nava Soria) lo vine a conocer aquí adentro”.
Y de la misma forma, afirma, está construida la denuncia en contra de su esposa: A partir de la declaración de un exdirector del DIF estatal (Juan Antonio Nemi Dib) quien más adelante afirmó que ese señalamiento le fue arrancado mediante tortura.
No hay nada nuevo hasta ahora.
Javier Duarte sigue impugnando la sentencia en la búsqueda de que su tiempo en prisión sea más corto. Sus abogados esperan resolver los temas federales, para después hacer frente a las denuncias que existen en el fuero común.
Miguel Ángel Yunes asegura que hay más denuncias contra el matrimonio Duarte-Macías y que pronto ese “brillante fiscal”, Jorge Winckler, habrá de ratificarlas y llevarlas ante el Poder Judicial.
Todo este show fue sólo para que nadie los olvidara.

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Epílogo.

Con la Ley en la mano y recurriendo a las más altas instancias, el exgobernador Flavino Ríos Alvarado consiguió que el Gobierno de Veracruz le devolviera la Notaría 9, con sede en Minatitlán. El Tribunal Colegiado del Décimo Circuito atendió el recurso de revisión al expediente 335/2018, promovido por Flavino Ríos y dispuso que las autoridades estatales le devolvieran la notaría que le fue retirada en mayo del 2017. *** Hoy Flavino Ríos tiene la sartén por el mango y lanzó un aviso. Dijo que analizará con su familia si procede penalmente contra quienes lo acusaron y le suspendieron su notaría. “Afectaron mi imagen pública, mi decoro, la dignidad, me causaron daño no solamente físico, sino económico, psicológico, a mi, a mi familia y mis hermanos y todavía lo vamos a pensar”. ¿Otra cruz para Jorge Winckler? *** Ya están en Coatzacoalcos las patrullas (cerca de medio centenar) de la Policía Federal, Militar, Naval, Estatal, Gendarmería Nacional, Marina y Fuerza Civil. Tras la reunión de seguridad celebrada en aquel municipio (aquella a la que no fue invitado Jorge Winckler) las fuerzas federales y recorrieron la ciudad. El convoy lo integraron 15 unidades con policías navales y estatales a bordo; 10 vehículos de la Policía Federal, ocho camionetas de la Policía Militar y tres más de la Gendarmería; tres de la Marina y dos de la Fuerza Civil de Veracruz. Cerca de 500 elementos de las corporaciones federales fueron asignados a esta tarea, para inhibir la delincuencia en uno de los municipios donde se marcaron “focos rojos”. Bien.

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