El gobernador Cuitláhuac García parece haber olvidado que la campaña electoral ya terminó y que desde el primero de diciembre de 2018 asumió constitucionalmente el pleno ejercicio del poder.

A partir de entonces debió caer en cuenta que su compromiso ya no se circunscribía a su partido sino que su responsabilidad era gobernar para todos.

La misma obligación que tienen sus colaboradores, sobre todo su principal operador político, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, a quien le correspondería tender puentes de comunicación con los representantes de todas las fuerzas partidistas y organizaciones sociales, incluidas las instituciones religiosas, que en el caso de la Iglesia católica es un poder fáctico con fuerte influencia en la sociedad veracruzana.

Sin embargo, a casi tres meses de iniciada su administración no se percibe, de su parte, cercanía ni mayor entendimiento siquiera con los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial.

En el Congreso local, como acaba de evidenciarse el pasado fin de semana con el fallido proceso de juicio político que los diputados de su partido habían encausado contra el fiscal Jorge Winckler, ha perdido el control de la mayoría calificada que a principios de diciembre le permitió reformar el artículo 33 constitucional para que la LXV Legislatura pudiera destituir al abogado yunista de la Fiscalía General del Estado. Y sus operadores políticos, tanto del Palacio de Gobierno como del Legislativo, quizá tengan interlocución más no poder de persuasión sobre los líderes de las bancadas opositoras, lo que aparentemente le podría complicar sacar dos temas urgentes de su mayor interés: la aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, tal como se los envió, y además la designación pendiente de los 12 magistrados, cuya ratificación requerirá mínimo el voto a favor de 34 de los 50 diputados, el mismo número que no pudieron sumar el viernes anterior para remover a Winckler.

Y con el Tribunal Superior de Justicia del Estado nuevamente tuvo otra descortesía –la primera se suscitó en los primeros días de diciembre de 2018, recién iniciada su administración, cuando de última hora canceló su asistencia a un desayuno que le ofrecían de bienvenida magistradas y magistrados, jueces de primera instancia y municipales, secretarios auxiliares, peritos y demás personal del PJE–, ya que este sábado tampoco se presentó al evento en la sede del TSJE que el magistrado presidente Edel Álvarez Peña había organizado para anunciar el Plan de Trabajo Institucional del Poder Judicial en el marco de la estrategia “Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas”, un programa que el propio gobernador había implementado y echado a andar un mes atrás en las instalaciones del Museo Interactivo de Xalapa.

El menosprecio fue tal que Cuitláhuac envió en su representación a una funcionaria menor: a la Jefa de la Unidad de Género de su oficina, Clementina Salazar Cruz, cuando en estos casos, por cortesía política, el representante del Ejecutivo suele ser el secretario o subsecretario de Gobierno.

Bueno, al menos, no mandó al intendente.

Moreno Brizuela, ¿a la Cofepris?

No obstante que el ex senador veracruzano y ex diputado federal por Los Tuxtlas, Elías Miguel Moreno Brizuela, anda actualmente trabajando para conseguir el registro de un nuevo partido político nacional que pretende llamarlo “Frente por la Cuarta Transformación”, el nombre del médico que también fue dirigente del PRD en Veracruz y secretario de Protección Civil de la Ciudad de México ha sido encartado en una presunta terna para la titularidad de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), cargo para el cual ya se le candidateó a finales del año pasado, en la víspera del arranque de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, la columnista Alicia Salgado, del portal dineroenimagen.com, publicó este lunes que Moreno Brizuela es uno de los tres candidatos que se mencionan para sustituir al actual comisionado federal Dr. José Alonso Novelo Baeza, contra el cual han crecido las presiones para que deje su cargo a tan sólo dos meses de su nombramiento.

De acuerdo con esta versión periodística, la poderosa industria farmacéutica culpa a Novelo Baeza de “ciertos desabastos de medicamentos” que han sido reportados al presidente Andrés Manuel López Obrador con argumentos “conspiratorios”, lo que parece explicar las advertencias que últimamente ha lanzado en sus conferencias de prensa mañaneras el primer mandatario.

Además de que –remarca la periodista– “circula y circula que Baeza no cuenta con la experiencia en materia de administración del sistema de autorizaciones y registros de medicamentos y prevención de riesgos sanitarios, para ocupar el cargo al que llegó”, anotando también que “si bien tiene credenciales profesionales médicas, subrayan que pesó más para su designación al frente de Cofepris tanto el ser partidario de Morena como su cercanía con el presidente López Obrador y el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela”.

Y, por si fuera poco, refiere que “internamente se habla de una ‘conspiración’ en contra del propio Novelo Baeza para que deje el cargo a la brevedad”, apuntando que “la cabeza de este movimiento es Ernesto Enríquez Rubio, presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, quien dicen que cuenta con apoyo del excomisionado de Autorización Sanitaria de la Cofepris, Juan Carlos Gallaga Solórzano, a quien la nueva administración señala por posibles actos de corrupción, ya que se investiga el por qué durante su gestión y área de responsabilidad fueron retenidas alrededor de mil 675 solicitudes multinacionales farmacéuticas para la venta de medicamentos y dispositivos dirigidos a múltiples enfermedades, incluidas las crónicas no transmisibles, como el cáncer o la diabetes.”

La columnista consigna que “como sea, la especulación –sobre todo después de que el Presidente dijo que hablaría del asunto de compras y abasto de medicamentos– creció contra José Alonso Novelo para que no continúe desempeñando el cargo de director de Cofepris, por lo que dicen que la subsecretaria de Salud, Asa Ebba Cristina Laurell, maestra en Salud Pública y experta en medicina social, podría haber recibido instrucciones para integrar una terna de sustitución que incluiría al propio Enríquez Rubio; al doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, presidente del Frente por la Cuarta Transformación, y a Humberto Mayans Canabal, senador por el estado de Tabasco…”