Si el diablo no vuelve a meter la cola, el Congreso local aprobará el próximo jueves, el ajuste al Presupuesto de Egresos 2019 que ha solicitado el gobernador Cuitláhuac García, en el que se incluyen recortes al Poder Judicial, a los organismos autónomos –OPLE, IVM, SEA, IVAI, entre algunos otros- y a la Universidad Veracruzana.
También se propone que las dependencias encargadas de los programas sociales tengan un incremento y se cumpla con la sentencia de la Suprema Corte de pagar a los municipios lo que se les debe.
Hasta ahí todo está bien. El gobierno hará lo que pueda con lo que tenga. Pero si el presupuesto aprobado será la ruta que siga la administración estatal al menos durante este primer año de gobierno, entonces ¿cuál es el propósito de convocar a los foros públicos para la elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo?
Cualquier burócrata de media tabla sabe que el proceso para la elaboración y aprobación del presupuesto considera las etapas de planeación, programación y presupuestación. La primera de ellas tiene un vínculo indisoluble al Programa Operativo Anual (POA) o al Presupuesto Basado en Resultados (PBR) a fin de sentar las bases para la programación y la asignación de recursos.
Una de dos: lo están haciendo al revés -asignando los recursos antes de elaborar los programas-, o el gobierno trabajó de la manera correcta calculando sus necesidades y obligaciones frente a los recursos disponibles, por lo que los foros para la elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo serían una tomadura de pelo.
Según se ha dicho, el documento rector de las políticas públicas ya tiene un avance del 50 por ciento; no obstante, el gobernador cuenta aun con tiempo suficiente para presentar el PVD 2018-2014, gracias a la nueva ley de Planeación para el Estado de Veracruz, que amplió a seis meses el periodo para elaborarlo, por lo que será hasta mayo cuando se conozcan las metas y objetivos de la administración de Cuitláhuac García.
La ley de Planeación del Estado de Veracruz que fue derogada, establecía en su artículo 12 que el Plan Estatal de Desarrollo debía elaborarse, aprobarse y publicarse, dentro de un plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha en que tome posesión el Gobernador del Estado.
No obstante, la fecha es irrelevante. El 30 de marzo de 2011, en el último día que le permitía la ley, Javier Duarte remitió al Congreso su Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. El Plan –decía en su introducción-, “marca la pauta para conducir un gobierno que actúa con orden y proporciona calidad en la gestión pública. Establece líneas y acciones que son necesarias para pasar del compromiso a las realizaciones”. Sobra insistir en el cinismo oficial y lo que pasó en estos años.
En un efectivo golpe mediático, Miguel Ángel Yunes -siendo aún gobernador electo- entregó al Congreso local el Plan Veracruzano de Desarrollo, el 11 de noviembre de 2016. En el documento se aseguraba que a partir del 1 de diciembre “se acabarán los lujos en la administración estatal, no se crearán nuevos impuestos y bajarán los salarios de altos mandos de gobierno.” ¿Les suena familiar?
En realidad, no hubo más plan ni programa de gobierno que ganar la siguiente elección de Gobernador.
Hasta ahora, el Plan Veracruzano de Desarrollo ha sido un instrumento de política pública ineficaz. No es vinculante, por tanto su cumplimiento no es obligatorio; tampoco hay sanción si no se cumple con lo que ahí se establece. Sólo ha servido al lucimiento político e intelectual del gobernante. Es el traje invisible del monarca.
No hay que ser adivinos para saber que el PVD ofrecerá fortalecer el sistema de impartición de justicia –pero se le recorta presupuesto al TSJE-; que habrá un combate frontal a la corrupción –aunque se le reduzca a la mitad los recursos al Sistema Estatal Anticorrupción-; y que las mujeres gozarán de mejores condiciones de seguridad y equidad de género, aunque prácticamente desaparezca el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM).
Producto de la difícil situación económica que vive el estado, el Plan Veracruzano de Desarrollo será la misma historia de simulación y engaño que hemos vivido todos estos años. Basta revisar los documentos presentados por Miguel Alemán, Fidel Herrera, Javier Duarte o Miguel Ángel Yunes y compararlos con los resultados obtenidos al final de su administración: un crecimiento marginal, frente al peor saqueo y endeudamiento que ha vivido Veracruz.
Hasta hoy, el PVD ha sido un timo que no tiene sanción alguna.
La del estribo…
- Soledad Atzompa es el vivo ejemplo de la incapacidad y desconocimiento de las autoridades. A pesar de la oferta de garantizar protección y traslado a médicos y profesores, sólo hubo acompañamiento de dos patrullas; mientras, el Fiscal anda investigando –quien sabe con qué propósito- si las personas que sufrieron linchamiento eran delincuentes. ¿Si lo eran, eso exonera a los responsables y justifica la ausencia de autoridad? Y si no, ¿saldrá a culpar a la población de homicidio?
- El aquelarre legislativo para destituir a Jorge Winckler puso al desnudo los intereses políticos y económicos de muchos diputados: panistas que votaron con Morena, morenistas que se sumaron a la defensa del fiscal; y el surgimiento del Grupo Parlamentario “Juntos Haremos Historia” –lo que implica beneficios y recursos para los disidentes morenistas-. Ya se prepara el ajuste de cuentas en cada partido político, menos en aquéllos que ya no existen: PRI y PRD.