A casi tres meses de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, el académico adscrito al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S) de la Universidad Veracruzana (UV), Leopoldo Alafita Méndez, plantea la necesidad de “construir una nueva constitucionalidad” en el país. En su opinión, “el pago de facturas políticas” puede minar un auténtico movimiento transformador.
El Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco, Bilbao, España, titulado con la tesis “Transición y cultura política en México. Un estudio de caso: Veracruz” (julio de 2007), consideró pertinente recordar que los resultados de las elecciones del 1 de julio de 2018 son de un movimiento sociopolítico que se viene gestando desde hace varios años.
“Este movimiento surge de condiciones sociales que se han impuesto en los últimos regímenes sexenales, que tienen como común denominador las políticas económicas y sociales excluyentes para la población. Ése es el gran contexto.”
Las administraciones gubernamentales de tales regímenes sexenales varían, “pero se les puede meter en el mismo cajón”, y abandonaron la política social para privilegiar negocios y acumular poder; “esto incluye negocios ilícitos y hasta criminales”, cuyo resultado fue el abandono de los servicios públicos y más; en síntesis: marginación. Tales condiciones derivaron en una irritación social que se hizo claramente presente en 2018 con la elección presidencial, cuando “estaba más claro lo que no se quería, que lo que sí se quería”.
Lo que se quería era: eliminar la violencia, la falta de servicios, la corrupción y una serie de elementos “nocivos”. Se generalizó “la venta del acto de gobierno”, que propició privilegios especiales a los empresarios, a los propios políticos, pero sobre todo, a la mega empresa, al gran capital, que casi siempre es extranjero”.
Por tales razones es que una buena cantidad de funcionarios, una vez que concluyen sus encargos, se conducen al sector privado “a ser empleados de las empresas trasnacionales”, y como ejemplo están incluso expresidentes del país. En opinión del académico de la UV, no es un asunto que tiene implicaciones de conflicto de interés, sino una serie de elementos de carácter legal que pone en juego los intereses del orden, la función y bienes públicos.
En tal contexto nacional, el movimiento de protesta fue mayor que el candidato, Andrés Manuel López Obrador; que el partido que lo postuló, Movimiento Regeneración Nacional; que toda la clase política; incluso que los medios de comunicación, que tienen clara influencia en la sociedad. “Se trata de un fenómeno que aún no se estudia a fondo”.
AMLO fue el beneficiario de tal movimiento de protesta por ser quien se acercó más a la gente, incluso más que su propio partido. Tal afirmación, admitió el investigador de la UV, puede tener una discusión, “pero estoy subrayando elementos que van más allá de la descalificación simplona”.
El movimiento también dejó claro que los ciudadanos no se pueden reducir a simples objetos, como se les venía tratando, a quienes se les regalaban láminas o despensas, se les construía un puente o un camino con la finalidad de conducirles adonde se quisiera. “Ese tipo de acciones y de operación política funcionaron por muy largo tiempo, pero lo que se demostró es que hay un momento de ruptura de ese tipo de operación. Se constató que los habitantes del país son mucho más que esa operación, son más que los partidos y que toda la construcción de control (que tiene que ver con autoridades electorales, funcionarios, judiciales)”.
Pero se trata de un movimiento que está sucediendo, sin punto de término, que además se puede organizar pese a los poderes constituidos en el país, advirtió el investigador.
“A río revuelto…”
Leopoldo Alafita aclaró que los resultados de julio del año pasado no significan que ya haya democracia en México, sino todo lo contrario, pues se hizo compra de votos y todas las “marrullerías que se hacen siempre”, pero no bastaron. “Los electores en julio de 2018 fueron sujetos transformadores, eso tiene contenidos y hay que estudiarlos, profundizarlos y llevarlos a otro plano”.
Asimismo, expuso que la suma de liderazgos políticos y organismos que se sumaron al tren de la trasformación “colocó a muchos personajes de la política en el gobierno actual. Ante el río revuelto del gran movimiento de protesta nacional, en ese tren se subieron los que llevaban boleto, los que tenían adonde ir y los que no llevaban boleto”.
En el escenario actual, quienes sólo se subieron al llamado tren de la transformación cobran la suma de capital político a ese proyecto transformador, “cuando lo que he tratado de demostrar es que no fue la suma de líderes lo que generó el momento transformador, sino una condición social mucho más amplia”, lamentó.
El investigador agregó que hay quienes se añadieron al movimiento sin comulgar con él: “Hay gentes que no tienen proyecto, no están comprometidos con un proceso transformador central, simplemente están llegando a ser una acción de una mediana administración que les permite su desenvolvimiento en la instancia en donde están, ya sea en un ayuntamiento, la Cámara de Diputados, incluso en una cámara federal”.
Para él, quienes asumieron cargos públicos como parte de la llamada Cuarta Transformación, pero sin tener tal convicción, lo que hacen es “navegar, administrarse y administrar su propio papel”. El académico insistió en que “no son personas confiables en el sentido de la transformación, son ese bagaje que el movimiento arrastró y que a cada paso –si se quiere tener mayor claridad y compromiso– tiene que irse deshaciendo de ellas, de lo contrario pueden entrampar a ese movimiento transformador”.
Tales personas “minan de manera importante” la propuesta del modelo transformador. Se trata de un sector de la clase política de oficio que, en todo caso, lo que se debe hacer es “mandarlos a trabajar, que se conviertan en sujetos que producen algo, en algún sentido, porque son una burocracia que hace nociva su participación en este tipo de cuestiones”.
El proceso de transformación que el país inicia exige tareas arduas y complejas, coordinar acciones de los aparatos gubernamentales y que así las políticas definidas por la dirección presidencial aseguren su institucionalización.
Dijo que pocas instituciones del viejo régimen servirán para el asentamiento de las nuevas políticas, pues estaban diseñadas para simular y permitir administraciones no transparentes. “Se necesita construir una nueva constitucionalidad y eso no es un asunto fácil”. Como ejemplo de que no será sencillo, citó que el aparato de estado debe comprobar su compromiso y ser claro en la coordinación y colaboración para instrumentar una política.
“Se les debe reclamar eficacia y requiere de una operación para determinar si lo que se ha heredado del viejo régimen sirve en el nuevo proyecto o se debe superar, incluso eliminarse. Se requiere de gobiernos que tengan muy clara la idea de gobernar”. De lo contrario, si sólo se continúa administrando, “el triunfo puede llegar a ser inútil”.
Para ilustrar su propuesta de una nueva constitucionalidad, puso un caso macro de la política: el robo de combustible, un descubrimiento permanente de acciones incorrectas que requiere acciones correctivas y construir una alternativa institucional, exigencia que se le hace al Congreso de la Unión para declarar el delito como grave.
“La lógica es poner por delante el concepto central que es ‘combate a la corrupción’ y desarrollar operativos, así como un aparato legal que lo haga coherente, justifique, legitime y le dé sentido. Creo que ahí estamos construyendo una institución.”
De acuerdo con Alafita Méndez, no es difícil construir constitucionalidad, más bien se debe tener la claridad para avanzar en ese sentido. “Si lo que se está haciendo es una acción poco comprometida, me parece que no nos va a llevar a ningún lado”.
UV/Karina de la Paz Reyes Díaz