En su conferencia de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a soltar metralla en contra de los organismos autónomos del Estado, a quienes calificó de “una gran farsa”, en referencia directa a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Antes, esta embestida ya la habían sufrido el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Federal de Acceso a la Información (INAI), sin contar el desprecio presupuestal con el que han sido tratados el Inegi y muchos otros organismos no dependientes del Ejecutivo federal.
Cualquier cosa que impida o demore las decisiones del Presidente, es contrario a los intereses del país y por tanto debe desaparecer. Pero como la desaparición no se puede dar mediante una decisión unipersonal y autoritaria –sino que requiere de un proceso legislativo que sumaría más presión a la saturada agenda-, entonces la ruta sigue siendo la misma: descalificar, acusar de corrupción sin pruebas y exponer al juicio popular a los funcionarios públicos que estorban al Presidente.
Las investigaciones que se han iniciado en contra de algunos de estos funcionarios no acreditan responsabilidad y sólo violan la presunción de inocencia.
En la conferencia matutina del lunes, López Obrador agradeció a la fortuna, porque funcionarios de los órganos autónomos están por cumplir con sus periodos de gestión o porque han presentado su renuncia a esas entidades, lo que abre la puerta para que se impongan perfiles y personajes más afines a la Cuarta Transformación. Se requieren militantes, no expertos.
“Ahora, por suerte, porque parece mentira, pero la suerte sí cuenta, sí interviene, se les fueron venciendo los plazos o renunciaron algunos y se van a limpiar. Se van a purificar estas instancias. Los vamos a purificar, porque estaban totalmente al servicio de los intereses particulares”. Desde este lunes, el Presidente de México ya no combate a la corrupción sino que “purifica” a las instituciones de los endemoniados intereses del sector privado.
En realidad, a López Obrador no le interesa la transparencia y el combate a la corrupción de la que acusa a algunos de sus titulares. Este se lograría de manera muy sencilla con la aplicación de los procesos de fiscalización ya establecidos en la ley. Lo que en realidad persigue el mandatario es la eliminación fast track de todo el andamiaje de contrapesos al Poder Ejecutivo que se construyó en las últimas dos décadas.
La embestida presidencial pasa primero por el recorte presupuestal, y si esto no alcanza, entonces procede la exhibición pública de los funcionarios. Los órganos autónomos enfrentan una serie de recortes a su presupuesto de operación y el gobierno ha respondido que estas disminuciones obedecen a una política de austeridad. ¿Quién estaría a favor de una burocracia burguesa?
La declaración de ayer fue un capítulo más en la estrategia de desmantelar a los organismos autónomos. Una semana atrás, López Obrador tronó en contra de las organizaciones civiles, los órganos autónomos, los expertos o especialistas citados por medios, contra los mismos medios y contra la “sociedad civil”.
En la lógica de la Cuarta Transformación, el país no requiere de órganos autónomos porque el Gobierno federal sólo requiere del juicio del Presidente; tampoco necesita organizaciones de la sociedad civil, porque para eso también está el gobierno: para tutelar esas demandas. Y si expertos y especialistas sólo critican estas decisiones, pues nada tienen que hacer en el sector público.
López Obrador no está engañando a nadie. Su vuelta al pasado se materializa en un régimen presidencial unipersonal y la desaparición de todo el sistema de contrapesos. No importa si a los funcionarios no les encuentran delito o falta administrativa, el Presidente ya dictó sentencia pública en su contra.
Así es la historia. La corrupción exacerbada es el camino más rápido al ascenso de un gobierno totalitario. El presidente se encuentra frente al mar, dispuesto a empezar a caminar sobre el agua.
Las del estribo…
- La licencia que pedirá este martes el diputado federal Héctor Yunes Landa desató toda una serie de especulaciones sobre lo que será su futuro inmediato. Muchos lo colocaron en lugar del Secretario de Gobierno o trabajando para la creación de un partido político. El más activo de la bancada del PRI en el Congreso federal sigue jugando sus cartas y mantiene el interés mediático.
- Luego de que el presidente del Congreso local confirmara que esta misma semana habrán de votarse los dictámenes sobre los dos juicios políticos en contra del Fiscal Jorge Winckler, este lunes por la tarde se reunieron en un café de la Plaza Europa los diputados locales Sergio Hernández y Gonzalo Guízar para afinar los detalles de la defensa. Hasta ahora, con menos votos pero más dinero, siguen llevando mano.