Desde 2016, los alcaldes panistas usaron políticamente el desvío de recursos federales destinados a las haciendas municipales por parte del gobierno de Javier Duarte para levantar el polvo mediático a niveles de escándalo.

El propio Chiquiyunes, a la postre derrotado candidato a gobernador, encabezó la toma del Palacio de Gobierno junto a alcaldes del PAN y el PRD, con esa exigencia pero, una vez que su padre Miguel Ángel Yunes Linares tomó el poder, la olvidó sospechosamente. Los demás ediles panistas aceptaron mansamente la determinación del entonces gobernador de no darles ni siquiera explicaciones.

Yunes Linares concentró en sus manos la decisión de lo que debía hacerse con más de 100 mil millones de pesos cada año de su gobierno, sin soltar a los ayuntamientos lo que le había quedado a deber su antecesor, lo mismo que hizo con la Universidad Veracruzana y todos aquellos órganos y dependencias que ni para pagar su renta tuvieron, mientras el choleño disponía de sus recursos para programas de índole electoral.

Pero los panistas han perdido no solo el poder sino también el rumbo. Vea usted, si no me cree, al pequeño (de edad y políticamente) alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez que, de lucirse en febrero del año pasado con mil 600 millones de pesos para obra pública, hoy implora cariño, como dice la canción, porque ya no está su padre y tampoco su hermano para hacerle fluir dinero a manos llenas para convertir al puerto en el más importante destino de la inversión estatal como antes ocurrió con Boca del Río.

Hace un año se jactaba en la presentación de su programa de obras: “siempre sostuve que mi experiencia en la gestión de recursos era mi principal bandera para sacar adelante a nuestra ciudad, y hoy ante ustedes lo refrendo, gracias a esos días de gestión y de pelear hasta el último centavo para Veracruz, hoy les puedo presentar un plan de obras completo, que principalmente atiende las necesidades más básicas de los que menos tienen”.

Hoy llora porque se le entreguen de inmediato los 226 millones de pesos que ordenó apenas la Suprema Corte de Justicia de la Nación a su ayuntamiento, de los recursos que no le entregó Javier Duarte y que su padre no entregó durante su trácala mandato.

También llora por la disminución de los recursos para 2019 Maryjose Gamboa, quien más parece gestora de Fernandito que diputada de Veracruz; este jueves presentó una propuesta de punto de acuerdo para exhortar al gobernador, a la CAEV, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y la Secretaría de Medio Ambiente “para que cumplan con la aplicación de los recursos económicos destinados a infraestructura del municipio de Veracruz”.

Tanto Fernandito como la diputada Gamboa Torales se refieren a la suspensión, desde el 1 de diciembre, de las obras de rehabilitación en las lagunas Lagartos y El Encanto, que supuestamente fueron autorizadas el año pasado y corresponden al Fondo Ambiental Veracruzano.

Y la molestia es mayor porque para el ejercicio fiscal de 2018, los municipios de Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos fueron los que recibieron el mayor presupuesto, llegando a mil 456 millones de pesos el del ayuntamiento porteño, 335 millones de pesos más que el ayuntamiento capitalino, gracias a los oficios de papi.

El tema de los recursos que retuvo Duarte y que deberán reintegrarse a los ayuntamientos afectados, y no solo el de Veracruz Puerto, ya lo contempla el gobierno estatal y seguramente no será omiso a la ley como lo fue el anterior gobierno. La diputada Rosalinda Galindo dijo este jueves que, como parte del análisis del presupuesto del estado, se contempla acatar 73 sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó que el Gobierno del Estado debe pagar los recursos federales retenidos a municipios en 2016.

La deuda a la fecha suma un total de mil 600 millones de pesos, sin embargo, está pendiente de resolver al menos 22 acciones de inconstitucionalidad que presentaron los legisladores, por lo que el monto se incrementará; esos gastos no previstos obligan a hacer ajustes en el gasto.

Las benditas redes sociales

“500 pipas para el Ejército. Guardia Nacional para el Ejército. Tribunales militares para el Ejército. Investigaciones sin concluir para el Ejército. Cursos de policías para el Ejército. Presupuesto discrecional para el Ejército. Apoyo presidencial al Ejército. En democracia”. Peniley Ramírez @penileyramirez

Los diputados inútiles

Y si ya hablamos de la diputada Gamboa Torales, que imprime un sentido faccioso a su trabajo legislativo, sin hacer propuestas que sirvan a los veracruzanos, qué podemos decir del diputado Sergio Hernández Hernández, nostálgico del poder, quien solo ha servido para torpedear al actual gobierno por órdenes de Miguel Ángel Yunes Linares.

Este jueves salió con su babosada de que el grupo legislativo del PAN ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a varios secretarios del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez por el ejercicio indebido de la función pública.

El expresidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso dijo que el miércoles acudieron a visitar a su cuatacho Jorge Winckler Ortiz, abogado personal de Yunes y, por cierto, Fiscal General del Estado, para presentar la denuncia en contra del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado; de la contralora general, Leslie Mónica Garibo Puga; la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, y la secretaria técnica del Consejo Estatal de Población, Soraya Prado Rivera, porque violaron la ley al asumir cargos para los que se requiere ser originarios de Veracruz, o bien tener una dispensa de ley que el gobernador Cuitláhuac García solicitó de manera tardía pues ya habían asumido el cargo sin ser veracruzanos.

Ahora don Sergio no solo arrastra la cobija por los pasillos del Palacio Legislativo, donde no ligó ni una sola presidencia de comisión, y se entrega a sus negocios personales, sino que hace el ridículo con este tipo de juegos en los que seguramente le seguirá la corriente el fiscal que será enjuiciado próximamente.

Ya antes hizo otras denuncias contra los secretarios que, siendo sus compañeros en la Legislatura pasada, cerraron las instalaciones legislativas para evitar que él y su bancada impusieran medidas ilegales y autoritarias ordenadas por el jefe del Cartel del Estero, como imponer magistrados carnales en el Tribunal Superior de Justicia, o crear el municipio 213 en Tres Zapotes a costa del territorio de Santiago Tuxtla, o entregar bienes estatales a los alcaldes panistas de Veracruz y Boca del Río. Y ahora nos sale con que es un tipo muy apegado a la legalidad.

Otro diputado de su bancada, Juan Manuel de Unanue, quien fuera presidente de la comisión de Vigilancia en la legislatura pasada e hiciera negocio blanqueando las observaciones del Orfis tanto al gobierno yunista como a varios ayuntamientos, ahora sale con que para revisar nuevamente la cuenta pública del 2017, se tiene que sustentar legalmente.

Y es que siente el fuego en los aparejos pues una nueva revisión va a poner al descubierto las ilegalidades cometidas a cambio de mucho dinero, como ya han denunciado varios exalcaldes. Según el panista, ellos están tranquilos del trabajo que se realizó y que avalaron los diputados de la pasada Legislatura, por lo que no tiene problema de que se revise el dictamen que elaboraron.

Comentó que también están dando respuesta a la investigación que inició la Controlaría Interna de la Cámara ante la denuncia que presentó Sergio Vásquez Jiménez, presidente del Comité de Participación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), quien considera que los diputados no tenían atribuciones para solventar el manejo financiero.

Si tan tranquilo está, para qué dice tarugadas.

Las benditas redes sociales 2

“Un abrazo solidario a mi amiga la Senadora @mmarthamarquez por la dignidad con la que exigió respeto a quienes se reafirman en el poder excluyendo a los otros, y lo hacen con chistes que además de malos son misóginos”. Margarita Zavala @Mzavalagc

Pepe de la Torre privatizó la policía municipal

Siempre lo ha hecho, en sus anteriores estadías en el ayuntamiento de Martínez de la Torre el panista José de la Torre Sánchez no solo ha logrado un crecimiento exponencial de sus negocios mercantiles; también se ha ahorrado los costos de la vigilancia para sus negocios comerciales y domicilios particulares, desviando recursos humanos y materiales de la policía municipal, lo que ha dejado en la indefensión a una población de más de 110 mil habitantes, para los que solo destina tres patrullas y ocho policías, es decir, cada elemento tiene la carga de cuidar a más de 13 mil martinenses.

En efecto, seis de cada 10 policías municipales, junto con seis patrullas, tienen la orden de mantenerse estacionados frente a los domicilios del alcalde y de su esposa Rosa María Martínez Díaz (de la que vive separado), de escoltar al edil, de cuidar permanentemente sus negocios mercantiles y, en el colmo de la sinvergüenza, escoltar los camiones que transportan mercancías para abastecer negocios en Perote y la sierra central de Veracruz, mientras la violencia criminal cobra cada día la vida de los habitantes a los que debería cuidar y proteger. Solo el año pasado se registraron unas 200 muertes violentas.

Según la queja de algunos uniformados, mientras el alcalde y sus negocios están bien resguardados con casi 20 elementos de los 35 que hay por tuno, para el auxilio y seguridad de la población martinense sólo se destinan tres patrullas y alrededor de 8 elementos, para atender las necesidades de seguridad de 37 comunidades, casi 130 colonias y el centro de la ciudad.

El miércoles pasado, según información que los mismos policías confiaron al periodista Gilberto Viveros, los turnos estuvieron así: patrulla 038, en zona de bancos, a dos cuadras del Súper2000 de la calle Mina esquina Melchor Ocampo; patrulla 025, frente a Súper2000 de la calle Ignacio Allende; patrulla 033, escolta del presidente; patrulla 026, en casa de la presidenta del DIF, Rosa María Martínez Díaz; patrulla 037, en la casa del alcalde (Av. Ignacio de la Llave); patrulla 034, en la empresa Abarrotes del Centro, y sólo tres estaban para cualquier auxilio de la población.

Para colmo, como señalamos antes, cuando los camiones de la empresa abarrotera del alcalde tienen que salir a otros municipios de la región a repartir productos, una patrulla, la 041, con al menos dos elementos, es utilizada para escoltarlos hasta que concluyan la actividad comercial. Así es como ha venido trabajando desde que comenzó su gestión.

Ninguno de los cinco regidores, a quienes un bono económico parece haber enmudecido, principalmente el responsable de la comisión de seguridad, Kefrén Luna Gómez, de Morena, ha protestado por esta situación.

¿Los poderes del Estado no podrán hacer nada para evitar ese enorme abuso del alcalde panista en contra de la población de este próspero y atribulado municipio veracruzano?

Polvo de gis

Vecinos de Briones, hartos de violencia criminal… Este jueves, en diferentes puntos de la carretera vieja a Coatepec, grupos de habitantes salieron con pancartas a denunciar que son presas permanentes de robos, asaltos, despojos a negocios, ranchos, casas habitación, a manos de bandas de criminales con armas blancas y de fuego que, en las semanas recientes, han recurrido a la extorsión y a amenazas de secuestro. Pobladores de colonias y congregaciones de Xalapa, Coatepec y San Andrés Tlalnelhuayocan, como Briones, Plan de la Cruz, La Pitaya, Zoncuantla, Pixquiac, Mariano Escobedo, La Calera, Consolapa, Colonia Benito Juárez, Xopantla, El Guayabal, Arboledas y La Orduña manifestaron su preocupación y hartazgo por estas constantes incursiones de grupos de delincuentes, a los que la Secretaría de Seguridad Pública, que encabeza Hugo Gutiérrez Maldonado, seguramente no tiene ni en sus pobres registros, pese a que en un punto del trayecto funciona un retén policiaco que los elementos de seguridad seguramente usan solo para dormir. Enorme pendiente en materia de seguridad pública tiene el gobierno de Cuitlahuac García. Ojalá que pronto se despabile… Remuneración a agentes y subagentes municipales… De aprobarse la reforma al artículo 61 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, presentada este jueves en el Congreso local por la diputada Érika Ayala, de la bancada PRI-PVEM, pronto los agentes y subagentes municipales podrían recibir una justa remuneración del ayuntamientos por el importante trabajo que realizan en las congregaciones. La legisladora dijo que en la gran mayoría de los municipios no se realiza pago alguno a estos servidores públicos, a pesar de su relevante función y la naturaleza del cargo. Por eso, la iniciativa de decreto busca establecer la obligación de los ayuntamientos de fijar, en sus presupuestos de egresos, la retribución que corresponda a estos funcionarios públicos, auxiliares del ayuntamiento, que son elegidos popularmente. Dicha remuneración quedará a criterio de los ayuntamientos… Buscan penar en Veracruz el sexting, sextorsión o venganza pornográfica… La diputada panista Montserrat Ortega Ruiz, de las pocas legisladoras de su bancada con atinada actuación, lejos del infructuoso protagonismo de la diputada Marijose Gamboa,  presentó en el Congreso una iniciativa para reformar el Código Penal de la entidad y sancionar la violencia digital, a través de la creación del capítulo “Delitos contra la Privacidad Sexual”, con lo que Veracruz estaría a la vanguardia en estos temas. Según su propuesta de redacción, comete el delito de “violación a la intimidad sexual”, quien por cualquier medio divulgue, comparta, distribuya, publique y/o solicite imágenes, audios o videos de una persona desnuda parcial o totalmente de contenido íntimo o erótico sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima. La panista propone sancionar con prisión de cuatro a ocho años y multa de entre mil y dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de que se cometa el delito, que se perseguirá por querella. La autoridad investigadora ordenará el retiro inmediato de la publicación que se realizó sin consentimiento de la víctima, al administrador o titular de la plataforma digital, medio de comunicación o red social que las contenga… Es un comportamiento que ha cobrado una gran dimensión… Montserrat Ortega,  secretaria de la Comisión Permanente de los Derechos de la Niñez y la Familia, dijo que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al menos 9 millones de mujeres han experimentado algún tipo de violencia digital, que van desde lo físico hasta la afectación a su vida emocional, y explicó que en Veracruz, en 2018, se han detectado 45 mercados de Explotación Digital, sobre todo en plataformas como Facebook y Twitter donde se publican contenidos íntimos sin consentimiento de mujeres y menores de edad, sin restricciones. Estas publicaciones acaban en diferentes tipos de violencia digital como la ciber persecución, la sextorsión y la trata virtual de personas, sin que exista un marco jurídico que las regule

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