No entiendo este desgarramiento de vestiduras por la división de poderes y la supuesta intromisión del Ejecutivo. Me parece que, desde otra mirada, el debate actual entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo es precisamente lo que estaban pensando John Locke o Benjamin Constant, teóricos de la separación de poderes. Lo que vivimos hoy, tanto a nivel nacional como estatal, es precisamente la irrupción, refrescante y despabilante, de un nuevo ritmo en la discusión de los temas públicos, un contrapunto en la discusión democrática de los problemas públicos por parte de los poderes constitucionales.

Entiendo menos a los intelectuales liberales que toda la vida han argumentado un déficit en los pesos y contrapesos de las instituciones nacionales. No entiendo qué defienden ahora. Lo que está sucediendo en el país en este momento no va en detrimento de la libertad individual por ningún lado que se le vea. Al contrario, si se le ve con claridad, las reformas planteadas por el Ejecutivo en relación a los salarios de los servidores públicos no están en contra de un poder en particular ni de los derechos de los individuos. El diferendo está más bien en el ámbito, por un lado, de lo ético-político, y, por el otro, de una falta de parámetros o protocolos para calcular y fijar los salarios de los servidores públicos.

Me parece que todo este debate sobre las relaciones entre los tres poderes y los pesos y contra-pesos entre ellos, habría que verlos desde dos miradas en el tiempo, desde una mirada sincrónica y también desde una mirada diacrónica. Sincrónicamente podría interpretarse que con un nuevo estilo personal de gobernar el Presidente quiere usar su legitimidad popular para proponer un discurso diferente a lo que ha prevalecido en los últimos 40 años en cuanto a la función pública y a la ética que debe prevalecer en el servicio público. Y este mensaje se extendería a todos los poderes y organismos constitucionales.

Desde una mirada diacrónica, la historia de México estuvo construida desde la obediencia y disciplina a lo que el Ejecutivo quería. Venimos de una historia política autoritaria, centrada en la figura del Presidente. Algunos siguen interpretando que eso precisamente es lo que está sucediendo ahora, un regreso al presidencialismo de antes. Yo digo que es totalmente lo contrario.

Hay que decir que nuestro sistema político es un sistema presidencial, aun existiendo la división de poderes. Si queremos transitar a otro sistema, este debate actual podría abrir la puerta a ir pensando en un cambio de sistema político.

Me parece que el Presidente López Obrador está ejerciendo lo que la Constitución le permite, al igual que el Gobernador García Jiménez en Veracruz. Pero me parece también que no se trata del mismo presidencialismo que muchos ven como un renacimiento de los regímenes de la era PRI y PAN. Los contrapoderes que existen hoy en día son muchos más, más complejos, mejor distribuidos y construidos.

Desde mi punto de vista, lo que estamos viendo hoy es precisamente el producto de un sistema institucional mucho más complejo donde caben desde luego las controversias y las interpretaciones jurídicas y constitucionales que deberán dirimirse por los canales, legales, institucionales y/o políticos. Pero también hay un nuevo ritmo en el debate entre poderes, donde nadie tiene la razón absoluta, donde se debe argumentar con base en la Constitución y en la ley. Estamos siendo testigos de algo que enriquece la democracia, de un debate libre y respetuoso entre poderes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, o los tribunales superiores de justicia, son garantes de ese equilibrio constitucional. Estamos entrando a una nueva época en la discusión pública de los problemas. Me parece que debemos acostumbrarnos a ver estas diferencias y no verlas como amenazas a la democracia o como anuncios de autoritarismos.

Creo que, a estas alturas, nadie quiere un regreso al presidencialismo de antes, pero los liberales y los intelectuales orgánicos del régimen pri-pan se equivocan al comparar lo que se vive hoy día en la discusión legítima entre poderes, con un regreso a formas autoritarias. Desde luego hay un estilo personal de gobernar como decía Cossío Villegas, pero personalmente no me parece que el estilo de Andrés Manuel sea el de la era priísta. Sopesemos y analicemos bien lo que está diciendo el Presidente. Él está haciendo un llamado ético bajo una nueva concepción de lo que es el servicio público.

En el tema específico de los salarios de los servidores públicos, me parce que es hora de pensar en un mecanismo transparente, profesional y moderno, bajo el cual se calculen y establezcan los tabuladores, conforme a criterios y parámetros objetivos y claros. Quizá deba existir en la Cámara de Diputados y en coordinación con la Secretaría de Hacienda un órgano especializado para tal fin que establezca anualmente esos salarios.

Efectivamente hay cierta razón en el hecho de que si el Presidente se fija un salario de 5 pesos y se cumple lo que establece la Constitución, pues entonces todo servidor público ganaría solamente hasta 5 pesos. Concuerdo que no puede ser así, por eso este momento nos debe acercar a una conclusión obvia, se debe regular el procedimiento de fijar salarios a la burocracia y a los funcionarios de todos los órdenes y niveles con criterios e indicadores objetivos y establecidos previamente.

La segunda conclusión, mucho más rica que la primera, es que hemos entrado a un momento que nunca antes lo habíamos vivido y es el de la discrepancia abierta y pública ente los poderes. Eso es una buena noticia. Sólo así habrá una verdadera separación de poderes, pesos y contrapesos, rendición de cuentas, democracia. No perdamos de vista esta gran oportunidad.