En los próximos días veremos multiplicar los puntos de conflicto político en todo el estado. Cualquiera los atribuiría a la inexperiencia del gobierno estatal en manos de Morena y, como en el caso de la liberación de los funcionarios exduartistas, echará mano de las advertencias que hicieron en el proceso electoral pasado para convencer de no darle el voto a Cuitláhuac García Jiménez. Nada tan lejos de la realidad.

Es muy posible que varios de esos conflictos vayan a ser motivados por falta de atención de los morenistas en el poder e, incluso, por la mala selección de los funcionarios, pero que no le quepa la menor duda de que la mano interesada del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares estará prácticamente en cada una de las bombas de tiempo que vayan estallando aquí, allá y acullá, como relojito.

La primera, y muy negativa para Cuitláhuac, fue la liberación de exfuncionarios duartistas, algo que se había previsto aún antes de que abandonara Yunes el Palacio de Gobierno. Dejar sembrados al Fiscal Jorge Winckler y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, tuvo el claro propósito de hacer posible hasta los primeros días de diciembre liberaciones que ya estaban cantadas por resoluciones de tribunales federales que, hace varias semanas, habían ordenado el cambio en las medidas tutelares para que los acusados enfrentaran los juicios en libertad, lo que por cierto no les libera de las acusaciones que pesan sobre ellos.

Y esto habrá que repetirlo: no han sido declarados inocentes de las causas por las cuales se les persigue. Siguen en proceso y lo único que cambia, conforme a lo que establece la ley (y así lo han establecido jueces federales que han otorgado los respectivos amparos), es que no sea necesaria la prisión cautelar.

En este sentido son esclarecedoras las declaraciones hechas al periodista Rafael Meléndez Terán, del portal Al Calor Político, por la jueza Aleida Sosa Jiménez, quien ha desmentido a tirios y troyanos que hubiera ceñido su actuación a órdenes sea de Miguel Ángel Yunes o de Cuitláhuac García, y quien asegura que el hecho de que los exfuncionarios hayan sido liberados no significa que hayan sido absueltos. El reportero escribe: “Sobre la reciente liberación de imputados, Sosa Jiménez explicó que esto obedece a que tuvo que cumplir con las resoluciones de quejas por parte de superioridades federales, pues en caso contrario, ahora ella podría ser objeto de responsabilidades penales o administrativas”.

Las benditas redes sociales

“Se desespera el @FGE_Veracruz @AbogadoWinckler y promueve amparo en el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz además pide “suspensión” ¡!!”. Jorge Reyes Peralta @JReyesPeralta

Winckler, He-Man y Marijose se hacen pen… sativos

Esto lo saben Jorge Winckler y también lo saben, aunque se hagan pendejos, los diputados panistas Sergio Hernández Hernández y María Josefina Gamboa Torales (experta en hacerse la víctima), quienes este jueves, durante el debate de la reforma constitucional que ya dota al Congreso de facultades para remover al Fiscal General, utilizaron infundios no probados contra Morena y, en particular, contra Eric Cisneros, a quien señalaron de haber acudido al Reclusorio Norte en la Ciudad de México a dialogar con el reo Javier Duarte de Ochoa con el propósito de acordar acciones que permitieran liberar a los exfuncionarios encarcelados en Pacho Viejo, incluso uno, Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública, que sirvió a Winckler para hundir al exgobernador.

Y ya sabe, quien acusa tiene la obligación de probar. Es cierto que Yunes les enseñó a mentir públicamente porque ante cualquier postura en contrario al choleño solo le bastaba con decir que no era cierto y punto, pero lo que afirmaron los tres es grave, no es cualquier recurso discursivo, y ya Cisneros ha pedido a los diputados que le prueben lo que podría ser una falacia facilona para ganar adeptos e, incluso, ha ofrecido su cabeza en caso de que se lo demuestren.

Que utilicen mentiras tan evidentes, en lugar de servir a sus propósitos, profundiza la certeza de que todo ello forma parte de una estrategia política instrumentada por el exgobernador Yunes, a quien poco le ha interesado la suerte de los veracruzanos, como lo demostró al desviar recursos recuperados de exfuncionarios para su propio peculio, utilizar recursos públicos para adquirir en Estados Unidos una residencia de Bermúdez, mostrarles “pruebas de amor” a los indiciados en gratitud por sus testimonios en contra de Duarte armados por ellos mismos, e incluso, para desviar fuertes sumas del erario para favorecer a su primogénito en los pasados comicios.

Los diputados panistas y el propio Winckler se rasgan las vestiduras argumentando que la buscada remoción del Fiscal (exigida por diversos sectores sociales y por los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, por su interesada omisión de aplicar justicia), obedece a una intención del actual Ejecutivo de vulnerar la autonomía de la Fiscalía.

Tanto unos como el otro sangran abundantemente por las comisuras. Para nadie fue secreto (y, por cierto, ni siquiera buscaron taparle el ojo al macho) que el abogado Winckler en sus dos años en la Fiscalía solo obedeció (y lo sigue haciendo descarada y vergonzosamente) a las necesidades políticas de su jefe Miguel Ángel Yunes, quien ahora tratará de minar la actuación de su sucesor en aras de recuperar el poder que tan pingües ganancias le ha permitido tanto a él como a sus cómplices.

Panismo dividido en la Legislatura; Winckler se ampara

Lo que ocurrió el jueves en el trámite de aprobación para adicionar una fracción al artículo 33 de la Constitución local, para permitir al Congreso local no solo nombrar sino también revocar el nombramiento del Fiscal General, fue un juego de fuerza en que la bancada panista quedó en entredicho, entre otras cosas, porque dos de sus diputadas votaron a favor.

También, que aunque Jorge Winckler no se ha dado el tiempo para aplicar justicia, ese mismo día presentó demanda de amparo, a las 17:38 horas, ante el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Mixta en Xalapa, por “inconstitucionalidad de leyes” en contra del Congreso local, presentando un sobre que contiene un disco CD-R, copia certificada de la Gaceta Oficial número extraordinario 522 del 30 de diciembre de 2016, y un legajo que contiene diversas notas periodísticas en 53 fojas.

Lo que vimos en el Congreso fue un juego de artificio lanzado desde la tribuna por la diputada Marijose Gamboa, quien defendió la autonomía de la Fiscalía, que nunca invocó cuando fue el juguete de su patrón Yunes Linares, y se lanzó contra Eric Cisneros, a quien acusó de haberse reunido con Javier Duarte en el Reclusorio Norte para acordar la liberación de sus exfuncionarios, misma versión que posteriormente repitió su compañero Sergio Hernández Hernández, coordinador de una bancada panista dividida.

Pese a sus incendiarios discursos, los diputados locales aprobaron el dictamen con proyecto de decreto por el que se faculta constitucionalmente al poder legislativo con la atribución de remover al Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz. El dictamen fue presentado por la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, en voz de su presidenta la diputada Mónica Robles Barajas, y fue aprobado por más diputados de los requeridos, quedando la votación con 39 votos a favor, es decir, el 78 por ciento, frente a 11 en contra.

La diputada Mónica Robles Barajas, presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales.

Lo anecdótico es que el PAN cuenta con 13 diputados, pero solo 11 se opusieron a una medida que puede generar la salida de Winckler. Dos diputadas panistas, una por cierto con mucho mejor discurso que su coordinador de bancada y la enjundiosa Marijose, votaron en el mismo sentido positivo que sus compañeros de las bancadas de Morena, El lado correcto de la historia, PRD, PRI y PVEM. ¿Por qué votaron a favor las panistas Nora Jessica Lagunes Jáuregui, del Distrito de Huatusco, y Elizabeth Cervantes de la Cruz, plurinominal? Por el bien general de los veracruzanos, según lo expresó con voz serena y bien fundamentada la diputada Jessica Lagunes.

De esta manera, la reforma constitucional fue aprobada por diputados de todos los partidos, a excepción de 11 panistas. Contra esta clara mayoría, Jorge Winckler ha iniciado una batalla jurídica, como prometió en sus atrabiliarias declaraciones a la prensa, y vamos a ver cómo reacciona la justicia federal, ante un caso al que el Fiscal le está dedicando más tiempo que realmente a impartir justicia en Veracruz.

Por cierto, hasta el jueves sumaban al menos siete solicitudes de juicio político contra el fiscal carnal de Yunes, más los que se acumulen.

Esperemos que le sobre el tiempo para armar un expediente contra el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros, a quien ha acusado de pactar con un reo el destino de los exfuncionarios a quienes no pudo mantener en prisión.

Habrá que preguntarle: ¿El señor Jorge Winkler Ortíz, en su purismo jurídico, en su apego a la ley, en congruencia con sus actos, se presentará a declarar y exhibir pruebas documentales sobre la acusación hecha al Gobierno actual de que es culpable de liberar a exfuncionarios duartistas porque son aliados? ¿También comprobará que Morena se quiere apoderar de la Fiscalía? ¿Se apartará Winkler de las pesquisas como lo hizo Jeff Sessions en la trama rusa y permitirá que un fiscal independiente de prestigio y honorabilidad probada (como Robert Mueller, en el caso norteamericano) dé cauce a sus acusaciones e investigaciones? Para ello, en nuestro nuevo e incipiente sistema  de justicia, requiere una licencia o su renuncia, pues no debe ser juez y parte.

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