HORA LIBRE | Lince de la Peña, operador de la mafia Yunes-Winckler

No solo Jorge Winckler está en la tablita con el nuevo gobierno por actos de corrupción y enjuagues en que incurrieron como parte de las acciones emprendidas por Miguel Ángel Yunes Linares para robar a los ladrones, a cambio de una mascarada de justicia que está terminando con la libertad de los indiciados.

Ya hemos tenido constancia mediática y grabaciones subrepticias presentadas por los abogados de los detenidos, en particular del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quienes en su denuncia aparecen los nombres de Winckler, el “fiscal anticorrupción” Marcos Even Torres Zamudio (intermediario oficioso entre la pandilla yunista y los detenidos) y, para colmo, un personaje que hemos comentado en este espacio, el subdirector del Registro Público de la Propiedad, Jorge Amado Lince de la Peña, quien era el encargado de redactar los acuerdos reparatorios y era enlace entre la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General del Estado.

Lince de la Peña, con licencia como titular de la Notaría Pública 26, de Banderilla, no solo se sumó al equipo de trabajo sucio que llevaba a cabo la dupla Yunes-Winckler para hacerse de bienes inmuebles y de numerario, coaccionando a exfuncionarios duartistas bajo promesa de impunidad o de generar las condiciones para que lograran pronto la libertad, como lo muestran testimonios que lo ubican en las negociaciones con quienes fueron encarcelados.

Además, permitió que estas acciones se diluyeran en el Registro Público de la Propiedad, de lo que también es acusado su director general, Enrique Becerra Zamudio, para esconder estas transacciones y sus beneficiarios, como se habló de Winckler respecto a una casa en el Campo de Golf, que habitó durante los primeros 20 meses del mandato yunista y que, según evidencias, perteneció al extitular de la SEV, el coatepecano Adolfo Mota Hernández, contra quien sospechosamente no se activó ninguna acción penal por saqueo a las arcas públicas.

El 20 de noviembre pasado dimos cuenta de las denuncias del hoy Secretario de Gobierno, Eric Cisneros, sobre la participación de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC), cuyos directivos (Becerra y Lince) no solo estaban implicados en la ocultación de información sobre los bienes de la familia Yunes, sino también en el trasiego y encubrimiento de los datos relacionados con varias propiedades “recuperadas” fuera de norma por el propio gobernador, que no fueron entregadas al gobierno estatal.

Cisneros Burgos denunció que la Dirección General del Registro Público de la Propiedad mostraba un sospechoso entorpecimiento en la entrega de información completa de sus áreas. Tanto Enrique Becerra Zamudio como Jorge Lince de la Peña debieron estar verdaderamente entrampados en un operativo para ocultar o modificar acciones registrales que implican el traslado de bienes inmuebles de exfuncionarios corruptos hacia colaboradores y familiares del gobernador, por sí o por prestanombres.

A menos de 10 días de que dejara el gobierno, el equipo de entrega-recepción seguía forcejeando por la información en el RPPC. A pesar de ser una de las dependencias donde está lo correspondiente a las propiedades que se hicieron y recuperaron en esta administración, no se soltaba prenda.

El caso de Jorge Armando Lince de la Peña es paradigmático de quienes se entregan en cuerpo y alma a tareas de corrupción, bajo la máxima de que si quedas bien con el jefe él todo lo resolverá. Hoy no solo está en un tris de enfrentar juicio e ir a la cárcel sino hasta puede perder la titularidad de su notaría, que fue usada también por el yunismo para sus enjuagues.

A principios de noviembre, cuando los diputados de Morena de la anterior Legislatura bloquearon el acceso al Palacio Legislativo para evitar que los panistas tomaran decisiones en contra del pueblo veracruzano, como entregar bienes del Estado a los alcaldes de Veracruz y Boca del Río, causó mucho ‘sospechosismo’ que la Junta de Coordinación Política —a cargo entonces del diputado panista Sergio Hernández—, así como la Secretaría General del Congreso, se hubieran hecho de los servicios del notario público adscrito número 26, Juan Manuel Blanco Gómez, para dar fe de lo que entregarían a la actual administración del Congreso veracruzano.

La sospecha radicaba en que justamente Blanco Gómez atendía la notaría de la que es titular Jorge Armando Lince de la Peña. Era tal el descaro de los diputados del PAN en la anterior Legislatura que, para intentar controlar cualquier indicio de corrupción en el Congreso que alcanzara a Miguel Ángel Yunes, tuvieron que echar mano de uno notario que es juez y al mismo tiempo parte en la supervisión del proceso de entrega-recepción del Legislativo.

Las benditas redes sociales

“Qué tal ¡!!!! El ex gobernador de Veracruz compró propiedades que “rescató” con lana de los veracruzanos!! Simuló dar de alta en el Padrón de Sefiplan a la financiera estadounidense AV Real Estate. Ahí está el pago!!!” Víctor Hugo Arteaga @arteaga noticias

Érika Ayala lanza una alerta a Hipólito Rodríguez

Cualquiera dirá que las expresiones de la diputada priista Érika Ayala tienen como base un intento por desprestigiar al alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez. Pero el académico metido a político no necesita mucha ayuda externa para disminuir sus cada vez más medrados méritos políticos, los que en el interior mismo de su equipo de gobierno (e, incluso, en quienes ya laboran en el palacio de enfrente) han venido disminuyendo de manera vertiginosa. De carácter agrio, decisiones impulsivas y absoluta carencia de liderazgo, que se une a la labor negativa de un vocero que parece vivir en un encierro tibetano, no le falta nada para convertirse en el alcalde que peor recuerden los xalapeños.

La coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso local exhortó al ayuntamiento a transparentar el uso de los recursos públicos, que permita observar si hay o no un subejercicio presupuestal. Si lo hubiera, sea por incapacidad de la comuna para aplicar los recursos o por decisiones unilaterales del alcalde, no solo supondría la pérdida de recursos que deben regresarse al gobierno federal o al estatal, sino la disminución de partidas presupuestales para 2019.

Si Xalapa no tuviera necesidades, bienvenida la bondadosa actitud de Hipólito de buscar retornar esos recursos a los órdenes de gobierno que se los presupuesten, de manera que puedan destinarlos a municipios más necesitados. Pero Xalapa ha sido abandonada hace décadas y presenta graves rezagos en materia de servicios y obra pública. Por eso suena atinada la declaración de la priista: “Sería lamentable que por inexperiencia u omisión, la capital del estado perdiera recursos importantes que ya tendrían que haber sido aplicados para el beneficio de la ciudadanía y el desarrollo de la ciudad capital”.

La verdad es que antes del 20 de diciembre, unos 15 días más, se cierran las llaves en el flujo de recursos, y es un tiempo realmente cortísimo para hacer maldita la cosa. Tendremos que esperar el primer informe de su gobierno para saber qué hizo, porque en materia de comunicación Hipólito muestra su peor faceta. La preocupación de la diputada priista Érika Ayala creo que es compartida por muchos de los que vivimos en Xalapa.

Manuel Rosendo, ¿otro protegido de Winckler?

Este martes, el alcalde de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, señaló que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Jorge Winckler Ortiz, ha actuado con “tortuguismo” en la denuncia por daño patrimonial en contra del exalcalde Manuel Rosendo Pelayo, toda vez que hay elementos suficientes para proceder y que el mismo Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) ha sustentado.

A no ser que Chendo se haya caído también con su mochada para evitar acciones en su contra, como sucedió con varios excolaboradores de Javier Duarte, no se explica que el Fiscal General no haya actuado por el daño patrimonial que dejó Rosendo Pelayo y que afectó las arcas municipales.

Pérez Garay dijo que desde septiembre de 2017 interpuso las denuncias por la compra falsa de luminarias y leches Liconsa. “Todo está sustentado y están las evidencias, pero la Fiscalía ni tan siquiera ha citado a Manuel Rosendo Pelayo”.

Según el munícipe, el ORFIS dio el fallo por daño patrimonial en 2016 por más de 16 millones de pesos y en 2017 por 56 millones de pesos, por lo que solicitó que la Fiscalía se ponga a trabajar y haga proceder las denuncias interpuestas.

Ayer acudió a la Legislatura para pedir el respaldo que permita dar agilidad al proceso y subrayó que su administración paga, de los préstamos que dejaron al Ayuntamiento, el 75 por ciento de intereses y el 25 por ciento de abono a capital, lo cual perjudica la realización de infraestructura social.